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Nacional | Viernes 03 • Junio • 2016

A término

Cese de contrato de docente embarazada pone en discusión regulación específica que atienda a la maternidad en la Udelar.

El cese del contrato de una docente del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República (Udelar) en una fecha casi coincidente con la del parto de su hijo puso en discusión, en los órganos universitarios, la carencia de una regulación específica que atienda la maternidad. La reestructura del SCEAM, aprobada en noviembre por el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar, determinó que todos los cargos de docentes interinos deben cesar el 31 de julio y que, además, se desarrollen concursos (que están en proceso) para determinar los cargos interinos nuevos. Esta reestructura afectó en particular a una docente grado 2 que integra el SCEAM desde 2012, que está embarazada y tiene fecha de parto para el 18 de julio, tan sólo unas semanas antes del cese del contrato.

A raíz de un planteo de la coordinadora de la Unidad de Extensión y Cooperación con Organizaciones Sociales, Mariana Mendy, la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) resolvió por unanimidad sugerir al Consejo Delegado Académico (CDA) que se renueve el cargo de la docente hasta el 31 de octubre, cuando finalizaría su licencia maternal. De esa manera la docente podría hacer uso de las protecciones previstas por ley para la maternidad y, fundamentaba el planteo: “No existe norma legal o estatutaria que obligue a la Universidad a extender el interinato hasta la finalización de la licencia maternal, se incluye dicho período en la solicitud de la prórroga debido a que el organismo universitario que toma la decisión final podría adoptar una resolución que contemplara o atendiera aquellos principios consagrados en los instrumentos internacionales como forma de promover y defender el interés de la mujer grávida”.

El corsé normativo

El caso se discutió dos veces en el CDA, un órgano asesor del CDC, y se volvió a tratar el martes 31 de mayo. El consejo resolvió extender el contrato (que venció el 30 de abril) sólo hasta el 31 de julio. La resolución se tomó por mayoría (4 votos en 7), con el voto del rector Roberto Markarian, los representantes de las áreas Salud y Tecnológico Agrario (los decanos Hugo Calabria, de Odontología, y Gustavo Scheps, de Arquitectura), y el delegado del orden Egresados, Federico Kreimerman.

Hugo Rodríguez, prorrector de Extensión y Relaciones con el Medio, había promovido desde la CSEAM la renovación hasta octubre. No obstante, en la sesión del CDA del 17 de mayo, cuando se trató por primera vez el tema, “me hicieron ver que era una cuestión irregular extender un cargo más allá del plazo en el que este existe, más aun cuando el cese de ese cargo permite dar disponibilidad financiera para el llamado a aspirantes que está en marcha”, dijo a la diaria. En esa primera sesión el tema quedó abierto, a la espera de un informe jurídico, que finalmente se presentó el martes y que sugería, según contó Rodríguez, que “no existía forma de extender el plazo, y que, además, había antecedentes de solicitudes similares, incluso algunos recursos, que fueron al CDC y se rechazaron por unanimidad porque no se ajustaban a derecho”.

El representante de Egresados añadió, en diálogo con la diaria, que en la sesión del CDA la directora de Jurídica “explicó que si se votaba la modificación de la fecha se generaba un precedente, con base en el principio de igualdad ante la norma, que automatizaba las solicitudes de extensión de plazo o renovaciones fuera de períodos normales, lo que significaba modificar por la vía de los hechos el estatuto del personal docente”. En función de eso, anunció que si se ponía a votación la extensión hasta octubre se retiraría de sala: “No podía aprobar eso, ni generar ese antecedente, sin consultar al orden”, explicó Kreimerman.

Santiago Pérez, delegado estudiantil por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, tenía una visión diferente: “El rector propuso que no se prolongara la caída del cargo porque estaríamos generando un precedente muy importante para el futuro con otro tipo de situaciones excepcionales. Planteó que había cosas más graves que un embarazo, como enfermedades crónicas, cáncer; lo grave fue que, más allá de que ninguno piense que un embarazo es una enfermedad, sí se estaba tratando el asunto en esos términos, en el entendido de que habría otros casos que pueden ser puestos en la misma bolsa que un embarazo. No se discutió desde una política de género o de defensa de la maternidad, sino como una situación excepcional más”. Pérez consideró que el tema depende de “una decisión política; no sería ilegal”. “Había quienes consideraban que se generaba un precedente negativo, que nos iba a embretar, pero para nosotros era un precedente de lo que queremos que pase, que nos obliga a discutir el tema de fondo, para que cuando vuelva a ocurrir no tengamos que hacer la excepción”.

María Noel Sosa y Cecilia Matonte, integrantes de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR Oficina Central), puntualizaron, en una nota, que las docentes mujeres son el 53% en la Udelar, pero que en su mayoría son grados 1 (56%) y 2 (58,9%), mientras que la presencia de mujeres decae al llegar al grado 5 (34,1%). “La mayor parte de las mujeres en grados 1 y 2, menores de 40 años (dato relacionado a la mediana por edad), que eligen la maternidad, cursan o cursarán embarazos durante ese período. Con estos datos podemos ver la imperiosa necesidad de no sólo marcar precedentes sino de generar reglamentaciones que garanticen condiciones de igualdad a la hora de construir conjuntamente proyectos vitales de reproducción con los académicos. Aunque se nos diga que hay que parir más, en muchos casos la maternidad lejos de ser un disfrute es una complicación. Aunque nos quieran explicar que la universidad es tan democrática y de avanzada, los techos de cristal existen y las desigualdades permanecen, en una institución pública de producción de conocimiento que mantiene los privilegios ostentados por un sector particular de la sociedad”.

Si bien ya no se podría aplicar para este caso, el CDA resolvió estudiar una solución legal para este tipo de casos, “que incluye la maternidad pero también otras situaciones”, explicó Rodríguez. “Hay una especie de conflicto entre cómo asegurar cierta protección a las mujeres en su maternidad o a las personas enfermas o que atraviesan otras situaciones especiales, que choca con una estructura y normativa universitaria que es muy deseable y que nadie quiere perder, que es que los cargos son a término”, opinó el prorrector, quien adelantó que, pese a la resolución del CDA, el caso de la docente “está abierto”. “Estoy trabajando en ese sentido y en contacto con la Red Temática de Género, escuchando ideas y estudiando propuestas”.

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