La familia de Ignacio, el joven lesionado en el tiroteo en el Marconi que está internado en el CTI del Hospital Italiano, planea demandar al Estado. Hasta la noche de ayer el joven se encontraba estable, pero perdió un ojo. Según declaró su madre ayer a Montevideo Portal, la moto en la que viajaba cuando recibió un disparo en la cara no era robada; no tenía chapa porque acababa de ser reparada. La familia asegura tener los papeles que lo prueban, incluida la libreta, y que ninguno de los dos jóvenes llevaba armas. A falta de pruebas, el muchacho quedó liberado y el expediente está en etapa de presumario, por decisión del juez de adolescentes Alejandro Guido.
Sin embargo, el juez en lo Penal Ricardo Miguez, que está a cargo del caso de la rapiña, asegura que la pericia de la Policía Científica informa que los números de la moto habían sido “remarcados”: “Por ejemplo, un seis puede haber sido transformado en ocho”, explica. En base al número que había debajo, determinó que la moto no era la que la Policía estaba buscando esa mañana, pero sí había sido rapiñada el 14 de mayo a un hombre, que vive en Colonia y aún no pudo ir al juzgado a identificarla. El juez afirma que la familia no presentó los documentos y que él mismo encontró un arma cuando fue al lugar. “El arma estaba lejos de los cuerpos y sobre el cordón de la vereda, lo que me llamó la atención; en los medios la gente maneja que se la pudieron haber colocado, pero si yo le quiero colocar un arma a alguien se la dejo al lado. El policía que efectuó el disparo declaró que se acercó al cuerpo y que le pareció que el menor estaba inconsciente, entonces pateó el arma tres veces. El lugar donde quedó coincide con la ubicación que arrojó la reconstrucción del hecho”, dijo Miguez, que no descarta tomarle declaración al joven que sobrevivió.
Natalia Freitas, la abogada defensora de las familias de los dos jóvenes, declaró ayer a Canal 10 que hubo irregularidades en el procedimiento, porque se le tomaron declaraciones a Ignacio en el hospital sin intervenciones de Guido. El juez, según denuncia la abogada, fue enterado de que el joven estaba en el hospital, incomunicado y esposado, el sábado a las 15.30, más de 24 horas después del hecho, un plazo mayor al máximo de dos horas que establece la Ley de Procedimiento Policial. Freitas asegura que en la comisaría le dijeron que la demora fue a causa de “un error involuntario”.
Tenemos que hablar
El Municipio D había convocado a algunas instituciones que trabajan en el barrio para ayer a las 18.00, y la concurrencia fue mayor que la esperada: según cuenta Sandra Nedov, alcaldesa del Municipio D (que incluye a Marconi), asistieron unas 100 personas entre vecinos y delegados de los centros CAIF, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, algunas ONG que operan en la zona y los ministerios del Interior, Desarrollo Social y Salud Pública. Se conformó una mesa de trabajo sobre los servicios que se cortaron: la Asociación de Maestros de Montevideo y los funcionarios de Salud Pública harán paro todo el día de hoy, lo que implica que la policlínica permanecerá cerrada. “Que la gente haya participado masivamente, más allá de que no haya sido convocada, es positivo”, valoró la alcaldesa, que convocará otra reunión para la semana que viene.
Jorge Acosta, secretario general de la Asociación de Trabajadores de Cooperativas de Transporte, fue a la reunión, que se extendió hasta la noche. Según dijo a la diaria, la idea que se maneja es que la línea 405 de COETC, la única que ingresaba al barrio y que dejó de hacerlo desde el sábado, no se reintegre del todo pero extienda el recorrido a la avenida Aparicio Saravia entre hoy y mañana. “Estamos coordinando con la Policía qué medidas de seguridad puede haber”, dijo el sindicalista.
Ayer, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló sobre el conflicto. Negó que se esté estigmatizando al barrio Marconi al aumentar la presencia policial. “Lo que se trata de dar son garantías para que los trabajadores del Estado, del transporte y todos los trabajadores puedan atender, abastecer, intercambiar con los vecinos que trabajan, estudian y viven tranquilamente la vida, que son la inmensa mayoría de los que allí viven”, sostuvo el ministro al término del Consejo de Ministros.
Por otra parte, Bonomi informó que desde el 1º de enero las rapiñas bajaron 40% en la zona y desde el 11 de abril lo hicieron 60%, y consideró que lo sucedido el viernes es una muestra de que hay quienes “tratan de desestabilizar esa situación”. “Hoy más que nunca ha aumentado la presencia del Estado” en la zona, remarcó, y afirmó que la Guardia Republicana “controló la situación”. La ministra interina de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró que los centros educativos y de salud de la zona permanecerán abiertos, independientemente de las medidas que adopten los trabajadores.