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Nacional | Martes 03 • Mayo • 2016

Módulo 8 del establecimiento penitenciario Comcar. / Foto: Federico Gutiérrez

Puertas adentro

El director del INR aseguró que pondrá énfasis en la capacitación: así se logrará la “rehabilitación”

Entrevistado por la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom), el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Crisoldo Caraballo, aseguró que los “factores cruciales” para su gestión son la profesionalización del INR, en especial de las personas que trabajan dentro de las cárceles. De este modo, sostuvo, se logrará la “rehabilitación” de las personas privadas de libertad.

In crescendo

Según los datos de marzo del INR, hay 10.094 personas privadas de libertad en todo el país. 70% (7.090) están procesadas por la Justicia, lo que equivale a decir que sólo 30% (3.064) tiene pena. Son 9.527 hombres y 567 mujeres; 4.077 son personas que cayeron presas por primera vez; el resto (59,6%), reincidentes. Actualmente hay 29 unidades que dependen directamente del INR, y se encuentra en construcción la Unidad Nº 1, en Punta de Rieles, bajo el régimen de participación público- privada, que está previsto que quede habilitada en junio de 2017.

Antes del 15 de marzo Caraballo fue director del Centro de Formación Penitenciaria por casi seis años. En ese entonces, en setiembre de 2014, participó en las XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En la ocasión expuso sobre las políticas de seguridad penitenciaria, que consideró “un aspecto fundamental” en la seguridad pública. En aquel momento Caraballo había asegurado que la “mirada” debe partir y desarrollarse desde “el proceso de cambio” que empezó en 2010 e implicó el traspaso de las cárceles de la órbita de las jefaturas departamentales de Policía al INR. El proceso conllevaba la modificación de las “antiguas estrategias para el control de la privación de libertad”: de custodia, de seguridad “estática”, por la que el “interés primordial” era que las personas recluidas estuvieran encerradas. Los nuevos rumbos suponían cimentar el abordaje penitenciario en las “intervenciones socioeducativas” y en enfoques multidisciplinarios, con la finalidad de que una vez que finalice la privación de libertad, la persona “se integre a la sociedad como un ciudadano con posibilidades de accesibilidad a opciones laborales”. Ese es el “aporte trascendental” que el sistema carcelario debería hacer a la seguridad pública, sostuvo Caraballo. Eso mismo, después de dos años, reiteró ayer.

El director “apunta a posicionar al INR como un factor importante de la seguridad pública, profesionalizar al personal y tecnificar todas las acciones para que estén sistematizadas”. Caraballo anunció que para monitorear los procesos y características de cada centro y cada recluso se creará la Unidad de Planeamiento y Gestión. El objetivo es conocer “todos los factores” que “intervienen” en la planificación de la “rehabilitación”, como por ejemplo “la cantidad de unidades, personal y privados que hay en todo el país, además de otros datos importantes, como saber quiénes son los que trabajan, quiénes estudian, las situaciones de violencia que se produzcan, las salidas laborales, traslados, conducciones, etcétera”.

Por otro lado, para la ejecución de la “correcta privación de libertad”, aseguró que se comenzará a “planificar la rehabilitación en base a la seguridad, al trabajo, a la recreación y a la educación, como un modelo que promueve la nulidad de las horas de ocio”. Agregó que “muchas veces no se entiende que la privación de libertad es parte de la seguridad pública, y a eso apuntamos”. Lo primordial para el INR “es el privado de libertad”, sostuvo Caraballo, pero “si no tenemos personal preparado, en condiciones y con las estrategias necesarias, no vamos a poder cumplir con el rol de rehabilitación”.


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