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Internacional | Miércoles 29 • Junio • 2016

Cristina Fernández. Foto: Walter Díaz (archivo, agosto de 2015)

Balanza inclinada

El cambio de gobierno en Argentina llegó con una serie de causas judiciales contra el kirchnerismo.

El juez argentino Julián Ercolini solicitó que se levante el secreto fiscal para la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, hoy diputado, para investigar el crecimiento patrimonial de la familia. Además, la diputada Margarita Stolbizer sumó ayer una nueva denuncia contra Fernández, en este caso por sus negocios hoteleros en Calafate. Mientras tanto, avanzan las investigaciones sobre el empresario Lázaro Báez, quien, según los medios argentinos, denuncia que el juez que está a cargo de su causa “se concentra en su familia” sin investigar otras puntas del caso.

¿Por qué las investigaciones judiciales se aceleraron desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri, en diciembre? Según la diputada Elisa Carrió, durante el anterior gobierno hubo encubrimiento por parte de actores judiciales: “Si denuncio hace diez años y nunca hiciste nada, estabas encubriendo”, aseguró. Por su parte, Margarita Stolbizer, ex candidata presidencial y hoy diputada que se ha destacado en Argentina por presentar diversas denuncias de corrupción, lo atribuye a un atraso. La diputada descartó que haya una “persecución política” del macrismo al kirchnerismo, como han denunciado varios ex funcionarios investigados, pero sí considero que hay “una persecución judicial que, si se quiere, viene demorada”.

Las sospechas acerca de la relación que mantenían el gobierno anterior y el Poder Judicial se repiten después de que La Nación y Clarín informaran que el empresario Lázaro Báez declaró a la Justicia que en setiembre, cuando fue a Olivos para reunirse con Fernández, se encontró con el juez Sebastián Casanello esperando para entrar a una reunión con la mandataria. Báez dijo esto como un argumento para pedir que Casanello no se ocupe más de la investigación judicial en su contra, después de saber que sus cuatro hijos serán indagados. Según informó Clarín, citando a personas que estuvieron en la sala durante la declaración de Báez, sin identificarlas, el empresario dijo: “No entiendo por qué estoy detenido, ni por qué la diferencia con la doctora Fernández, que vino a declarar, hizo un acto y ahora está en su casa. Yo vine a declarar y estoy preso”. Tanto Casanello como Fernández negaron que haya existido ese encuentro.

Carrió, por su parte, sospecha que parte de ese involucramiento se dio por medio de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, una funcionaria designada por Fernández que el actual gobierno ha intentado remover, sin lograrlo. Ayer la diputada presentó un pedido de juicio político contra Gils Carbó por “una serie de conductas irregulares”, entre ellas “maniobras tendientes a encubrir, a través del ejercicio de sus funciones, a funcionarios o personas del círculo de confianza más cercano” de Fernández.

En todo caso, el avance judicial existe y el kirchnerismo ve aumentar, día a día, las denuncias, tanto en la prensa como en la Justicia, en contra de ex jerarcas de gobierno.

“La Justicia suele tener sobreactuaciones con allanamientos e indagatorias, pero en realidad lo importante es que [los casos] vayan rápidamente a juicio, que haya un juez que diga si [el acusado] es culpable o inocente, y, si son fondos públicos, que vuelvan al Estado”, dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, a los medios argentinos. Además pidió que el Consejo de la Magistratura, órgano que supervisa la actividad de los jueces, cumpla con su función. Según Garavano, Macri quiere que el consejo empiece a tomar un mayor papel de liderazgo.

Mientras tanto, los juicios contra el kirchnerismo avanzan contra la propia ex presidenta. El lunes el juez Julián Ercolini ordenó que se levante el secreto fiscal para Fernández y sus dos hijos, para conocer cómo fue el crecimiento del patrimonio de todos ellos. Los tres son investigados por presuntas irregularidades en el negocio hotelero que la familia mantiene en Calafate, causa conocida como “Hotesur”. Se sospecha que hubo lavado de dinero o pago de sobornos en el alquiler a Báez y sus empresas de varias habitaciones de esos hoteles.

En el marco de esta causa, Stolbizer acusó a Fernández de encabezar una asociación ilícita para enriquecerse. Según la diputada, que ha presentado varias denuncias contra ex funcionarios, la ex presidenta heredó un esquema de corrupción montado por su marido: “Tuvo la oportunidad de cortar con los negocios que Néstor Kirchner hacía, [pero] decidió continuarlos”. Este esquema, dijo en declaraciones a varios medios, consistía en que los Kirchner beneficiaban a determinados empresarios con los contratos de obra pública y estos devolvían parte de ese dinero por medio del alquiler de habitaciones en los hoteles del matrimonio. “Es imposible pensar que ella pudo tener algún nivel de inocencia o que se le escapara lo que ocurría”, dijo. También afirmó que los ex funcionarios que están detenidos -entre ellos el ex secretario de Obras Públicas José López- son “los que tenían el papel protagónico de llevar y traer”, pero “no son los dueños del negocio”.


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