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Internacional | Lunes 20 • Junio • 2016

Villa Olímpica en Río de Janeiro, el 15 de junio. Foto: Beth Santos, Afp

Demasiados costos

Amnistía Internacional advierte que los Juegos Olímpicos no pueden tener lugar “a costa de la supresión de derechos”

El gobierno de Río de Janeiro declaró el estado de calamidad pública en sus finanzas, con el objetivo de terminar obras que todavía tiene pendientes para los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 5 de agosto. La declaración le permite al gobierno carioca obtener hasta 840 millones de dólares de recursos nacionales, aumentar su déficit fiscal endeudándose y tomar medidas excepcionales para reducir el gasto público.

Sin embargo, esto será insuficiente para conseguir los recursos necesarios para terminar con las obras, reconoció el gobernador interino, Francisco Dornelles. “El decreto es una forma de llamar la atención de toda la sociedad de Río de Janeiro sobre los problemas que atraviesa el estado y abre el camino para que tomemos medidas muy duras en la administración”, dijo. Dornelles agregó que todavía no sabe qué medidas se tomarán, ya que estas serán discutidas con el gobierno nacional. La Federación de Industrias carioca consideró que el decreto es insuficiente y debe ser “complementado” con privatizaciones y una “reestructuración” de las cuentas públicas.

Por su parte, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, dijo en su cuenta de Twitter que la situación financiera del estado no atrasará la entrega de las obras olímpicas “ni los compromisos asumidos por Río” para ese evento.

Varias organizaciones criticaron la declaración del estado de calamidad, ya que permite hacer recortes en sectores clave, como salud, educación y seguridad. En particular, Amnistía Internacional (AI) señaló que este decreto puede “agravar más” la situación en cuanto a la seguridad pública. Para la organización, lo que “necesita” hacer el estado es aumentar los recursos para preparar a las fuerzas de seguridad para “no repetir las violaciones de derechos humanos” registradas durante el Mundial de Fútbol de 2014. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro no pueden llevarse adelante “a costa de la supresión de derechos”, dijo la organización en un comunicado.

A fines de mayo AI advirtió que Brasil está repitiendo los “graves errores” en su política de seguridad pública y uso de la fuerza policial que cometió durante el Mundial y que llevaron a un aumento del número de homicidios y distintos tipos de violaciones de los derechos humanos cometidos por funcionarios de seguridad. La advertencia figura en un informe en el que se enumeran varios casos denunciados en los últimos años en los que las fuerzas de seguridad dispararon contra civiles, en su mayoría jóvenes negros, que no estaban cometiendo ningún delito.

La organización señala que en 2014, cuando se jugó el Mundial de Fútbol en Brasil, aumentó el número de homicidios como resultado de intervenciones policiales en la ciudad de Río de Janeiro. El récord de los últimos años fue en 2007, cuando se cometieron 902, y en los años siguientes la cifra disminuyó, pero desde 2013 volvió a crecer y causó preocupación en organizaciones militantes por los derechos humanos. En 2013 fueron 224 los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad, en 2014 el número aumentó a 244, y en 2015 a 307.

“Las autoridades brasileñas están fallando al no garantizar que los agentes de seguridad pública cumplan las leyes y normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego”, criticó a comienzos de junio el director de AI en Brasil, Atila Roque, en la presentación del informe. Además, el documento de la organización internacional recuerda que hubo detenciones arbitrarias y represión desmedida en las protestas contra el Mundial de 2014.

AI también se sumó a las críticas a la Ley Antiterrorista, que según varias organizaciones civiles es demasiado vaga y permite reprimir las movilizaciones pacíficas. Las críticas se mantienen aunque en la ley, que ya fue promulgada, se haya eliminado un segmento que calificaba de terroristas a los “extremistas políticos” y se haya incluido un artículo que aclara que la ley “no se aplica a la conducta individual o colectiva de personas en manifestaciones políticas”, entre otras modificaciones.

La Ley Antiterrorista no es la única que Brasil aprobó para la celebración de los Juegos Olímpicos: otra es la Ley General de las Olimpíadas. Esta también impone “restricciones a los derechos de libertad de expresión y de manifestación pacífica”, advirtió Roque.

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