En Uruguay cuatro o cinco grupos económicos concentran todos los permisos de pesca otorgados por el Estado, aunque formalmente haya cerca de 65 permisos otorgados a poco más de 40 empresas, informó a la diaria el titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Daniel Gilardoni. El 27 de noviembre de 2015 el Poder Ejecutivo decretó la caducidad de los permisos que detentaba Fripur tras su cierre, y resolvió que se transferirían al que resultara adjudicatario del proceso concursal. El ganador resultó ser Cooke Seafood USA Inc., una empresa con sede en Estados Unidos subsidiaria de la canadiense Cooke Aquaculture, transnacional con permisos de pesca de salmón en Chile y de otras especies en España y Reino Unido. Para ser titular de permisos de pesca en Uruguay se requiere ser persona física o jurídica radicada en el país, así que la transnacional abrió una sociedad anónima en Uruguay, confirmó a la diaria el síndico Francisco Cobas.
La ley que regula la actividad pesquera, aprobada en 2013, dispone que los permisos de pesca son intransferibles. Carlos Vega, del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), manifestó el martes en la comisión legislativa que le preocupa “mucho” el tema de los permisos de pesca, que “no eran bienes de los Fernández [dueños de Fripur], sino que son del Estado, son del pueblo”. “Hoy se les van a entregar a los canadienses, y quisiéramos saber bajo qué normativa [...], porque ya extranjerizamos mucha tierra y [así] estaremos extranjerizando el agua”, cuestionó Vega.
Gilardoni explicó que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de reservar los permisos de Fripur para el que resultara adjudicatario de la planta porque “era la única solución posible” para que alguien terminara adquiriéndola y salvara la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. “Si eso no se hubiera hecho, y la cooperativa lograba ganar el proceso, tampoco iban a estar los permisos para la cooperativa”, agregó Gilardoni.
Con el cierre de Fripur quedaron sin trabajo 960 personas, la mayoría mujeres jefas de hogar en situación de pobreza. Cooke Seafood sólo se comprometió a emplear a 100 en primera instancia, y llegar a un máximo de 300 en cuatro años. Si bien anunció su voluntad de tomar a una parte de la plantilla de ex trabajadores de Fripur, y aunque el Poder Ejecutivo está haciendo gestiones para conformar con ellos una bolsa de trabajo, hasta el momento no hay ninguna garantía de que la empresa vaya a tomar a los ex trabajadores ni se le puso ninguna exigencia en ese sentido. “En la propuesta, ellos [la empresa] alegan que tendrán preferencia los trabajadores de Fripur, pero al día de hoy no está formalizada una bolsa de trabajo a la que el adjudicatario deba acudir. Sí sabemos como sindicatura que eso se está planteando por parte del gobierno”, explicó Cobas ante la comisión, el 4 de mayo.
Por otra parte, los ex trabajadores tampoco tienen garantizado el cobro del 100% de sus despidos y otros créditos posconcursales, aunque se negociará con el Banco República y el Banco de Previsión Social, acreedores preferenciales en el proceso concursal, para que cedan parte de sus créditos a fin de que los trabajadores puedan cobrar.
Otro proyecto
Más de la mitad de los ex trabajadores de Fripur, cerca de 550, están sin trabajo y en seguro de desempleo especial -cobrando 80% de su sueldo-, beneficio que se extendería hasta octubre, según manifestó Cobas en comisión. Un grupo de ellos conformó la cooperativa Eco Fripur y buscan que se les permita utilizar una parte de la planta para realizar procesos que agreguen valor a la actividad pesquera.
El martes asistieron a la Comisión de Legislación del Trabajo los integrantes de la cooperativa para explicar la situación en la que se encuentran y el proyecto que estaban impulsando. Alejandro Uval, asesor técnico de la cooperativa, sostuvo que el proyecto de los trabajadores es sustentable, que aprovecha “casi 100% de los recursos” que se obtienen y que genera “productos integrales del pescado”. Se proyectaba centrar la extracción en cangrejo rojo, merluza y anchoita; esta última especie no se suele pescar en Uruguay, pero “es un recurso fantástico, sobre todo para hacer harina de pescado para utilizar en la cría de peces” y “tiene un precio muy bueno en el mercado internacional”, explicó Uval. Además, se apuesta al procesamiento integral del pescado, incluyendo el aceite, la piel de la merluza para producir gelatina para cápsulas y los espinazos después del fileteado, de los que, luego de un proceso, pueden extraerse proteínas que sirven como suplementos nutricionales para personas de edad avanzada. El proyecto de la transnacional, en cambio, no proyecta utilizar en una primera instancia la planta de Fripur -donde sólo se realizarán actividades administrativas- y concentrará el trabajo en la pesca.
Uval sostuvo que Uruguay “no puede hacer una estructura de industria pesquera congelando el pescado entero”, que es “más o menos lo mismo que vender vacas en pie, en el caso de la ganadería”. “Es inconcebible. Tiene que haber una industrialización que le agregue mano de obra”, afirmó. “Creo que esta decisión judicial ha sido una pérdida para el país y para el sector pesquero, ha sido una pérdida de posibilidades para la gente que tiene vocación y ganas de trabajar en la pesca” y “ha ocurrido por negligencia”, cuestionó el asesor técnico.
Saldo en rojo
El diputado frenteamplista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) lamentó que el Poder Ejecutivo no haya accedido a la cesión de deuda por 15 millones de dólares que plantearon los trabajadores, como forma de poner en marcha el proyecto en la planta de Fripur. De todos modos, sostuvo que los integrantes de la comisión deberán “intercambiar con las autoridades del Estado” sobre la posibilidad de poner en práctica el proyecto de la cooperativa. Puig dijo a la diaria que la iniciativa es “interesante, porque plantea una fábrica de harina de pescado, y basarse también en especies que hoy se pescan y se tiran al agua”. “Hay que rever esta situación, que ha sido un pésimo negocio para el país”, afirmó. Señaló que tras su cierre, Fripur quedó debiendo más que lo que deben la totalidad de los proyectos financiados por el Fondo para el Desarrollo (Fondes).
El diputado del Frente Amplio Óscar Andrade (Partido Comunista) sostuvo que “queda claro que la responsabilidad no es de la Justicia; la responsabilidad es nuestra, del gobierno, que no tomamos la decisión política de quedarnos con la planta”. “Teníamos las condiciones de quedarnos con la planta y de promover una política pesquera distinta. El Estado podría haberla comprado y alquilado por diez años o concedido por 20 a los trabajadores. Tenemos una enorme dificultad para hacer este tipo de apuestas”, cuestionó.