Las caras de satisfacción de los integrantes del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA), tras la reunión que mantuvieron con el presidente Tabaré Vázquez el 1º de junio por el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, fueron todo un balance. Los planteos centrales realizados por el FA fueron recogidos en su totalidad, según se anunció en la conferencia: no aumentar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ingresos inferiores a 50.100 pesos, no topear las deducciones en las franjas más bajas del gravamen y no postergar los gastos educativos y de investigación de 2017 a 2018, como estaba previsto originalmente en la propuesta del Poder Ejecutivo.
El propio Vázquez declaró, tras el encuentro, que se dejaba sin efecto la medida de postergación de gastos en esas áreas. Sin embargo, para algunos sectores del FA se encendió una luz de alerta cuando el 6 de junio el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, oficializó los cambios, también en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. En esa instancia, Astori sostuvo que, en cumplimiento del acuerdo con el FA, no se postergarían los gastos de 2017 de la Agencia para el Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), el Instituto Pasteur, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim).
En cambio, según confirmaron a la diaria fuentes del Ejecutivo, se mantiene la decisión de postergar hasta 2018 los gastos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), de la Universidad de la República y del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), que es el grueso del gasto que se había propuesto diferir. Sectores del FA como el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista (PS) se manifestaron sorprendidos y en desacuerdo con esta decisión, que entienden que va en dirección contraria al acuerdo logrado en la reunión del Secretariado con Vázquez.
“Estamos preocupados, porque en la conferencia Tabaré dijo que quedaba sin efecto la postergación de gastos, y eso fue lo que Lucía [Topolansky] transmitió a la bancada, pero Astori dijo que los únicos gastos que no se van a tocar son los de innovación”, declaró a la diaria la diputada del MPP Lilián Galán, integrante de la comisión de Hacienda, organismo que estudiará el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas una vez que ingrese al Parlamento. La legisladora advirtió que, si bien la bancada está dispuesta a no volver a negociar la tributación porque surgió de un acuerdo entre el gobierno y la fuerza política, sí está “con las manos libres” para modificar lo dispuesto en relación a la postergación de los gastos de educación.
El sábado, durante un debate tributario que se realizó en La Huella de Seregni, organizado por los comités del FA de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (Udelar), el dirigente socialista Daniel Olesker también expresó su “particular preocupación por el diferimiento de los gastos” de la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, el INAU y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Remarcó que se trata de una reducción de gastos, y no de una postergación, ya que lo que no se gasta en 2017 no va a gastarse luego, y que eso dificulta, por ejemplo, que se llegue al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. Advirtió que el gasto que se posterga, por ejemplo en la Udelar y el INAU, corresponde a salarios, y que hay convenios firmados que corren el riesgo de no cumplirse. “Es un problema político importante”, advirtió Olesker.
Hegemonía y credibilidad
En el debate participaron Olesker, el dirigente socialista Fernando Isabella, el diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía y el economista del FA Jorge Notaro. Isabella remarcó la importancia de dar la batalla por la hegemonía cultural contra el concepto de que “cada uno gana según su esfuerzo”. Mahía dijo que en esto hay “una cuestión de clase”, porque “hay mucha gente que se levanta muy temprano y gana muy poca plata y ni siquiera llega a tributar IRPF”. Isabella sostuvo que “el mercado no distribuye según mérito; no es verdad que gana más el que se esfuerza más. Hay miles de personas que se rompen el alma trabajando de sol a sol y no pagan IRPF”. Mencionó, entre otros datos, que 70% de los primeros empleos se consiguen por contactos, y en eso son centrales las redes sociales que tiene cada individuo. “Si no logramos generar conciencia de eso, no va a haber reforma que aguante, ahí vamos a perder a largo plazo”, advirtió.
Notaro dijo que uno de los efectos de las medidas adoptadas podría ser la pérdida de credibilidad del FA. “¿Habrá militancia política del FA capaz de demostrar que es una necesidad histórica [el ajuste tributario] y que el FA no pierda credibilidad? ¿Se gana adherentes o se expulsa adherentes? ¿Se contribuye a la paz social o se agudizan los conflictos con el movimiento sindical y con la Udelar?”, preguntó. Mahía reconoció que el FA “se comprometió con determinadas metas en la campaña y después no las pudo sostener”, pero que eso se debió a que cambió la coyuntura económica. Hubo señalamientos críticos a la magnitud del déficit fiscal en el segundo gobierno del FA y dudas sobre si la rebaja del IVA efectivamente tendrá un efecto redistributivo, ya que sólo beneficiará a quienes utilizan tarjetas.
Olesker e Isabella recordaron los planteos del PS de subir las tasas del Impuesto al Patrimonio, elevar el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales y eliminar la devolución del Fondo Nacional de Salud. Olesker mencionó la posibilidad de incorporar títulos de deuda pública al IRPF que grava el capital y topear los sueldos de los directores de las empresas públicas no estatales, y remarcó que se necesita lograr recursos que superen el punto de déficit que se procura reducir. “No es defendible el cambio al IRPF si no hay cambios en la tributación del capital”, sostuvo.