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Nacional | Lunes 16 • Mayo • 2016

Rodolfo Nin Novoa. Foto: Pablo Vignali (archivo, abril de 2016)

Interpretación abierta

Gobierno uruguayo aún no se contactó con el presidente interino de Brasil ni emitió comunicado oficial sobre suspensión de Rousseff.

A diferencia de los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Venezuela, que emitieron pronunciamientos oficiales un día después de la decisión del Senado de Brasil que habilitó el inicio del juicio político contra Dilma Rousseff y la separación del cargo de la presidenta por 180 días, el gobierno uruguayo continúa oficialmente en silencio. Las únicas declaraciones públicas de un vocero del gobierno uruguayo al respecto fueron las del canciller, Rodolfo Nin Novoa, el viernes. A mediados de abril, en un comunicado oficial, el gobierno uruguayo había expresado su “preocupación” por la situación en Brasil y había destacado el hecho de que Rousseff fue electa por 54 millones de brasileños.

El viernes, Nin Novoa declaró que lo sucedido “está dentro de los márgenes constitucionales”, echando por tierra la posibilidad de que el gobierno uruguayo adopte una postura similar a la de algunos países de la región, como Bolivia o Venezuela, que calificaron la situación de “golpe de Estado” -con el agregado, en el caso de Venezuela, de un llamado a consultas del embajador en Brasilia-, así como la posibilidad de que Uruguay solicite la activación de la cláusula democrática del Mercosur.

“Que siga el impeachment y que resuelvan los brasileños”, fue la declaración de Nin, más en línea con los pronunciamientos de Chile y Paraguay, que han llamado a la no injerencia en los asuntos internos de Brasil. El canciller uruguayo dijo también que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) no se pronunciará sobre el tema porque no hay consenso entres los países. Consultado sobre si se comunicó con el nuevo gobierno de Brasil, respondió: “Estamos esperando que nos llamen”. Nin dijo en la noche de ayer a la diaria que nadie del nuevo gobierno de Brasil se comunicó con la cancillería uruguaya hasta el momento.

Sobre las eventuales consecuencias que tendrá la situación en Brasil para Uruguay, el canciller evaluó el viernes que “cualquier crisis económica o política siempre tiene un impacto sobre los países vecinos, pero este mes pasado, por ejemplo, Brasil fue nuestro principal comprador de bienes, superando a China”. “De cualquier manera, a mí lo que me interesa es la continuidad de las políticas comunes que tenemos, sobre todo, en estos momentos, respecto de la Unión Europea, y me parece que esto no va a alterar el trámite de la negociación que tenemos con Europa”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, en referencia al acuerdo de libre comercio que negocia el Mercosur con el bloque europeo.

En cambio, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) sí utilizó el término “golpe de Estado parlamentario” para referirse a la decisión del Senado de Brasil de dar inicio al juicio político contra Rousseff. “Utilizar el mecanismo de juicio político (o impeachment), instrumento jurídico previsto en muchas constituciones, sin fundamento jurídico, respeta las formas pero no el contenido de la disposición constitucional, por lo cual violenta la voluntad ciudadana y la propia norma constitucional, y nos permite hablar de Golpe de Estado parlamentario, dado que se somete a juicio político a una presidenta sobre la cual no pesa ninguna acusación por actos de corrupción, ni ningún crimen de responsabilidad”, declaró el organismo de conducción del FA.

La declaración de la coalición agregó que un gobierno “como el instalado en Brasil sólo profundizará la inestabilidad política y económica a nivel regional, con consecuencias que repercutirán en la región y en nuestro país”, y expresó su solidaridad con Rousseff, con el Partido de los Trabajadores y con el pueblo brasileño.

El sábado, el sector frenteamplista Casa Grande expresó su “rechazo al golpe” y lamentó “la falta del necesario consenso para condenar con toda la claridad y energía una situación tan grave”, reconociendo que existen “posiciones divergentes” en la interna del FA. “Esperamos que nuestro gobierno exprese la misma preocupación por la ruptura del orden democrático en Brasil que ha expresado el FA”, manifestó. “Los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil han defendido la democracia en Paraguay, Ecuador, Bolivia, Honduras y Venezuela, y ahora necesitan que los defendamos”, agregó.

Para el senador del FA Marcos Otheguy (lista 711), integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, “una cosa es el FA y otra el gobierno, tienen responsabilidades diferentes”. Señaló que el gobierno uruguayo ya expresó su respaldo a Rousseff pero no debería adoptar la postura de no reconocer al gobierno de Michel Temer.

La senadora socialista Mónica Xavier remarcó que “lo importante” es que el FA ya se expresó. “El gobierno está siguiendo atentamente la situación y sabrá en qué momento se pronuncia, aunque el silencio ya es un pronunciamiento”, declaró.

Cuando la Cámara de Diputados de Brasil discutió el impeachment, a mediados de abril, el senador Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609) y el diputado Daniel Caggiani (MPP) opinaron que Uruguay debería pedir la activación de la cláusula democrática del Mercosur para suspender a Brasil. En cancillería descartaron de plano esa opción, y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, también rechazó esa posibilidad.

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