“Creo que es hora de que nos pongamos a la altura de nuestros ciudadanos y de nuestras obligaciones democráticas”, dijo Bachelet ante el Congreso chileno en su penúltima Cuenta Pública a la Nación, el balance que se presenta todos los 21 de mayo. Momentos antes, había recordado que en el último año “la ciudadanía ha conocido hechos graves”, en referencia a los varios escándalos de corrupción que surgieron en Chile. “No podemos minimizarlos con la excusa de que todos lo hacían. La Justicia debe hacer su trabajo, pero tenemos el deber de actuar para crear nuevas reglas de juego”, agregó.
Bachelet destacó las reformas que se han llevado adelante en el último año para evitar nuevos casos de corrupción. La mayoría de estos escándalos consistían en maniobras de financiamiento irregular de partidos políticos, pero además sirvieron para revelar los estrechos vínculos entre la política y los negocios en el país. “Ya son realidad leyes y reglas administrativas que apuntan al corazón de las malas prácticas”, celebró la presidenta antes de agregar: “Nuestras iniciativas contra la corrupción no son palabras al viento; esto va en serio”.
Su gobierno impulsó varias leyes -las últimas aprobadas en abril- que reducen el monto máximo del gasto para las campañas políticas, establecen un financiamiento estatal, prohíben los aportes de empresas o personas jurídicas y penan con la pérdida de la banca en el Congreso a quienes cometan infracciones graves a la ley electoral. “Hemos hecho más fuerte nuestra democracia eliminando el poder del dinero en las decisiones políticas”, destacó Bachelet.
Además, la presidenta convocó a establecer un “pacto” para el crecimiento económico de Chile, porque “de eso depende que haya más y mejores empleos”. La economía del país siente el efecto de la caída de los precios del cobre, pero los retos que enfrenta “son más profundos” y hacen necesaria una modernización de la economía. Por eso es necesario hacer “mejoras en la productividad” e impulsar la innovación y la infraestructura.
“Continuaremos con las propuestas pendientes, menos numerosas, que hacen posible completar los cambios comprometidos. Hay también iniciativas que debemos reprogramar porque tenemos que considerar la restricción de recursos o la necesidad de formar acuerdos amplios”, dijo Bachelet. “Sin complementariedad entre el Estado y el sector privado, sin lazos de confianza entre empresarios, trabajadores y comunidades, todo esfuerzo será en vano”, agregó.
Otro tema presente en el discurso de la presidenta fue la educación. Destacó la reforma impulsada por su gobierno y anunció que en junio va a enviar al Congreso un proyecto de ley de educación terciaria que fijará “las reglas permanentes de la gratuidad y la manera en que aumentará la cobertura”.
Mientras la presidenta hablaba ante los parlamentarios, decenas de movimientos sociales habían convocado una movilización contra el gobierno en Valparaíso. La mayor parte de la protesta se desarrolló en forma pacífica, pero en un momento un grupo de manifestantes encapuchados lanzó un cóctel molotov al edificio de la Municipalidad de Valparaíso y causó un incendio. Dentro del edificio había un guardia de seguridad, Eduardo Lara, de 55 años, quien, aunque fue rescatado por los bomberos, murió por asfixia.
En Twitter, Bachelet manifestó su “más profundo pesar” por esta muerte y condenó la violencia “de quienes no respetan la democracia”. Por su parte, la diputada oficialista Camila Vallejo, que fue dirigente estudiantil durante el anterior gobierno, pidió que no se criminalice a los movimientos sociales por la actuación de un grupo de encapuchados.