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Nacional | Martes 10 • Mayo • 2016

Mirtha Guianze. Foto: Federico Gutiérrez (archivo, junio de 2015)

No vamos bien

Informe de INDDHH indica que aumentaron las denuncias contra el MI, que sigue siendo el más denunciado.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó ayer su informe anual a la Asamblea General. Al igual que en años anteriores, en 2015 el Ministerio del Interior (MI) fue el organismo más denunciado por presuntas violaciones de los Derechos Humanos. En cifras, más de la cuarta parte de las denuncias le conciernen. Respecto de los derechos más vulnerados, 14,6% refiere a daños a la integridad personal (física, psíquica, moral), 13,4% al trabajo, 8,6% a la niñez y adolescencia; esta proporción se mantiene igual respecto de otros años.

La INDDHH emitió 83 resoluciones; 22% fueron con recomendaciones, de las que sólo 11% se cumplieron y 39% no, cuestión que “preocupa”. Los datos de 2015 también indican un menor porcentaje de denuncias resueltas si se comparan con 2014: 22,4%, contra 51,7% del año anterior; 75% están en trámite, y sobre el 2,6% restante “no hay datos”.

A su vez, aumentaron las denuncias contra el MI, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En orden descendente, pero lejos del 28,7% que incumbe al MI, siguen el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Poder Judicial (PJ), el MGAP, ASSE y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Todos estos organismos aparecen de manera reiterada en los informes anuales, y en 2015 representaron 30,6% de las denuncias. En total, la INDDHH tuvo 568 casos en 2015, de los que sólo 152 fueron denuncias: bajó el número de denuncias y subió el de asesoramientos y consultas. Respecto de estas últimas, las que refieren al MI también ocupan el primer puesto, con 16,5%, pero las referentes al PJ, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Banco de Previsión Social (que representan 15%, 13,1% y 10,2%, respectivamente) conforman un segundo grupo, que difiere en cuanto al orden de importancia de las denuncias. Se destaca que del total de consultas, 12% refirieron a personas privadas de libertad.

Quienes más denunciaron fueron las personas físicas individuales (71%); las organizaciones representaron 18%. El 58,5% de las denuciantes fueron mujeres y 5%, personas trans -lo que, aunque la cifra es pequeña, representa un leve aumento respecto de años anteriores-. También se constató un aumento en las denuncias que provienen del interior del país, que llegaron a 44%.

Tortura en el encierro

El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP) del INDDHH constató que en las cárceles de adolescentes “se siguen produciendo situaciones que potencialmente pueden ser generadoras de abuso y malos tratos”. En ese sentido, confirmaron 26 situaciones de malos tratos durante el año: tres el 24 de julio en el Ceprili, 18 en el traslado del centro Burgues durante la noche del 22 y la madrugada del 23 de agosto, y cinco en el ex Centro Ser, actual CMD-1, durante una de las intervenciones del Grupo de Estrategia y Contención (Greco), que se encarga de la represión en las cárceles del Sirpa. Respecto de este último episodio, ocurrido el 8 de diciembre, la Comisión Delegada del Sirpa, integrada por Gabriela Fulco y Eduardo Katz, contestó a la MNP, por escrito, asegurando que la actuación del Greco se “ajusta a las reglamentaciones y normativas vigentes”; que “es común que los adolescentes realicen denuncias contra la imagen de quienes participan en procedimientos de seguridad”, y “que este tipo de prácticas está controlada por el propio procedimiento, como por el grado de compromiso y responsabilidad de cada uno de los funcionarios que integran el área de seguridad”. El MNP considera que “la respuesta minimiza considerablemente las posibles denuncias que puedan realizar tanto los adolescentes como sus familiares, al partir de la premisa de que los funcionarios cumplen su función y los adolescentes mienten e inventan denuncias para menoscabar la operatividad y eficiencia del personal”. Además, señalan que este hecho contradice directamente los anuncios realizados por la Comisión Delegada en cuanto a la “recepción e investigación de las denuncias que pudieran hacer los adolescentes y la forma de preservar su integridad y anonimato, como forma de velar por la protección de los derechos humanos de los detenidos”.

Agresor

La INDDHH hace hincapié en que en los centros de reclusión la violencia no sólo se manifiesta en la agresión entre personas, sino que otra de las formas “más comunes” son las autoagresiones. Explican que “quienes se sienten amenazados ven en la autoagresión una posibilidad de escape de la violencia que sufren, el descuido o las condiciones en las que deben vivir”. Al respecto, señalan que en el Sirpa estas situaciones “son tratadas generalmente como intentos de manipulación por parte de los adolescentes, o bien como un problema psiquiátrico, sin tener en cuenta nunca el detonante que realmente contribuyó a deteriorar la salud mental y aumentar el riesgo de autoagresiones”. Por lo tanto, sostienen que “el abordaje técnico debe de ser prioridad frente al de seguridad” para prevenirlas, ya que “resulta preocupante el aumento sistemático de violencia interna y la falta de actividades tendientes a la rehabilitación efectiva”. Otra de las formas de violencia que constataron fueron las agresiones sexuales como “prácticas de imposición de poder” entre los adolescentes, y que ocurren incluso entre menores de 15 años, tanto varones como mujeres. La INDDHH considera “oportuno” que se establezcan “criterios claros y protocolizados” para la atención de eventuales urgencias psiquiátricas, “que determinen condiciones de atención y sujeción en casos excepcionales, como pueden ser situaciones de exaltación o excitación violenta, pérdida de conciencia por abuso de sustancias o de medicación controlada”. Además, aseguran que todas las medidas que puedan adoptarse deben ser supervisadas por profesionales médicos y controladas por personal de la salud.

En el Sirpa, la mayor acumulación de recomendaciones refiere a las condiciones de trabajo, la falta de capacitación y la falta de personal, tanto en lo que respecta a quienes desempeñan funciones de trato directo como a los equipos técnicos. Por otro lado se mencionan los problemas de infraestructura y mantenimiento en las construcciones. En cuanto a estas últimas, aseguran que “tanto las viejas estructuras como las nuevas construcciones inauguradas durante 2014 y 2015 presentan aspectos deficitarios, que las hacen inconvenientes para el tratamiento de los adolescentes y para el cumplimiento de las medidas socioeducativas previstas legalmente”. En conclusión, del análisis del nivel de cumplimiento hay 18 recomendaciones que automáticamente quedaron sin efecto frente a la decisión de cerrar los centros afectados, en 11 de las cuales la INDDHH no pudo obtener información posterior que indique cuál fue su nivel de cumplimiento. Otras 18 no fueron cumplidas (fundamentalmente, en las áreas de personal y edilicia), diez fueron cumplidas parcialmente y diez fueron cumplidas. “Comparativamente, se puede establecer que la mayoría de las recomendaciones no cumplidas se encuentran bajo la órbita de la Comisión Delegada”, señalan.

También recomiendan “poner a estudio y dar una solución legislativa” a la situación planteada por los adolescentes mayores de 18 años que ingresan al sistema penitenciario de adultos y posteriormente deben regresar al sistema penal juvenil.

A lo grande

Sobre el sistema carcelario para adultos, la INDDHH constató problemas en la clasificación, evaluación, diagnóstico y derivación, así como de hacinamiento, tratamiento penitenciario y progresividad. También en la división de la población por antecedentes y por situación judicial, principalmente en los regímenes de aislamiento y seguridad. “Un régimen especial de separación para las personas catalogadas como peligrosas (sin criterios más concretos y definidos) puede alentar la estigmatización y, en definitiva, impedir un tratamiento progresivo racional y efectivo”. Además, se asegura que la referencia a la “peligrosidad” puede constituir un “obstáculo para recibir un tratamiento adecuado”, por lo que se sugiere una modificación legal. Por otro lado, la INDDHH está “preocupada” por “los problemas referidos a la falta, forma y contenido de información brindada por el MI”.

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