En los últimos días hubo algunos movimientos en torno a los reclamos que viene realizando el sindicato del gas desde hace más de un año sobre la “deficitaria gestión” de Petrobras al frente de MontevideoGas. Después de alcanzar un preacuerdo con los ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el martes 31, la gremial, reunida ayer en asamblea general, ratificó su firma y levantó la huelga de hambre prevista. También concurrió a la comisión de Legislación del Trabajo, donde consiguió apoyo de los representantes, quienes acordaron solicitar una reunión a la empresa para manifestar su “preocupación”.

Según contó el presidente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, Martín Guerra, a la diaria, se trata de un acuerdo que constituye una “impasse” hasta que se resuelva la instalación de la planta regasificadora en Puntas de Sayago. Lo “más importante” es que el MIEM “reconoció” los problemas planteados por el gremio sobre la gestión de Petrobras, y manifestó su preocupación”. Entre otros, los reclamos refieren a la pérdida de usuarios (desde 2005 se han perdido más de 5.000, totalizando al día de hoy unos 40.000) y la falta de inversión, en particular, en la flota vehicular, que, “pasada de vida útil”, “resiente la calidad de la atención” del servicio.

Ante estos puntos, el MIEM se comprometió a solicitar una reunión a la empresa para revisar algunos aspectos de su gestión, con “particular hincapié” en los plazos de renovación de la flota de vehículos, la construcción del caño de acero para reforzar la red de distribución y la situación del edificio de 25 de Mayo y Juncal, en el que se ubica su sede actual.

Guerra explicó que la falta de mantenimiento del caño afectó la distribución del servicio, principalmente en los barrios de Pocitos y Punta Carretas, donde se concentra la demanda de gas. El caño de acero que debería construir la empresa aseguraría la “presión adecuada” a los hogares de estas zonas.

En cuanto al edificio de 25 de Mayo y Juncal, sede central de MontevideoGas y propiedad de la Compañía del Gas, el presidente del sindicato contó que la empresa decidió dejar de usarlo. Si bien Petrobras no paga alquiler por ese local -gasta apenas en su mantenimiento-, el sindicato asegura que tiene alquilado desde enero un piso del edificio Plaza Mayor, en Plaza Independencia, a un costo de 225.000 dólares anuales, monto “sensiblemente superior” al costo de mantenimiento del primero.

Según Guerra, el edificio propiedad de la Compañía del Gas tiene dos pisos vacíos y fue catalogado por el gerente general de la empresa, Carlos Bellomo, como un inmueble “en perfectas condiciones”, en una nota oficial enviada el 29 de abril al MIEM, por lo que “no se entiende el beneficio de esta medida, menos cuando la empresa se manifiesta en crisis”.

La asamblea general valoró como “un paso positivo” el preacuerdo alcanzado, por lo que accedió a ratificar el preacuerdo y suspender la huelga de hambre que estaba previsto comenzar ayer si el Ejecutivo no daba respuesta a los reclamos. Aun así, los trabajadores del gas advirtieron que seguirán “atentamente” la evolución de la situación, “en particular la respuesta que le dé la empresa al MIEM respecto de las diferentes iniciativas que comprende el mencionado acuerdo, adoptando, en caso necesario, las acciones pertinentes”.

En el sindicato están “convencidos” de que la empresa se quiere ir del país. “Arrancó hace tres años, cuando le vendió 50% de acciones [de MontevideoGas] a ANCAP, y al día de hoy están en marcha las negociaciones para venderle el 100%; también el paquete que tienen en Conecta, la distribuidora del interior del país”, contó Guerra, quien aclaró que la gremial preguntó varias veces a la empresa si se iba a quedar en el país y “nunca respondieron por sí ni por no”.

Estiman que en el MIEM tienen la misma impresión, y que por eso los movimientos relacionados con esta situación son cautelosos, a efectos de evitar una salida anticipada. La prioridad del ministerio, les han dicho, es “resolver la regasificadora”. “Con el barco regasificador no tienen inconvenientes, porque es muy probable que se logre vender la capacidad [de diez millones de metros cúbicos]; lo que quieren es cerrar el paquete con los inversionistas privados y, sobre todo, asegurarse de que haya alguien que se encargue de llevar el gas de acá a otro lado”, explicó Guerra.

Por otro lado, el sindicato manifestó que Petrobras viola el contrato de concesión desde enero de 2009, cuando cambió -por su propia cuenta- la manera de liquidar el canon por la concesión, acumulando una deuda de más de cinco millones de dólares con el Estado. Los trabajadores preguntaron al MIEM si tenía intenciones de intimar a la empresa por este motivo, y se les respondió que sí, aunque sin adelantar una fecha. “Lo que no quieren es que la empresa se vaya aún, por eso aprietan un poco y no todo; por las dudas”, estimó el dirigente.

El sindicato también compareció ayer ante la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, donde presentaron, una vez más, su situación. Los diputados acordaron enviarle una nota a Petrobras, “mostrando nuestra preocupación por la no resolución de algunos temas y, a la vez, nuestro interés por intercambiar con esta”, explicó a la diaria el diputado frenteamplista Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo), integrante de la comisión.