Hay más de una versión sobre los motivos por los que Leda Sánchez abandonó la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), lugar que ayer pasó a ocupar Néstor Campal, que se desempeñaba como director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo. Sánchez dijo que abandonó el cargo por motivos “estrictamente personales” pero, según publicó ayer Búsqueda, una de las razones de fondo sería un desacuerdo con la ministra, Carolina Cosse, sobre la exoneración de un pago a la empresa Orosur.

De capitales canadienses y con base en Chile, la empresa tiene minas en Florida y Rivera, de las que extrae oro desde 2003, con un promedio de una tonelada y media de producción por año. Los comunicados de prensa de la minera hablan de 3.100.000 dólares de ganancia neta en este primer cuatrimestre de 2016, un número que la empresa afirma haber alcanzado tras una “reestructura de gastos”. El año pasado, Orosur solicitó al gobierno uruguayo que no les cobrara parte del canon que establece el Código de Minería, y en diciembre de 2015, el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que exoneraba a la firma del pago (3% de la producción, que equivale a 2.500.000 dólares). Según el artículo 74 del Código, el Estado puede aplicar esas exoneraciones dentro de los primeros diez años de actividad de la empresa por “razones de interés general”, y el decreto del año pasado reconoce los motivos que la compañía presentó: generación de empleo calificado, mejora de la competitividad, diversificación de la matriz productiva del país, “exportaciones de un producto que contiene 99% de su valor agregado generado en Uruguay” y aporte a rentas generales.

“Son nuevos hechos inquietantes en la minería uruguaya”, dice un comunicado que Uruguay Libre de Megaminería difundió ayer, que también vincula el conflicto por el pago del canon con la partida de Sánchez. “La exoneración del único impuesto a la extracción de metal significa que la minera se lo lleva gratis y gana encima, dejando los daños ambientales a cargo de nuestra sociedad”, sigue el texto.

“La ministra Cosse actuó de manera ilegal”, dijo en diálogo con la diaria el integrante de la organización Raúl Viñas, que entiende que el gobierno no sólo dispuso una exoneración fuera del plazo que establece la ley, sino que también hay inexactitudes sobre cuándo comenzó a operar la empresa: según datos que obtuvo de la Dirección Nacional de Aduanas, Minera San Gregorio, una sociedad anónima que pertenece a Orosur, ya estaba en actividad en marzo de 2000, cuando exportó 110 kilos de oro a Reino Unido.

Orosur había anunciado que el proyecto peligraba por su baja rentabilidad, consecuencia de la baja en el precio internacional de la onza de oro, que ayer cerraba en 1.276 dólares, una recuperación respecto de diciembre de 2015, cuando se registró un pozo de 1.046 dólares. Uruguay Libre afirma que con los precios actuales la empresa es “más que rentable”, más después de haber enviado a 200 de sus 400 empleados al seguro de paro.

El comunicado cierra con reclamos sobre un pedido de acceso a la información que la organización inició hace un año y medio. Uruguay Libre pretendía acceder a datos sobre los yacimientos de hierro de Valentines que Aratirí pretendía explotar, pero el MIEM y la empresa se negaron, con el fundamento de la reserva comercial. Además, según dijo Viñas a la diaria, el Estado tiene prioridad para comprarle a Aratirí la información; el plazo vencería el 22 de mayo. Según Viñas, los datos no cuentan con la aprobación de un técnico, por lo que no tendrían valor. Comprarlos o no será una de las primeras decisiones de Campal al frente de la Dinamige.