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Nacional | Lunes 09 • Mayo • 2016

Centro Tiburcio Cachón. Foto: Santiago Mazzarovich (archivo, marzo de 2016)

La Justicia ciega

Tribunal de lo Contencioso Administrativo decidirá sobre el traslado del centro Tiburcio Cachón, al que los usuarios se oponen.

Desde fines de abril, los usuarios del centro de rehabilitación para personas ciegas y con baja visión Tiburcio Cachón están ocupando el local. El desencadenante fue la decisión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de trasladar el centro desde su ubicación actual, en Brazo Oriental, al predio del Instituto Nacional de Ciegos General Artigas (que también está en la órbita del Programa Nacional de Discapacidad del ministerio), en Camino Maldonado. Para los 40 usuarios, los ex usuarios y sus familiares, moverse a la periferia implica abandonar el barrio que están acostumbrados a recorrer como parte del proceso de rehabilitación, por lo que reclaman al Mides que suspenda el traslado hasta que haya garantías sobre las condiciones de accesibilidad del nuevo edificio. En un comunicado que difundieron el viernes, varias organizaciones civiles -Asociación Cultural Social Uruguaya de Ciegos, Asociación de Sordos Ciegos del Uruguay, Fundación de Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia y Unión Nacional de Ciegos del Uruguay- piden también que el ministerio abra el diálogo con los protagonistas para llevar adelante el proceso.

“No hay vereda para transitar sin peligro. A esa altura, Camino Maldonado es prácticamente una ruta”, dijo a la diaria Mabel Landoni, vocera de los usuarios del centro, que visitó el edificio al que se pretende trasladarlo y encontró varios problemas: la parada de ómnibus está “llena de barro y piedras”, los pasamanos están rotos, algunas escaleras están “derruidas” y hay zonas inundadas.

El principal motivo del traslado, fundamenta el Mides, es el alquiler elevado que exigen los propietarios del predio donde funciona hoy el Tiburcio Cachón: 140.000 pesos. Mover el centro al predio que ya está en manos del Estado implicaría un ahorro de recursos que se destinarían a abrir centros nuevos para ciegos en otros puntos del país.

Gregorio Fernández, un usuario del Tiburcio Cachón, había sumado a la ocupación una huelga de hambre, que levantó el sábado 30 a partir de una llamada de la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, que le prometió una instancia de diálogo para el martes 3. Olivera también pidió que levantaran la ocupación, pero se negaron porque el lugar de la cita era un “local político” y no del Mides, cuenta Mabel. Olivera visitará hoy la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado para hablar sobre el traslado, a pedido de la legisladora blanca Carol Aviaga. El jueves los usuarios presentaron, en paralelo, un recurso de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y mañana irán al juzgado a declarar.

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