Abril investigó si el gobierno catalán participó en la preparación de la consulta popular. La Fiscalía acusó a Mas de prevaricato por la participación de su Ejecutivo en los preparativos de la consulta. La defensa de Mas y los abogados de dos ex funcionarias acusadas, Joana Ortega e Irene Rigau, sostuvieron que el gobierno dejó de participar en los preparativos después de la suspensión dispuesta por el Tribunal Constitucional y que desde entonces la organización quedó en manos de movimientos sociales.
Sin embargo, de acuerdo con Abril, la investigación revela que el gobierno continuó involucrado en la organización del evento y que, por lo tanto, los tres jerarcas acusados cometieron los delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional y prevaricación. Entre otras cosas, el juez dice en su escrito que el gobierno mantuvo sus contactos con empresas privadas que prestaron distintos servicios, como el de facilitar computadoras para la votación o armar un centro de prensa. También señala que se continuó con la confección de las urnas y las papeletas, que fueron hechas por personas presas en cárceles catalanas.
Mas es responsabilizado por haber sido el presidente del gobierno catalán en ese entonces. Ortega, que era la vicepresidenta, está acusada porque la Gobernación, que estaba a su cargo, fue la que pagó a las empresas contratadas para prestar servicios, y Rigau, entonces ministra de Enseñanza, por ceder los centros educativos para la votación. Hay un cuarto político que es investigado, el ex portavoz del gobierno Francesc Homs, pero como ahora es diputado cuenta con fueros y su caso lo trata el Tribunal Supremo.
El escrito de Abril no da inicio al juicio, ya que este tiene que ser solicitado por la Fiscalía o por alguna de las organizaciones que son acusadoras en el caso, algo que se espera que suceda en los próximos días. Convergència Democrática, el partido de Mas, ya anunció que presentará un recurso contra el escrito presentado por el juez.
Neus Munté, la vicepresidenta y portavoz del actual gobierno catalán, también dominado por Convergència Democrática, dijo que este “es un juicio político desde el primer minuto” y lamentó “los movimientos tácticos por parte de la Fiscalía, que siempre benefician a los mismos”, en referencia al gobierno español. Además, la vicepresidenta vinculó este juicio con las revelaciones de la semana pasada: las grabaciones de conversaciones previas a esta consulta popular en las que el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, intentan reunir pruebas para acusar a los líderes del proceso soberanista y desprestigiarlos. “Estos días hemos asistido a la publicación de la prueba de cómo desde las cloacas del Estado se ha intentado que no se pusieran las urnas, pero se pusieron”, señaló.
En su cuenta de Twitter, el partido Candidatura de Unidad Popular, que funciona mediante asambleas, manifestó su rechazo al juicio contra Mas, Ortega y Rigau, y agregó: “Nos declaramos inductores y cómplices necesarios, y lo volveremos a hacer”.