El grupo de trabajo formado por impulso del PIT-CNT e integrado por representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) y la Cámara Uruguaya del Libro continúa discutiendo una nueva redacción del proyecto de ley de Derechos de Autor, que tiene media sanción. Los abogados representantes de las tres organizaciones volvieron a reunirse ayer; Nicolás Brener, representante de la FEUU, dijo a la diaria que “todavía no está el texto definitivo, pero seguimos en la línea de avanzar”. Las organizaciones no hablan de tiempos y no quieren apurar la discusión, pero esperan consensuar pronto la redacción.
Por su parte, la bancada parlamentaria del Frente Amplio y la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados esperan el texto de las organizaciones para considerarlo en la discusión.
Ganancias
Ayer comenzó a difundirse una “carta ciudadana” titulada “Todos ganamos derechos” (www.todosganamosderechos.org) en apoyo a la reforma de la Ley 9.739 de Derechos de Autor, que data de 1937 y que es la que modifica el proyecto. Ayer tenía más de 100 adhesiones de personas “de todas las áreas de la cultura, la ciencia y la educación”, según el comunicado de prensa, que resaltaba las firmas de Rodrigo Arocena, Gabriel Peveroni, Macarena Montañez, Gregory Randall, Rosana Carrete, Gabriel Delacoste, Judith Sutz, Alejandro Rodríguez Juele, Germán Machado Lens, Pau O'Bianchi, Tamara Cubas y Ricardo Klein.
Los firmantes se presentan como un grupo de personas que se vinculan con la cultura “de mil maneras” y que además de investigar y curiosear en la web, “compramos música, la bajamos de Internet y también la compartimos. [...] descargamos, guardamos, imprimimos, fotocopiamos, remixamos y volvemos a crear”. Defienden ese ida y vuelta y cuestionan que esas actividades “tan básicas y cotidianas” estén penadas por ley en Uruguay.
Entienden que la reforma propuesta es “justa para todos, incluyendo a los autores, estudiantes, docentes, investigadores, bibliotecarios y a la ciudadanía en general” y aseguran que no generará “ningún tipo de daño a los autores ni a la industria cultural”. Expresan que los estudiantes y docentes podrán utilizar los materiales y, además de reproducir textos, mencionan la posibilidad de “proyectar películas y escuchar música en clase, crear y distribuir repartidos, traducir información, usar los entornos virtuales de aprendizaje y obtener libros e información en la biblioteca” sin que ello configure un delito. Se ganarán libertades, dicen, y aseguran que “la legalización de algunas de las prácticas que ya realiza desde hace décadas nuestro público no representará un descenso de nuestros ingresos ni un obstáculo para la creación”, sino una amplificación de la difusión que redundará en mejores ventas de las obras.
Alejandro Gortázar, docente e investigador en literatura, es uno de los firmantes. En diálogo con la diaria transmitió su interés por “promover una mirada que no construyera una falsa oposición entre los intereses de los autores y los de los estudiantes”. Alegó que la práctica de fotocopiar textos o bajarlos de internet no ha perjudicado sustancialmente a la industria cultural y advirtió que “ya hay un sistema cultural que está empezando a funcionar [...] no dependiendo de la creación de objetos como los discos o los libros”. En su opinión, las soluciones pasan por dar “estímulos a los creadores para que puedan crear”, pero que esas “son otras discusiones que no tienen nada que ver con la Ley de Derechos de Autor”.