Con los 50 votos del Frente Amplio, la Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, nombrado en el proyecto original Sistema Nacional de Competitividad. Si bien la iniciativa fue del Poder Ejecutivo, el articulado fue modificado por la bancada del Frente Amplio (FA). Este fue uno de los aspectos cuestionados por la oposición ayer, en particular por el diputado del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini (Alianza Nacional), quien expresó que la propuesta acordada en la bancada oficialista “empeoró” la del Poder Ejecutivo.

El legislador blanco también criticó “el diseño de modelo que se ha elegido”, compartiendo que “para crear un sistema hay que generar transversalidad”, pero en este caso “se crea un superaparato burocrático”. “Es el modelo de estado de asamblea, todos metidos en la misma bolsa sin liderazgo. No hay sistema que funcione sin liderazgo. Esto de generar un gabinete horizontal está destinado al fracaso. No vamos a acompañar este proyecto que no dará los resultados esperados”, opinó Gandini.

El proyecto crea el sistema con el fin de “promover el desarrollo económico productivo e innovador, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial”, impulsando “un proceso de transformación productiva orientado a la expansión de actividades innovadoras” con más valor agregado y contenidos tecnológicos nacionales. También se menciona el objetivo de promover actividades que generen “capacidades locales”, apoyando el desarrollo de nuevas actividades y emprendimientos que favorezcan “nuevas formas de propiedad y economía social” y generando “condiciones para la mejora de la competitividad sistémica”.

El miembro informante en mayoría de la Comisión de Hacienda, el diputado del FA Gonzalo Civila (Partido Socialista), dijo que “la construcción” que hay que llevar adelante “es deliberada”, tiene que “ejecutarse sobre un adecuado diagnóstico de la realidad, pero sin resignarse a ella”. “Hay que generar cambios profundos que nos permitan mejorar la vida de la gente”, agregó.

El proyecto establece que el sistema estará integrado por el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad y una secretaría, un consejos consultivo, dos agencias, cuatro institutos, entre otros organismos. Tiene como cometidos proponer al Poder Ejecutivo objetivos, políticas y estrategias de acción en relación con el “desarrollo económico productivo” y la mejora de la competitividad, y diseñar los programas, instrumentos y actividades para ello y seguir y evaluar las acciones de los integrantes del sistema.

Uno de los aspectos más discutidos fue el concepto de competitividad que, para el frenteamplista Diego Reyes (Movimiento de Participación Popular), es “el conjunto de factores, políticas e instituciones que influyen en la productividad de un país”, destacando que competitividad “no es rebaja salarial”. El blanco Gastón Cossia dijo que competitividad es “educación, educación, educación” y que la educación “es el gran ausente” en el proyecto. Cossia criticó también que una iniciativa tan importante no contenga acuerdos que “trasciendan a la fuerza política de gobierno” y se convierta en una política de Estado que vaya más allá “de los gobiernos de turno”. Además, advirtió sobre los impactos de la iniciativa sobre “la academia universitaria” y las instituciones de investigación vinculadas, y sobre el peligro de los “los nuevos CEO, gerenciadores de la política pública, autónomos, a los que no se les llega por ningún lado y que ejercen un nuevo poder en la ciencia y la tecnología del país”. El diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez (Espacio Abierto) también manifestó su voto contrario al proyecto.

La diputada del FA Lilián Galán (MPP), que forma parte de la Comisión de Hacienda, donde se tramitó y aprobó por mayoría el proyecto, salió al cruce de Cossia acerca de sus críticas sobre el rol de la academia y aclaró que se dijo expresamente en la comisión que “los procesos de innovación están relacionados con los temas de producción e investigación” y que se recibieron informes al respecto del rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, y de diversos académicos.

Por su parte, el frenteamplista Oscar de los Santos (Alianza Progresista) reclamó cambios en cómo encarar el tratamiento de determinadas leyes y criticó a los partidos tradicionales, pero también “a la izquierda”, por hablar mucho sobre la búsqueda de acuerdos y terminar siempre votando los proyectos de la misma manera. “No sé si el problema es el contenido de las leyes o si el Estado se organiza de otra manera, que no se pueden aprobar nunca las leyes. Tenemos que romper viejos estancos, donde cada uno se siente dueño de una parcela, algo que a la izquierda también le cuesta”, agregó.