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Nacional | Lunes 09 • Mayo • 2016

Puerta de salida

Se cumplieron diez años del Portal Amarillo; aumentó la asistencia por consumo problemático de cocaína.

El Centro de Referencia de la Red de Drogas Portal Amarillo, dependiente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, cumplió diez años de servicio. Juan Triaca, director del centro, dijo a la diaria que desde 2006 pasaron por allí más de 8.000 usuarios y se realizaron unas 20.000 consultas. Triaca indicó que a lo largo de estos años cambiaron el tipo de población asistida, las modalidades de llegada y el tipo de sustancia consumida. Cuando empezó, el promedio de edad era 21 años y el problema principal era el consumo; hoy el promedio de edad es 25 y generalmente al consumo se le suma algún tipo de trastorno mental.

Cerca de 40% de los usuarios llegan a Portal Amarillo por su voluntad. A esta causa le sigue la “presión familiar” y por último las derivaciones de la Justicia. Aunque esta tendencia se mantiene desde el comienzo, Triaca destacó que aumentó el número de quienes asisten por vía judicial y disminuyó la “presión familiar”. Sobre el tipo de sustancia, la pasta base de cocaína representa 60% de consumo, mientras que diez años atrás rozaba el 90%. Aumentó de 6,8% a 25% el porcentaje de los que llegan por consumo problemático de cocaína. Triaca señaló que el alcohol y el tabaco están presentes “siempre” y que la la marihuana aparece con frecuencia aunque no siempre.

Contó que hay tres dispositivos de funcionamiento: el ambulatorio, que es en la policlínica, el residencial (internación) y el centro diurno, donde los asistidos pasan desde las 8.00 a las 18.00. En 2015 recibieron atención en el ambulatorio cerca de 300 personas, lo que generó alrededor de 1.000 consultas por mes. Al centro diurno concurrieron unas diez personas a diario, mientras que en el residencial se internaron unas 300 personas que estuvieron, en promedio, entre 22 y 25 días. El Portal Amarillo cuenta con 20 camas para adultos y 15 para menores de 18 años, en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, dijo a la diaria que recién hace diez años que se comenzó a dar una respuesta integral estatal a la problemática del consumo de drogas: “En 2005 teníamos sólo cuatro camas de internación en el hospital Maciel [en Montevideo], mientras que el resto de los tratamientos se hacían a nivel privado. Hemos hecho mucho, pero falta mucho más”. Por ejemplo, dijo, es necesario desterrar “mitos y estigmas” hijos del prohibicionismo: “La gente piensa que la única intervención posible para rehabilitar a un adicto es conectarle una máquina para sacarle la droga del cuerpo; pero no funciona así, se necesita un enfoque comprensivo de sus necesidades y vulnerabilidades”, afirmó.

“Las personas que tienen problemas con las drogas también tienen otros problemas vitales y sanitarios”, agregó. Romani aseguró que para atenderlos se “busca ampliar y fortalecer” la red de tratamiento, incluyendo a más actores estatales y al subsector mutual. “Tenemos la obligación de dar respuesta y de garantizar el derecho a la salud de todos: los consumidores, los adictos, la familia y la comunidad”, subrayó.

Paraestatal

Un dato llamativo es el hecho de que 68,8% de “los usuarios problemáticos” de drogas alguna vez en su vida fueron a “buscar ayuda o tratamiento” a organizaciones religiosas; 51,3% acudió a Portal Amarillo, y 34,4% a hospitales o centros de salud mental. Los datos fueron publicados en julio de 2014 en Fisuras, una investigación sobre el consumo de pasta base y otras drogas en Uruguay, realizada por Héctor Suárez y Jessica Ramírez y publicada por la Junta Nacional de Drogas en conjunto con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Al respecto, Romani aclaró que, a pesar de que muchas organizaciones religiosas trabajan con personas con consumo problemático de drogas, no se las ha incluido en la red de atención -ni se ha regulado el tratamiento de “rehabilitación”- porque “ellas no se consideran aptas, y tampoco tienen la intención de serlo”. Aclaró que aunque en “algún momento nos hemos contactado” con, por ejemplo, Remar, Beraca y organizaciones de la iglesia metodista, que “dan respuestas de ayuda espiritual y social que es bienvenida y aceptada”, estas tienen “diferentes enfoques” sobre cómo tratar el consumo problemático: el del Estado parte de una perspectiva sanitaria, mientras que el de estas organizaciones, claro está, lo hace desde una perspectiva religiosa, “sanadora del espíritu”. En ese sentido, recordó que justamente por falta de normas, “en más de una oportunidad” tuvieron que intervenir para garantizar los derechos de las personas internadas en estos lugares: “Con el pretexto de la religión se cometen violaciones a los derechos humanos. Se utiliza el castigo, la reclusión de las personas”, indicó. Una de esas “intervenciones” terminó con el cierre de un hogar Remar en Canelones, a mediados de 2008.

Por su lado, los responsables de los hogares Beraca consideran que “es la sociedad la que manda” a las personas hasta sus puertas, según dijo en agosto el encargado del hogar Rincón del Cerro, Gabriel García, a la diaria. “Si tú tienes un chico con problemas de drogas y no tienes 3.500 dólares, no puedes ir a ningún lado. La opción para el que no puede pagar nada es Beraca”, afirmó.


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