Durante una conferencia de la revista Somos Uruguay, ayer, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, defendió la posición del país en términos de transparencia y voluntad de cooperación con organismos multilaterales de contralor y la Justicia nacional. Dijo que desde 2007 se está procesando un “cambio de paradigma” en relación con la opacidad que antes reinaba, en función de las recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en la materia.
“Si Uruguay fue paraíso fiscal alguna vez, hace ocho o nueve años que ya no lo es”, afirmó en primera instancia el presidente de la autoridad monetaria. Según dijo, el país “ha cambiado de paradigma”, pasando de un enfoque de “Uruguay como plaza financiera regional” a una lógica de “inserción en el mundo que propicie un enfoque integral de desarrollo”. Uruguay fue evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional en 2002, 2006 y 2009, ocasiones en las que no salió bien puntuado. En 2011, además, fue puesto en la lista gris de la OCDE, luego de pasar menos de un día en la lista negra.
Sin embargo, Bergara sostiene que desde entonces ha habido un avance “sustantivo” en términos de “normativa, institucionalización e inteligencia financiera”. De las 11 recomendaciones “clave” sobre lavado de activos que establece la OCDE, Uruguay cumple con nueve “total o mayoritariamente” y con dos de manera “parcial”, al punto de que sólo dos países del G20 cuentan con mejor evaluación.
El presidente del BCU señaló que a partir de 2001, pero sobre todo desde 2007, 1.300 de los 2.300 reportes de operaciones sospechosas que recibió el BCU fueron realizados por bancos. En este sentido, consideró que es “bajísima y lamentable” la cantidad de reportes que realizan agentes no financieros, como inmobiliarias, escribanos o contadores, y que se procurará “incrementar este número”.
Aun así, sostuvo que Uruguay está “a mitad de camino” en “la escalera de la transparencia”. Los próximos compromisos consisten en acordar un intercambio automático multilateral de información tributaria con la OCDE en 2018, lo que implica una “adecuación de varias normas” y una mayor flexibilización del secreto bancario.
Por otro lado, para la próxima evaluación del organismo, que tendrá lugar en 2019, Uruguay deberá adecuarse a los nuevos estándares internacionales; entre otros, decretar el delito fiscal como precedente del lavado de activos y apostar a llegar al beneficiario final de sociedades y fideicomiso nacionales.
En cuanto al fortalecimiento institucional, se debe procurar un desarrollo de análisis estratégico en la Unidad de Información y Análisis Financiero. “Hasta ahora, [esta entidad] ha trabajado de manera reactiva”, reconoció Bergara, quien apostó a que en los próximos años se procure una mayor investigación por cuenta propia.