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Nacional | Sábado 28 • Mayo • 2016

El ex agente de inteligencia argentino Miguel Ángel Furci (i) mientras espera escuchar la sentencia a ser dictada por el tribunal en el juicio por la Operación Cóndor. Foto: Juan Mabromata, AFP​

Un fallo de Justicia Universal

La sentencia del juicio que investigó y probó la coordinación represiva entre los Estados del Cono Sur es histórica. Hubo 15 condenas y dos absoluciones.

Una bandera uruguaya. Eso es lo primero que se ve en el palco de la sala de audiencias de los Tribunales Federales de Comodoro Py, en Buenos Aires. Allí víctimas, familiares, representantes de organizaciones de derechos humanos y periodistas escucharon durante más de una hora, después de tres años de juicio, la sentencia por los delitos de asociación ilícita y privación ilegal de la libertad de 105 personas en el marco de la megacausa Plan Cóndor. Pasadas las cinco de la tarde, el presidente del Tribunal Oral Federal 1, Oscar Amirante, leyó el fallo que alcanzó a 17 de los 31 represores juzgados (varios murieron en el proceso, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla) con penas que van desde 25 hasta ocho años de prisión. Hubo 15 condenas y dos absoluciones.

Es la primera vez que la Justicia reconoce que la Operación Cóndor- la complicidad de las dictaduras del Cono Sur- fue una asociación ilícita de coordinación represiva de seis países. Y es la primera vez, también, que un juicio de estas características trasciende las fronteras nacionales. “Todo el proceso puede ser pensado en términos de Justicia Universal”, dijo a la diaria la abogada querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Luz Palmás Zaldúa.

De las 105 personas cuyas desapariciones fueron investigadas en la causa, la mayoría (45) son uruguayas. El resto eran chilenos (22), paraguayos (13) bolivianos(11) y argentinos (14). Además, el único extranjero de los represores juzgados fue Manuel Cordero, el agente de Inteligencia uruguayo que coordinó con la Triple A argentina las detenciones, torturas y desapariciones del centro clandestino Automotores Orletti. Cuando se leyó la condena que le dio la pena máxima a Cordero, el público, que venía escuchando en silencio la lectura del fallo, estalló en aplausos. Parada en el fondo, abrazada a su marido, la diputada Macarena Gelman escuchó emocionada la condena al represor uruguayo culpable de desaparecer a su madre María Claudia García. La bandera uruguaya, sostenida por los integrantes del organismo Uruguayxs en Argentina por los Derechos Humanos, fue levantada bien alto.

Una investigación sin precedentes

Aunque el juicio oral empezó en 2013, la causa data de 1999. A pesar de las leyes de impunidad que había en Argentina, los abogados Emilio Mignone, Raúl Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú comenzaron las primeras investigaciones recurriendo a la figura del desaparecido como un delito en continuidad, que se perpetúa en el presente. En ese momento contaban con un solo documento desclasificado del Departamento de Estado estadounidense. Con el tiempo, se sumaron 4 millones de fotogramas de archivos en el Archivo del Terror de Paraguay, 44 mil documentos desclasificados de Estados Unidos sobre Chile, 3 mil sobre Argentina. Pablo Ouviña, a cargo de la fiscalía, señaló en el juicio que estos no son todos los documentos y reclamó que se desarchiven el resto. Aún resta que muchas agencias de inteligencia estadounidenses hagan pública su “burocracia del horror”, como la llamó Ouviña.

Ese cúmulo de pruebas demostró, entre otras cosas, que la operación Cóndor, que tuvo su fundación en una reunión en Santiago de Chile en 1975, estaba dirigida a reprimir a los exiliados. Por eso la mayor parte de las víctimas fueron secuestradas en Argentina, el país que tuvo el último golpe de Estado en la sucesión de dictaduras de la región.

Presentes

La periodista Ivonne Trías, víctima del terrorismo de Estado en Uruguay y familiar de tres desaparecidos en Argentina, escuchó el fallo en primera fila junto al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. Trías había declarado en 2013 por la desaparición de su hermana Cecilia, su cuñado Washington Cram González, y su esposo, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader.

“Vine como testigo de la causa y como familiar. Además yo a Cordero lo conozco desde el ’72, cuando estuve presa en el cuartel donde él estaba. Lo vi actuar en una cantidad de casos en Uruguay y después en el ‘75 con uruguayos que viajaban a Argentina. En esta causa se trabajó exhaustivamente y de forma internacional. La prueba de los documentos fue contundente. Va a sentar un precedente", dijo Trías a la diaria.

Romani, por su parte, había declarado como testigo en 2013 cuando se desempeñaba como embajador uruguayo ante la OEA. Su testimonio hizo hincapié en el caso del secuestro y apropiación de Mariana Zaffaroni y el accionar del ex agente de Inteligencia argentino Miguel Ángel Furci, uno de los tres condenados a la pena máxima, junto a Cordero y a Santiago Riveros, represor del centro clandestino Campo de Mayo. Furci, de gesto imperturbable, fue el único de los condenados que estuvo presente durante la lectura del fallo, donde se mencionó por su nombre a cada una de las víctimas.

Entre el público estaban también Laura Conte, Nora Cortiñas y Taty Almeida (Madres Línea Fundadora), Vera Jarach (madres de Plaza de Mayo), Lita Boitano (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas) y el chileno Anatole Julien. Julien, junto a su hermana Victoria, fueron los primeros nietos localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Los secuestraron con sus padres en Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1976, cuando él tenía cuatro años y ella 18 meses. Estuvieron en Orletti, después en un centro clandestino en Montevideo, y finalmente los represores los abandonaron en una plaza de Valparaíso. Allí fueron adoptados por una pareja chilena. Anatole, que hoy es fiscal en ese país, viajó a Buenos Aires para escuchar la sentencia.

“Tenía muchas expectativas y esto un triunfo. Pero no en términos de un bando sino que lo veo como un hito histórico porque va a quedar asentado sí o sí y es algo que yo le alabo al pueblo argentino porque es en el único país donde se está haciendo justicia de forma sistemática. Es un megajuicio, un trabajo impresionante. Un tribunal acaba de asentar la complicidad de las dictaduras del sur para sustraer infantes como botín de guerra, para torturar, asesinar y además sustraer bienes materiales de las víctimas. Con mi hermana, es el tercer megajuicio en el que estamos involucrados. Declaramos en el juicio de Automotores Orletti y en del Robo Sistemático de Bebés. Pero este es el más histórico”, dijo a la diaria. La historia de Anatole y su hermana está reconstruida en el documental “Los huérfanos del Cóndor”, disponible en Youtube.

Taty Almeida llegó temprano junto a las otras Madres y se sentó en segunda fila, donde abundaban los pañuelos blancos y los bastones. Después de la lectura del fallo, esta luchadora de 85 años se abrazó con sus compañeras y con quien viniera a saludarla. Estaba exultante. “Este es uno de los tantos días históricos que las Madres, por la edad que tenemos, no pensábamos que íbamos a poder compartir. Y por qué no, disfrutar. Porque estamos celebrando, no creo festejando, porque si existe este juicio es porque faltan 30 mil. Pero sí es una celebración. Y una comprobación más una de las tres patas de nuestra lucha, ‘Memoria, Verdad y Justicia’ es otra vez una realidad”.

Al finalizar la lectura del fallo se escuchó un grito desde el fondo de la sala: ¡30 mil detenidos desaparecidos! Un centenar de personas respondieron: ¡presentes!

Condenas y absoluciones

El tribunal integrado por Oscar Amirante, Adrián Grünberg y Pablo Laufer condenó a Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci a 25 años de prisión. A Riveros lo consideró culpable del delito de "asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor". A Cordero, el tribunal lo encontró "coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia o amenazas, reiterado en sesenta y siete oportunidades".

Reynaldo Bignone, de 88 años y último presidente de facto de Argentina, fue condenado a 20 años de prisión, igual que Rodolfo Emilio Feroglio.

Humberto José Román Lobaiza fue condenado a 18 años de prisión.

Enrique Olea, Antonio Vañek y Eugenio Guañabens Perelló recibieron 13 años de prisión por asociación ilícita.

Eduardo de Lío, Luis Pepa, Carlos Caggiano Tedesco, Felipe Alespeiti y Néstor Falcón, 12 años mientras que a Federico Minicucci se lo condenó a 8.

En el juicio se absolvió a Juan Avelino Rodríguez y a Carlos Tragant.

El fiscal Pablo Ouviña y la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky habían pedido 25 años para Bignone, Riveros, Feroglio, Lobaiza y Furci. También para Cordero como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.

Los fundamentos de la sentencia serán informados el 9 de agosto.

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