Mañana se presentará la publicación Estimación del Gasto Público Social en Adolescencia y Juventud para Uruguay, que abarca el período 2010-2013. Es un proyecto de investigación que compara el gasto público social en adolescentes y jóvenes (de 15 a 29 años) en Colombia, México, Uruguay y El Salvador, pero ahora se presentan sólo los datos de Uruguay. El estudio local fue elaborado por Maira Colacce, Pilar Manzi y Victoria Tenenbaum -investigadoras de la oficina montevideana de la Comisión Económica para América Latina- con la coordinación general del Instituto Nacional de la Juventud (Inju) y la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, y el financiamiento y apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
En diálogo con la diaria, Santiago Soto, director del Inju, comentó que “es un avance” tener una estimación oficial del gasto público social en juventud, y agregó que esta experiencia contribuyó a desarrollar capacidades que ahora quedarán instaladas y podrá replicarse la metodología utilizada.
Hablando en plata
Durante los cuatro años analizados creció el gasto público social general: en 2010 representaba 23% del Producto Interno Bruto (PIB) y en 2013 se elevó a 27%. El gasto público social en juventud, específicamente, se vio favorecido por el crecimiento social del PIB y del volumen destinado al gasto público social, pero se mantuvo estable en el período, representando 15% de este y 5% del PIB.
El informe constata que el gasto público social tiene una forma de U, puesto que las mayores proporciones se las llevan los sectores de niñez y adolescencia, y adultos mayores. Esa diferencia se ve claramente si se considera que la población joven representa 22% de la población total y recibe 15% del gasto, recoge el informe.
Alrededor de 46% del gasto público social en adolescencia y juventud lo concentra la educación. Se incluye allí el gasto en enseñanza media y terciaria; se consigna que 85% de quienes cursan educación secundaria concurren a centros educativos públicos y que casi 80% de los universitarios asisten a la Universidad de la República. Le sigue el gasto en salud, que representa 27%; allí se engloban los aportes de trabajadores, empleadores y del Estado al Fondo Nacional de Salud y lo que cubre la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
A las categorías de educación y salud (que juntas suman tres cuartas partes del gasto destinado a adolescencia y juventud) les siguen las categorías de asistencia social, trabajo, agua potable y vivienda. De acuerdo al informe, alrededor de 8% del gasto público social está destinado a la asistencia social, “lo que es considerablemente menor a lo que representa la función de seguridad social sobre el total del gasto público social (cifras cercanas al 50%)”; dentro de ese ítem están las políticas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, asignaciones familiares, apoyo alimentario (Tarjeta Uruguay Social) y pensiones por invalidez y supervivencia. El gasto en trabajo representa 7%; dentro de él se incluyen los seguros de desempleo, enfermedad y maternidad. Las categorías ciencia, tecnología y cultura y servicios urbanos (principalmente agua y saneamiento) concentran menos de 2% del gasto público social en juventud.
¿Qué corresponde a cada tramo etario? La mayoría del gasto público social en jóvenes es invertido en el tramo que va de 18 a 24 años (46%). Sin embargo, “cuando se analiza el gasto en relación a la composición de la población” se observa que el primer tramo (15 a 17 años) representa un porcentaje del gasto mayor que el de la población que engloba, mientras que en el último tramo acontece lo opuesto. “Para el tramo intermedio el gasto es un porcentaje similar al que representa en la población”, se afirma en el informe. La explicación de estas diferencias es que el gasto en educación “disminuye a mayor edad: entre los más jóvenes este gasto representa 61% del total, mientras que entre los mayores no alcanza 30%”. En cambio, el gasto en salud es mayor para la franja que va de 25 a 29 años, y las autoras explican esta diferencia porque “el Estado otorga mayores recursos para la atención sanitaria de mujeres en edad reproductiva”. Al revés de lo que ocurre con la educación, el gasto en trabajo aumenta con los años, “ya que hay más jóvenes en el mercado de trabajo, y por lo tanto mayor cantidad de beneficiarios de políticas laborales”. Según el estudio, el peso del resto de las categorías es estable en cuanto a los tramos etarios.
El informe concluye que el gasto en educación es “prácticamente el único gasto relevante que le llega a esta población por su condición exclusiva de ser joven” y señala que el gasto en salud “es del que se benefician la mayoría de los ciudadanos, y si bien existe algún programa específico para jóvenes, el peso de estas iniciativas es poco significativo en términos de presupuesto”. Con respecto a la asistencia social, constata que “a pesar de que hubo esfuerzos en los últimos años por aumentar la oferta de programas para población joven en situación de vulnerabilidad (como aquellos que no estudian ni trabajan), la importancia de estos programas en términos de recursos continúa siendo escasa”, y llega a los jóvenes no tanto por su condición de tales, sino por ser políticas focalizadas en la pobreza. Se señala, además, que 99% del gasto específico se destina a educación y que eso “implica que aquellos jóvenes que se desvinculan del sistema educativo quedan desvinculados también de los servicios que el Estado destina directamente para ellos”.
Soto saludó el incremento en el gasto público social en juventud de los últimos años y mencionó la necesidad de desarrollar instrumentos que lleguen a los tramos de adolescencia tardía y juventud, porque a los jóvenes “a medida que salen del sistema educativo les llega en menor medida el gasto público social”. Dijo, por ejemplo, que a medida que crecen reciben el gasto en salud y en asistencia específica, sobre todo a los que forman su familia, pero este tiene un peso decreciente a medida que van saliendo del sistema educativo. Señaló, también, la conveniencia de aumentar los subsidios específicos al empleo, lo que se notará con la implementación de la Ley de Empleo Juvenil.