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Nacional | Martes 10 • Mayo • 2016

Independientes

Defensores públicos presentaron anteproyecto para ser servicio descentralizado.

No querían que saliera así, de repente, a la opinión pública, pero se dio a conocer porque ayer, en la presentación del informe anual de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mirtha Guianze anunció lo que pensó que ya se sabía: que la Asociación de Defensores Públicos (ADP) envió el jueves a la Suprema Corte de Justicia, a la INDDHH y a Presidencia de la República (de donde aún espera respuesta) un anteproyecto de ley para constituir como servicio descentralizado, al igual que la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría Pública.

La presidenta de la ADP, Adriana Berezán, sostuvo que la propuesta surgió a raíz de la necesidad de reivindicar los derechos de las personas que son acusadas. “Tenemos la concepción de que el que cometió un delito no tiene derechos”, cuestión que, asegura, se “olvidó” en la discusión sobre el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Señala, por ejemplo, que la SCJ no capacitó ni instruyó a los defensores sobre su aplicación, y es algo “extremadamente urgente”. En ese sentido, aseguró que “lo único que nos puede salvar de la debacle es la experiencia de los defensores, que conocen el derecho sustantivo”, afirmó.

Guianze señaló que aunque el nuevo CPP prevé un juzgamiento en “plazos razonables”, “preocupa” la defensa, porque “hace hincapié en que la Fiscalía investigue de forma rápida y eficaz y sea diligente para meter gente presa enseguida”, pero “no están dadas las igualdades de condiciones y recursos” para que la Defensoría esté en “igualdad de armas”: “No hay suficientes defensores ni la víctima tiene los derechos que tendría que tener”, por ejemplo, el derecho a apelar la resolución judicial, sostuvo. Berezán señaló que entre 85% y 90% de la defensa está a cargo de los defensores de oficio; “hoy, por ejemplo, tengo cerca de 300 expedientes, y cuando digo expedientes, en realidad digo personas”, un número que imposibilita un trabajo “aunque sea mínimamente personal”, señaló. “Hemos apostado al volumen y no a la calidad, lo que va en desmedro de la calidad profesional y conduce al agotamiento”, sostuvo.

El anteproyecto prevé trasladar todo el Escalafón VII del Poder Judicial (Defensa Pública) al nuevo servicio, que contará con un director y un subdirector designados por el Poder Ejecutivo y necesitará sanción del Senado para su aprobación, y que podrá estar en funciones durante cinco años, con la posibilidad de una reelección. El director y su equipo serán los encargados de elaborar la ley orgánica que los regirá y de generar políticas de defensa pública.

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