El diputado Óscar de los Santos es dirigente de Alianza Progresista, el sector del canciller Nin Novoa. Considera que es necesario abrir la discusión sobre otras vías de inserción internacional, teniendo presente la normativa nacional y el programa del FA.

-¿Se va a explorar la posibilidad de que Uruguay ingrese al Acuerdo Transpacífico?

-Lo que está planteado es abrir la discusión en el FA, en el marco de su programa. Eso fue lo que dijo el canciller, y está en el marco de las definiciones programáticas, que mencionó textualmente. El desafío de Uruguay es seguir insertándose en el mundo para generar nuevas oportunidades de desarrollo, de inversión y de empleo. Y en ese sentido el programa habilita a instancias de discusión de las condiciones en las cuales nos relacionamos comercialmente con otros bloques. Son temas que, en última instancia, termina de laudar el Parlamento, y la fuerza política deberá tomar su posición. El Poder Ejecutivo está obligado a hacer ese proceso de debate porque tiene que conducir el conjunto del proyecto nacional en una región deprimida y que tiene un proceso muy complejo en términos de intercambio comercial.

-¿Qué postura expuso el canciller?

-Es partidario de seguir abriendo fronteras, privilegiando la defensa del interés nacional, sabiendo que cualquier negociación no es unilateral y que nuestro destino está muy atado a la región. Yo festejo que Cuba tenga la posibilidad de abrir sus puertas y recibir más inversión, y consolidar un proyecto de desarrollo nacional, incluyendo sus políticas de educación y de salud, que son ejemplo en el mundo. Y lamento que haya bajado el precio [del petróleo] de Venezuela porque Estados Unidos era el principal comprador y después empezó a explotar el fracking. Tenemos que tener una izquierda que mire en perspectiva el desarrollo del país en los próximos 30 años.

-Tratados como el Transpacífico pueden impactar en el rol de las empresas públicas. ¿Es un tema que preocupa?

-No puede haber ningún acuerdo internacional que viole la Constitución, sobre todo cuando la izquierda defendió el rol de las empresas públicas en los plebiscitos. Y los sectores progresistas de otros partidos también, entre ellos el de Rodolfo [Nin], que estuvo a favor de la defensa de las empresas públicas cuando estaba en el Partido Nacional. Eso me da garantías cuando habla. La segunda cuestión es que cualquier cambio en esa dirección tiene que ser consultado con el pueblo, y la concepción de la izquierda en su programa tiene al rol de las empresas públicas como una palanca para el desarrollo. Uruguay tuvo una reforma que significó que la generación de energía eléctrica podía estar en manos privadas, pero se reservó el tráfico y la comercialización de la energía, por lo que tenemos el mango de la sartén. La pregunta es cómo nos podemos mover con inteligencia, para que en el marco del respeto a la Constitución, al amparo de la voluntad popular, seamos capaces de negociar sin hipotecar lo que no podemos hipotecar, porque el ciudadano ya laudó.