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Internacional | Miércoles 15 • Junio • 2016

Luiz Inácio Lula da Silva participa en una protesta contra el presidente interino Michel Temer, el 10 de junio, en San Pablo, Brasil. Foto: Miguel Schincariol, Afp

Causas varias

Las investigaciones judiciales y parlamentarias avanzan en Brasil.

Ayer hubo varias novedades en Brasil que afectan las investigaciones judiciales y parlamentarias: el juicio político contra Dilma Rousseff, el proceso en el Comité de Ética contra el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y la investigación contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. También el ambiente político sigue moviéndose: tanto Rousseff como su sustituto interino, Michel Temer, operan para intentar mantenerse en la presidencia.

El proceso que el Comité de Ética de la Cámara de Diputados llevó adelante contra el ahora ex presidente de la cámara baja fue el más largo de su historia, informaron ayer los medios brasileños. La historia del proceso contra Cunha en esta comisión es la de la oposición política entre el gobierno de Rousseff y Cunha, quien pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño pero se identificó como opositor del gobierno cuando su partido todavía lo apoyaba.

Cuando surgieron las primeras denuncias de corrupción en Petrobras, Cunha utilizó su cargo de presidente de la Cámara de Diputados para impulsar la creación de una comisión parlamentaria que las investigara, pese a la oposición del gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Al declarar ante esa misma comisión, Cunha aseguró que no tenía cuentas en el extranjero, pero el avance de la misma investigación en la Justicia reveló que sí las tenía. Llegó al Comité de Ética de la cámara baja una propuesta para investigar a Cunha y, según denuncian el PT y ex jerarcas, él reclamó apoyo para evitar esa investigación. De lo contrario, amenazó, impulsaría alguno de los pedidos de juicio político contra la presidenta. El PT se negó a darle su apoyo y el avance del juicio político en el Congreso llevó a que Rousseff fuera apartada de la presidencia.

Desde que comenzó el proceso, Cunha utilizó todos sus recursos para evitar su avance, a tal punto que estas maniobras forman parte de los argumentos que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) cuando pidió que fuera separado de su banca de diputado. Ese pedido fue aceptado por el Supermo Tribunal Federal (STF), que lo suspendió en sus funciones.

Ya fuera de la cámara, Cunha siguió presionando para que el proceso fracasara, algo que se temía que sucediera ayer, cuando estaba previsto que fuera la votación de la comisión. Pero quedó en evidencia que la separación del cargo llevó a una reducción en la eficacia de sus presiones: se hizo la votación y la conclusión del Comité de Ética de la Cámara de Diputados, por 11 votos contra nueve, es que Cunha debe ser separado de su cargo. Esa es la conclusión del informe que fue aprobado, que ahora será elevado al pleno de la cámara baja, donde debe ser aprobado o rechazado por mayoría simple.

Pero las novedades de ayer para Cunha no terminaron ahí: un juez aceptó una denuncia civil del Ministerio Público Federal por irregularidades administrativas (cometidas en el contexto de actos de corrupción en Petrobras). Como consecuencia, congeló bienes y recursos financieros y levantó el secreto fiscal suyo y de su esposa. El Ministerio Público pidió que, si Cunha es encontrado culpable, sus derechos políticos sean suspendidos durante diez años, con lo cual quedaría inhabilitado para ser electo.

Además, Cunha tiene en su contra un pedido de prisión preventiva emitido por la PGR que está siendo estudiado en el STF por Teori Zavascki, quien dirige la parte de la Lava Jato que afecta a los jerarcas que tienen fuero privilegiado. Ayer Zavascki decidió rechazar los pedidos de prisión que la PGR presentó contra el presidente del Senado, Renan Calheiros, el senador Romero Jucá y el ex presidente José Sarney.

A todo trapo

Zavascki definió otro aspecto que tenía pendiente: el futuro de las investigaciones contra Lula. Estas eran realizadas por el juez de Curitiba Sérgio Moro, que en marzo ordenó la detención de Lula para que declarara ante la Policía Federal, pero llegaron al STF porque en ellas se involucró a Rousseff, protegida por el fuero privilegiado, quien incluso fue grabada en una conversación con Lula. Cuando Rousseff designó ministro a Lula, Moro decidió levantar el secreto judicial de las conversaciones, argumentando que la población merecía conocer su contenido. Algunos medios brasileños, como la red O Globo, interpretaron de esos intercambios que Rousseff estaba intentando proteger a Lula de la Justicia al designarlo ministro. La difusión de esas conversaciones hizo que otro juez del STF suspendiera la designación de Lula y generó protestas contra el gobierno en varias ciudades de Brasil.

Zavascki anuló la validez como prueba de esas conversaciones porque fueron grabadas fuera del horario autorizado por la Justicia para las escuchas, y advirtió a Moro que es “grave” que haya hecho juicios de valor sobre la conducta de personas que tienen derecho a fuero privilegiado, porque está cometiendo una “usurpación de competencia” al STF. Sin embargo, Zavascki envió de vuelta al juez de Curitiba las investigaciones que recaen sobre Lula, ya que el ex presidente no ocupa ningún cargo por el cual tenga fuero privilegiado. Entre otras cosas, Moro tiene pendiente definir un pedido de prisión preventiva contra Lula presentado por el Ministerio Público de San Pablo por lavado de dinero y falsedad ideológica. Consultados por diarios brasileños, aliados del ex presidente manifestaron su temor a que el juez decida aceptar esa solicitud para demostrar firmeza en la investigación.

Otros juicios

En la Cámara de Senadores de Brasil avanza el juicio político contra la presidenta brasileña, que es realizado por una comisión de senadores bajo la supervisión del presidente del STF, Ricardo Lewandowski. En los últimos días el tema principal fue un pedido de la defensa de Rousseff, en manos del ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, para que expertos en finanzas realizaran una nueva auditoría sobre las cuentas del gobierno de forma de determinar si existió un delito de responsabilidad. La defensa argumenta que el rechazo a las cuentas del Tribunal de Cuentas de la Unión no es imparcial, porque este es un órgano dependiente del Congreso, que está dominado por la oposición. Pero la comisión de senadores consideró que la petición era una estrategia para dilatar el proceso. Cardozo recurrió a una de las herramientas del juicio político: una apelación ante Lewandowski, que admitió su solicitud y ordenó que se realice el peritaje. Si bien esto retrasa los plazos, se espera que la decisión final sobre el juicio político sea tomada a mediados de agosto.

Otra cuestión es cuál será el resultado y qué pasará después. Tanto Temer como Rousseff están reuniéndose con senadores para intentar disuadirlos de votar según sus intereses, pero también recurren a otras gestiones: la semana pasada Rousseff anunció que apoya la alternativa de convocar a un plebiscito para que los brasileños decidan si quieren nuevas elecciones presidenciales, una posibilidad a la que Temer se opone a toda costa. Este gesto era pedido por varios senadores que todavía no definieron si votarán a favor o en contra de la presidenta.

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