El 17 de abril, la Cámara de Representantes brasileña, en un clima de hinchada futbolística, votó por amplia mayoría a favor del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, que se encamina a un rápido trámite en la Cámara de Senadores. El desenlace puede tener un fuerte impacto para la democracia en la región. En un contexto de crisis económica inédita en la historia reciente, por su duración e intensidad, el debilitamiento de la autoridad presidencial y de la legitimidad de los elencos políticos ha estado en el centro del debate en la opinión pública brasileña.

La crisis de gobernabilidad se desencadena por múltiples factores: causas judiciales con alta visibilidad pública y creciente politización, acompañadas de sospechas de corrupción política endémica amplificadas en los grandes medios de comunicación; incremento de la movilización ciudadana y las protestas callejeras; reclamos emergentes de un autoritarismo social antipartidario; influencia directa en la opinión pública de grandes corporaciones económicas. A lo anterior se sumaron jugadas parlamentarias y alineamientos políticos cambiantes, en un escenario poselectoral con mayoría ajustada entre gobierno y oposición. Se suman también las polémicas internas en el campo de la izquierda sobre responsabilidades partidarias, orientaciones de gobierno y límites de los compromisos con los aliados políticos.

El resultado es un proceso político dirigido a sustituir la autoridad presidencial, en medio de una reacción conservadora que exaltó la defensa de la familia, la religión y la nación como fundamento del voto en el Parlamento. Esta reacción aparece con una doble moral: la dudosa fundamentación de las acusaciones contra la presidenta se formula en medio de una corrupción política generalizada que afecta a gran parte de los parlamentarios y partidos, entre los cuales se cuentan los propios inquisidores y los posibles sucesores.

Se trata de un proceso de impeachment que aparece siguiendo los procedimientos constitucionales formales, pero vaciado de contenido sustancial y legitimidad política democrática. Aparecen así los viejos problemas estructurales de la política brasileña, las fronteras borrosas entre interés público y privado, el clientelismo, el conservadurismo, la cooptación y simbiosis entre partidos y Estado. Pero también anuncia una transición de gobierno muy inestable, con una legitimidad cuestionada, causas judiciales en trámite (las del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que enfrenta denuncias múltiples de lavado de dinero y corrupción, así como las de corresponsabilidad del vicepresidente Michel Temer en las mismas acusaciones que pesan sobre Rousseff) y con la amenaza inminente desde el Partido de los Trabajadores (PT), entre otros, de la necesidad de elecciones presidenciales anticipadas (en octubre de 2016 hay elecciones municipales y para 2018 están previstas las presidenciales).

¿Es el gobierno víctima de una reacción conservadora animada por los medios de comunicación y el Poder Judicial frente a las reformas sociales de la última década y media? ¿O estos acontecimientos son responsabilidad de errores del propio gobierno, como afirma la oposición? ¿O son resultado del clima de descontento y protesta ciudadana ante los resultados negativos de la crisis económica y los déficits estructurales de los servicios públicos para atender las crecientes insatisfacciones de los sectores sociales ascendentes?

Más allá de la interpretación de los actores y del desenlace inmediato “previsible” en la coyuntura (la votación del Senado a favor del inicio de un proceso a Rousseff, que implica su separación temporal del cargo, probablemente el miércoles 11), se podría ensayar cuatro claves interpretativas de largo plazo, derivadas de los dilemas de la experiencia de la izquierda en el gobierno.

El primer dilema es el derivado de la discusión clásica entre estrategias políticas radicales y reformistas respecto de las consecuencias de adaptación de los partidos a la competencia electoral y de los medios de acceso “institucional” al poder político en regímenes democráticos. La “marea rosa” de las nuevas izquierdas fue el largo resultado de la acumulación política histórica. También fue resultado de la reconversión de las tradiciones de izquierda más revolucionarias y radicales para entrar en el juego de la competencia electoral en democracia, moderando su programa político hacia el “centro”, para lograr coaliciones políticas amplias y alcanzar el gobierno. Una vez en la cúspide del gobierno, el dilema se expresa en cómo se puede llevar adelante un programa de reformas económicas y sociales que sean lo bastante profundas como para que permitan la diferenciación frente a los elencos políticos más tradicionales. El dilema entre moderación programática y diferenciación política se agudiza en el segundo mandato de Rousseff, que termina atrapado en un programa de ajuste fiscal que cuesta diferenciar de otros realizados en gobiernos pasados de signo más liberal.

El segundo dilema podría enunciarse de la siguiente manera: cómo puede la izquierda llevar adelante un programa de reformas sociales de orientación redistributiva y de protección social en un contexto de crisis. En ciclos de crecimiento económico los programas de reformas sociales redistributivas parecen tener mayor éxito frente a los vetos del establishment económico y político que en los ciclos de crisis. Las coyunturas de crisis como la que atraviesa hoy Brasil enfrentan serios vetos de los poderes constituidos. Paradójicamente, en los momentos en que la mayoría de los sectores sociales populares más protecciones precisan, vuelve la vieja receta liberal de la inevitabilidad del ajuste fiscal.

El tercer dilema refiere a cómo hacen los partidos de izquierda que se construyeron al calor de la movilización social y las demandas colectivas para mantener sus bases sociales cuando están en el gobierno. El ascenso del PT procesó una conversión drástica de una organización política cuyas bases sociales estaban identificadas con los movimientos populares y las clases medias urbanas de la región sureste de Brasil, más moderna e industrializada, a un partido que extendió sus bases electorales a nivel nacional pero a costa de trasladar sus bastiones electorales y cuadros dirigentes hacia el nordeste y las regiones más pobres, distanciándose de las clases medias urbanas y de los movimientos sociales organizados. En esa reconversión se mantuvo como nexo la figura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como líder histórico del partido. Con su vínculo carismático con las clases populares, Lula mantiene su alta popularidad política a pesar de la crisis.

Con la recesión económica, el gobierno y el partido perdieron las capacidades de articulación política y de canalización de la protesta ciudadana urbana que expresaba insatisfacciones sociales crecientes. Mientras tanto, el gobierno priorizó en el discurso político la buena gestión pública y la regulación del conflicto social, tendencia que apenas moderó en la previa a la participación de Rousseff en el acto del 1º de mayo de la Central Única de los Trabajadores, y en la guiñada a los sectores más pobres que significó el aumento de 9% de las asignaciones del programa social estrella, Bolsa Familia, luego de dos años sin reajustes.

El cuarto dilema está en la base de la política moderna y los partidos. Los partidos son organizaciones para la búsqueda del poder político, pero cómo buscarlo sin quedar atrapados en su interés particular. El debate público sobre la corrupción política (desde el mensalão al lava jato) desnudó los dilemas del financiamiento de la política moderna. En particular, mostró la tensión entre un financiamiento democrático de los partidos basado en la afiliación ciudadana y los fondos públicos transparentes, y una creciente influencia del interés privado del financiamiento empresarial y paraestatal -en una suerte de simbiosis entre intereses privados y públicos- de las campañas electorales.

La izquierda ha tenido una historia más signada por las derrotas que por el éxito a la hora de mantenerse en el poder. Esa ha sido su debilidad, pero también su fortaleza a la hora de regenerar el sentido emancipador y de utopía de la política. ¿Cuáles serán los aprendizajes de la experiencia de gobierno de Brasil hacia el futuro?

Miguel Serna

Profesor, sociólogo, especialista en política comparada latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República