La asamblea general de la banca oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) rechazó el sábado el preacuerdo firmado con el gobierno para renovar el convenio colectivo del sector. El 9 de abril, en una instancia similar, la propuesta no había alcanzado los votos suficientes para su aprobación. El sábado cosechó 588 votos a favor, 671 en contra y dos abstenciones. El preacuerdo, firmado el 4 de abril entre representantes del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU y del Poder Ejecutivo, y respaldado por el Consejo Central del gremio, recibió el apoyo de las listas 98 (mayoritaria, Partido Socialista y Frente Liber Seregni), 17 (Partido Comunista) y 33 (oficialista, Banco de Seguros del Estado-BSE), y fue rechazado por las listas 810 (izquierda no frenteamplista, Banco de la República-BROU), 999 (izquierda no frenteamplista-Partido de los Trabajadores, BSE), la 575 (independientes de izquierda, BROU), 1955 (afines al Movimiento de Participación Popular y Partido por la Victoria del Pueblo), 1911 (BSE) y 319 (Banco Hipotecario del Uruguay y Agencia Nacional de Vivienda). La asamblea también aprobó una serie de mociones que implican agregar demandas a la negociación con el gobierno, que deberá volver a empezar.

El informe presentado por las listas contrarias al acuerdo establece que la propuesta “se inscribe en una política del gobierno que plantea la reducción salarial y el recorte de los presupuestos estatales, en nombre del combate a la inflación y la reducción del déficit fiscal”.

Rafael Fernández, integrante del Consejo del Sector Financiero Oficial por la lista 999, dijo a la diaria que el preacuerdo “habilitaba la extensión horaria a ocho horas”, cuando actualmente se trabaja seis horas y media, con un “ajuste del salario por debajo de lo que se paga por horas extras e incluso por tiempo normal”. “A los bancos les saldría más barato extender el horario que tomar nuevo personal. Hay un proceso de reestructura en curso, se están achicando los puestos de trabajo y no se llenan las vacantes existentes”, agregó. Para Fernández este ajuste también implica un proceso de desplazamiento de diversas tareas bancarias “a sectores no bancarios”, lo que constituye “una clara tercerización”. Desde el punto de vista político, Fernández comentó que es la “segunda asamblea que rechaza el mismo acuerdo” y que “los dirigentes de la mayoría creen que la gente no entiende, pero no se trata de eso, sino de que la gente rechaza esta posición. Esto desautoriza a la actual mayoría; si tuvieran un mínimo de coherencia tendrían que dar un paso al costado”, manifestó Fernández.

Por su parte, Matías Arbizu, integrante del Consejo del Sector Financiero Oficial por la lista 575, cuestionó “la metodología utilizada por la mayoría del organismo”, que resolvió la plataforma a negociar con el gobierno sin “consultar a los trabajadores”, y afirmó que el preacuerdo “significa una reducción de los puestos de trabajo” en la banca oficial. Arbizu también criticó que el preacuerdo establecía la creación de una comisión bipartita para estudiar las inequidades existentes entre trabajadores de distintos bancos públicos; consideró que ese tipo de ámbito “sólo sirve para tirar la pelota para adelante y evitar que los temas se discutan en serio”.

Entre las mociones que se aprobaron está la de negociar el nuevo convenio en movilización, y se realizará una campaña pública para denunciar las privatizaciones.

La plataforma de las listas 319, 575, 810, 999, 1911 y 1955 propone “reivindicar las seis horas y media”, “asegurar el mantenimiento de las partidas presupuestales para el llenado anual del 100% de las vacantes generadas”, y terminar con “todo proceso tercerizador y privatizador que signifique pérdida de puestos de trabajo”, entre otros reclamos. “Estamos dispuestos a firmar un convenio colectivo que respete los acuerdos y las libertades sindicales, que nos dé salvaguardas frente a la inflación creciente, pero también que garantice los puestos de trabajo y el ingreso de nuevo personal, que mantenga la jornada de seis horas y media, que no nos ate las manos para movilizarnos contra las privatizaciones o el trabajo precario”, concluye el informe de las listas que rechazaron el preacuerdo. En declaraciones al portal de AEBU, el presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial, Gonzalo Pérez (lista 98) reconoció que “hubo una decisión clara de la asamblea” y “como no sólo se votó en contra del preacuerdo, sino que también se aprobó una plataforma nueva, lo que corresponde es trasladarla al gobierno y empezar nuevamente las conversaciones”. El dirigente advirtió que en este escenario “se debe presentar un plan de movilización por parte de los compañeros”, cuya moción fue “votada en mayoría”, lo que coloca a AEBU en “un impasse”. “De no hacer movilizaciones, no creo que el Poder Ejecutivo se mueva. Se va a analizar ya, en breve, medidas que de alguna forma acompañen este nuevo tipo de propuestas que le llevemos al gobierno. Esto va a implicar que la gente tome conciencia de que no va a ser un proceso fácil y que seguramente requerirá un grado de compromiso y de movilización profunda, a los efectos de obtener una plataforma tan ambiciosa como la que votó la asamblea”, expresó.