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Internacional | Viernes 06 • Mayo • 2016

Fora

La Justicia de Brasil alejó de su banca a Eduardo Cunha, promotor del juicio político contra Dilma Rousseff.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió ayer apartar a Eduardo Cunha de su cargo de diputado, con lo cual también deja de ser el presidente de la cámara baja. La decisión generó un cimbronazo entre los legisladores, y varios aliados de Cunha consideraron que la medida del STF implica una injerencia indebida de un poder sobre el otro. Además, prendió una luz de esperanza en el gobierno y el Partido de los Trabajadores, que pedirán que se anule el juicio político contra Dilma Rousseff.

Brasil se despertó ayer con la noticia de que Cunha había sido alejado de su cargo por un ministro del STF, Teori Zavascki, que lleva adelante la causa por la corrupción en Petrobras. La decisión fue inesperada, ya que responde a una solicitud que la Procuraduría General de la República presentó en diciembre y que no se sabía que en este momento estaba a estudio de Zavascki.

Esta primera decisión proveniente del STF generó una serie de reacciones, entre ellas la de siete partidos políticos que firmaron una carta abierta en la que critican la “decisión unilateral” de Zavascki. El texto argumenta que sólo la Cámara de Diputados puede separar a un legislador de su cargo y que el hecho de que esta decisión la haya tomado un ministro del STF “demuestra un desequilibrio institucional entre los poderes de la República”. La carta está firmada, entre otros, por Javoir Arantes, líder de la bancada del Partido Laborista Brasileño, que fue el miembro informante de la comisión especial sobre el juicio político a la presidenta en la Cámara de Diputados. También la firmó el líder de la bancada del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Leonardo Picciani. Todos los partidos firmantes respaldaron el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

“Este es el drama de los casi 200 diputados y senadores que estamos procesados por el STF”, dijo ayer Paulinho da Força, el presidente del partido Solidaridad, que pertenece a la central Força Sindical, y que es investigado por corrupción por ese tribunal. Paulinho es uno de los principales aliados de Cunha y ayer lideró una serie de reuniones entre diputados para evaluar cómo proceder ante la decisión judicial. “Estamos discutiendo qué hacer”, dijo, y agregó que una de las opciones que están evaluando es la de “no cumplir con la decisión del STF”, no sólo para defender a Cunha sino también a todos los diputados y senadores investigados por esa corte, en su mayoría por corrupción.

Si bien los aliados de Cunha se manifestaron en contra de la medida, hubo pocos pronunciamientos partidarios además de la carta abierta. En el caso del PMDB, al que pertenece Cunha, la única expresión fue la firma de Picciani de ese texto.

Corte con interna

Los medios brasileños informaron, sin aclarar cuáles eran sus fuentes, que la decisión de Zavascki estuvo motivada por una disputa entre él y el presidente del STF, Ricardo Lewandoski. El juez Zavascki es quien lleva adelante la causa de Petrobras en esa corte, y todos los pedidos de la Procuraduría llegan a su escritorio, incluido el de diciembre, que pedía que Cunha fuera alejado de su cargo porque su accionar en este estaba obstruyendo los avances de la Justicia.

El martes el partido Rede Solidaridade presentó un nuevo recurso para pedir al STF que aleje a Cunha de su cargo, pero con otro argumento. Planteó que si Rousseff es separada de la presidencia, en su lugar quedaría el vicepresidente, Michel Temer, y Cunha se convertiría en el primero en la línea sucesoria, por lo que podría, eventualmente, asumir ese cargo. Por eso el partido pidió al STF que se pronuncie sobre si es constitucional que Cunha asuma la presidencia cuando es considerado reo (una instancia judicial que es posterior a la investigación preliminar y previa a la acusación) en el caso Petrobras.

Con castigo

El Tribunal Regional Electoral de San Pablo informó ayer que el vicepresidente Michel Temer cometió un delito electoral y que, como consecuencia, queda inhabilitado para presentarse a elecciones durante ocho años. En las elecciones de 2014 Temer donó 100.000 reales a dos candidatos a diputado de su partido, y superó el máximo que puede donar cada persona en un período electoral. Si Temer quisiera presentarse a un cargo electivo en las próximas elecciones, podría apelar esa decisión ante el Supremo Tribu- nal Electoral.

Este pedido fue adjudicado por sorteo a otro ministro del STF, Marco Aurélio Mello, que lo puso en la agenda para ayer, pese a que Zavascki había solicitado que se reunieran ambos pedidos para tratarlos en conjunto. De acuerdo con el diario Folha de São Paulo, Zavascki se “enfureció” y resolvió emitir en solitario una medida cautelar que dispuso el apartamiento de Cunha de su cargo de diputado, tomando como base los argumentos que había presentado la Procuraduría en diciembre.

En la tarde, la decisión se sometió a la votación de los integrantes del tribunal, que la aprobaron por unanimidad. Al argumentar sus votos, los magistrados hicieron hincapié en que este es un caso “excepcional” y que no se trata de una injerencia en la Cámara de Diputados.

Cunha dijo que estaba “sorprendido” y en estado de shock por la decisión, insistió en que se trata de una injerencia del Poder Judicial en la Cámara de Diputados y aseguró que no renunciará a su cargo y que recurrirá ante el STF.

En declaraciones a periodistas, varios magistrados no descartaron la posibilidad de debatir, más adelante, si Cunha debe quedar bajo régimen de prisión preventiva por los obstáculos que podría crear a la investigación judicial incluso estando fuera del cargo.

Lo que no se trató en la sesión de ayer, y se desconoce cuándo será abordado, es el pedido de Rede Sustentabilidade. Este, además de solicitar la separación del cargo de Cunha, pide que se anulen las acciones de quien haya ocupado un cargo sin que le correspondiera.

Retroactivo

Este último punto se convirtió ayer en un argumento para el gobierno y quienes respaldan a Rousseff: si Cunha debía ser separado del cargo en diciembre, por el pedido de la Procuraduría, o en marzo, cuando se convirtió en reo, entonces debería anularse la votación en la que se aprobó el juicio político contra Rousseff, ya que esa sesión fue presidida por él.

Así lo planteó ayer el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, cuando compareció ante la comisión especial sobre el juicio político en el Senado para dar el punto de vista de la defensa de la presidenta. Cardozo reiteró el argumento de que no se ha comprobado que Rousseff haya cometido un delito de responsabilidad (el único tipo de delito que habilita este proceso) ni que haya actuado de mala fe, pero además preguntó a los senadores si van a hacer “la vista gorda” acerca de cómo afecta al juicio político la separación de Cunha del cargo. Además, por primera vez, Cardozo amenazó con recurrir a “foros internacionales” para denunciar que el proceso contra Rousseff es ilegítimo.

Después de comparecer ante la comisión, Cardozo dijo que presentará un nuevo recurso ante el STF para pedir la anulación del juicio político, porque comenzó cuando Cunha hizo lugar a un pedido al respecto. “La decisión del STF es una prueba muy importante de que él utilizaba su cargo con fines extraños al interés público, como pasó en el caso del juicio político”, dijo. Por su parte, los diputados del PT Maria do Rosário y Paulo Pimenta pedirán al STF que se anule la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó el pedido de juicio político.

“Más vale tarde que nunca”, dijo ayer la presidenta sobre el alejamiento de Cunha de su cargo. Rousseff agregó que “lo único” que lamenta es que “el caradura” haya conseguido presidir “el lamentable proceso [de juicio político] en la Cámara” de Diputados.

Las consecuencias de la separación del cargo de Cunha continuaban ayer, y no era claro si esto jugará a favor o en contra del proceso contra Rousseff y de un eventual gobierno de Temer, aunque sí brindó al oficialismo un elemento más para recurrir el proceso de juicio político.

Otra de las alternativas que evalúa el PT es que la propia Rousseff apoye un proyecto de ley de varios senadores del partido que insta a convocar elecciones presidenciales junto a las municipales, que serán el 2 de octubre.

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