El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que en lo que va del año fueron capturados o asesinados 1.100 integrantes de las “bacrim” (como se ha llamado a las bandas criminales que surgieron de la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia). “Como hemos vencido a los cárteles más poderosos, que en el pasado eran considerados invencibles, a estas organizaciones también las vamos a ir desmantelando una por una”, dijo.

Las bacrim se convirtieron en uno de los principales temas de preocupación en Colombia, en especial porque representan una amenaza para los activistas sociales y se considera que pueden amenazar también la etapa posterior a un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la Organización de las Naciones Unidas, en los tres primeros meses de 2016 fueron asesinados 12 activistas sociales en Colombia. En todos los casos las sospechas recaen sobre las bacrim.

Recientemente fueron publicados dos informes sobre estas, uno del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y otro del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), y ambos confirmaron un profundo vínculo con el paramilitarismo que en los 90 fue responsable de miles de asesinatos de civiles y guerrilleros, entre ellos los de ex integrantes de las FARC que se involucraron en la política con la conformación del partido Unidad Popular. Estos casos, en particular, son recordados ante la posibilidad de que un acuerdo de paz con las FARC promueva la participación de ex guerrilleros en política.

El informe de Indepaz recuerda que en los 90 hubo un fuerte crecimiento del paramilitarismo en Colombia. Se trataba de organizaciones delictivas que se dedicaban a perseguir a activistas sociales y a guerrilleros, desmovilizados o no, que solían ser contratadas por empresas privadas para proteger sus instalaciones. En 2003 se desmovilizaron los grupos paramilitares más grandes, pero parte de sus integrantes se reorganizaron en lo que empezó a denominarse bacrim. Álvaro Uribe, entonces presidente colombiano, impuso la idea de que las bacrim eran sólo grupos criminales, pero se ha advertido que se trata de un “neoparamilitarismo”.

Cinep, por su parte, reporta en su informe de 2015 que estas agrupaciones son las responsables de la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos (1.064), por delante de la Policía Nacional (572) y el Ejército (292). Las bacrim, a las que Cinep denomina “grupos paramilitares”, son la mayor amenaza para los defensores de derechos humanos y otros activistas colombianos.

El gobierno asegura que se está ganando en la guerra contra las bacrim. Aun así, el presidente anunció que se conformará un grupo de “alto nivel”, supervisado por el Ministerio del Interior, que tendrá como objetivo crear una estrategia para terminar con estas bandas.