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Internacional | Miércoles 01 • Junio • 2016

Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Foto: Marvin Recinos, Afp

Caminos opuestos

Almagro pidió al Consejo Permanente de la OEA que aplique la Carta Democrática por Venezuela.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer que demandará a la mesa directiva de la Asamblea Nacional, el parlamento de su país, por “pedir la intervención en Venezuela de organismos internacionales”. El órgano legislativo, en el cual la oposición es mayoría, pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que invoque la Carta Democrática. Ayer Almagro accedió a hacerlo.

“He decidido mañana mismo, a través de la Cancillería y la Procuraduría General de la República, meter una demanda contra la directiva de la Asamblea Nacional por usurpar funciones constitucionales exclusivas del presidente de la República”, dijo ayer Maduro. Aseguró que quienes integran la mesa directiva del parlamento unicameral venezolano, todos de la oposición, pidieron “la intervención en Venezuela de organismos internacionales” como parte de una “conspiración”. Agregó: “La Carta Democrática busca abrirle las puertas a una intervención gringa en Venezuela”.

Otros integrantes del gobierno venezolano dijeron lo mismo: que la solicitud de Almagro de que se aplique la Carta Democrática a Venezuela forma parte de una conspiración que tiene como fin último la intervención extranjera en ese país.

La Asamblea Nacional solicitó a Almagro formalmente que active la Carta Democrática “antes de que sea demasiado tarde”, con el objetivo de frenar un “proceso de desmantelamiento de la institucionalidad democrática” y “evitar que se agrave la crisis humanitaria”. La invocación que hizo el secretario general de la OEA ayer abre un proceso de reuniones, votaciones y negociaciones que podrían derivar en la suspensión temporal de Venezuela como Estado miembro.

Días antes, el oficialismo venezolano había llamado a sus seguidores a manifestarse contra la injerencia “colonialista” y “brutal” de la OEA. Las movilizaciones fueron convocadas por el alcalde del municipio de Caracas para hoy y el sábado.

El embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, dijo que “no están dadas las condiciones para decir que en Venezuela hay un quiebre institucional de la democracia”. Es la primera vez que se toma una decisión como esta en la OEA, informó la agencia de noticias Efe. Después de que se solicita la activación de la Carta Democrática, el Consejo Permanente del organismo debe aprobar esa solicitud con dos tercios de los votos (18 de 35). Almagro convocó a una reunión de ese consejo entre el 10 y 20 de junio para “atender la alteración del orden constitucional” que “afecta gravemente el orden democrático” de Venezuela. En caso de que la solicitud sea aceptada, el consejo puede adoptar distintas medidas, como llevar adelante gestiones diplomáticas para “promover la normalización de la institucionalidad democrática” o directamente suspender al país que es objeto de la solicitud.

El momento elegido

La decisión de Almagro sorprendió a unos y a otros, sobre todo por el momento en el que se conoció. Se había hecho pública cuando Argentina solicitó que hoy se realizara una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para “tratar la situación” venezolana. Anoche el gobierno argentino anunció que someterá a votación una propuesta para “identificar, de común acuerdo, algún curso de acción” que colabore con “la búsqueda de soluciones frente a la difícil situación” que vive Venezuela.

Además, otro organismo regional, la Unión de Naciones Suramericanas, promueve un diálogo indirecto entre el oficialismo y la oposición de Venezuela. El fin de semana se reunieron con representantes venezolanos -por separado- los ex presidentes de España José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá Martín Torrijos y de República Dominicana Leonel Fernández. Para no entorpecer el diálogo, no se informó de las reuniones hasta que estas concluyeron. No hubo resultados de esos encuentros, pero los representantes internacionales que participaron dijeron que se trató de un primer intento y que quedaba camino por recorrer.

Ayer se divulgó una declaración de los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile y Uruguay en respaldo a esta iniciativa. “En estos momentos de profunda preocupación por la democracia y los derechos humanos y por el futuro político, económico y social en Venezuela, manifestamos nuestro apoyo a este esfuerzo de entendimiento y diálogo y a los procedimientos constitucionales tal como el relativo al referéndum revocatorio”, dice la declaración, publicada en la página web de la cancillería chilena.

Mientras se trabajaba en esas iniciativas, Almagro dijo en una entrevista publicada por el semanario Búsqueda que el gobierno venezolano “solo se está preocupando de conseguir mecanismos para mantenerse en el poder”, y agregó que “eso definitivamente no es de izquierda”. Estas declaraciones fueron criticadas por Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y El Caribe, que reúne a 63 partidos de 32 países de la región, entre ellos el Partido Socialista Unido de Venezuela, que gobierna ese país. Pichardo dijo que las declaraciones de Almagro fueron “imprudentes” y “sólo entorpecen” los intentos de mediación.

Sus argumentos

Almagro pidió la aplicación de la Carta Democrática sobre Venezuela en el marco de un informe que publicó ayer y que recoge denuncias que hace la oposición. Este repasa, entre otras cosas, la aplicación del estado de excepción y emergencia económica decretado por Maduro y la constante anulación, por medio de la Justicia o del veto, de las normas aprobadas por la Asamblea Nacional.

“En Venezuela existe una alteración del orden constitucional democrático, derivada de una gradual, sostenida y sistemática erosión de la democracia”, dice Almagro en el informe. Afirma que se utilizó al “poder público” para interrumpir “las actividades de grupos opositores y de medios de comunicación” y que se recurrió a un “uso injustificado de los estados de emergencia”. También señala que existió una “violación de los frenos y contrapesos propios de la separación e independencia de los poderes del Estado” y una “interferencia arbitraria, inconstitucional o ilegal en las deliberaciones del Poder Judicial o Poder Electoral”.

En el informe también se señalan algunas declaraciones del presidente que son “claramente sintomáticas de un sistema político resquebrajado y en estado terminal de erosión democrática”. Entre ellas, se incluye lo que dijo Maduro en una rueda de prensa a mediados de mayo: “La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política, es cuestión de tiempo para que desaparezca”. También aparecen las declaraciones de otros líderes oficialistas, como el ex presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, que acusó de traidores de la patria a “todos esos señores que andan dándole la vuelta al mundo hablando mal de este país”, y advirtió: “No van a salir de la revolución bolivariana”. Además, figuran declaraciones del ministro de Defensa, el general en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionalistas Bolivarianas, quien se sumó a las denuncias de Maduro de que hay un intento de “golpe de Estado en desarrollo” contra el gobierno venezolano.

El informe dice que “las soluciones políticas a la hora de la verdad las da el pueblo en las urnas” y que convocar a un referéndum revocatorio, tal como está haciendo la oposición, “no es ser golpista”, sino que “ser golpista es anular esa posibilidad constitucional de que el pueblo se exprese. O diferirla. O ponerle obstáculos”. Almagro parece referirse en este tramo a las trabas que encuentra la convocatoria al referéndum: la oposición reunió las firmas, que la justicia electoral está revisando, pero los representantes del gobierno venezolano han advertido durante esa revisión que miles de firmas son fraudulentas. La oposición acusa al gobierno de querer estirar el proceso de la convocatoria porque, según la Constitución, si el referéndum revocatorio tiene lugar antes de que comience el quinto año de mandato de Maduro (en abril) se debe convocar a elecciones, pero si se realiza después, la presidencia la asume el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.

“En la situación actual que vive Venezuela […] no se puede más que concluir que estamos ante alteraciones graves al orden democrático”, dice Almagro, que pide al Ejecutivo “cambios inmediatos” si no quiere “caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad”. Tras estas advertencias, Almagro convoca al Consejo Permanente para que evalúe aplicar la Carta Democrática.


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