Ir al contenido

Nacional | Viernes 10 • Junio • 2016

Rafael Giambruno, Ariela Peralta y Juan Faroppa durante la presentación del Estudio cualitativo de la Pensión Especial Reparatoria (PER), ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Foto: Santiago Mazzarovich

Empezar a decir

Estudio concluye que 2005 fue “un punto de inflexión” para la memoria de ex presos políticos.

El objetivo central del estudio realizado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República y presentado ayer en el Parlamento fue analizar el impacto de la Ley N° 18.033, de recuperación de derechos jubilatorios y pensionarios a las víctimas de la dictadura. Pero en paralelo, se buscó trazar la trayectoria de vida de los ex presos políticos durante ese régimen y en años posteriores, según explicó en la presentación Rafael Giambruno, politólogo que tuvo a su cargo el estudio, ante un auditorio compuesto mayormente por beneficiarios de la Pensión Especial Reparatoria (PER). La investigación contó con el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Se realizaron 30 entrevistas en profundidad a 17 hombres y 13 mujeres, entre los que había 22 beneficiarios de la pensión y ocho personas que no la cobran pese a cumplir con las condiciones para hacerlo. 12 de los entrevistados pertenecieron en su momento al Partido Comunista del Uruguay (PCU), diez al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), tres al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), dos a los Grupos de Acción Unificadora (GAU), dos a la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y uno al Partido Comunista Revolucionario. Giambruno aclaró que el estudio no pretendió tener representatividad estadística pero sí abarcar a un grupo heterogéneo de ex presos políticos y personas que estuvieron en la clandestinidad entre 1968 y 1985.

Las personas entrevistadas caracterizaron el período entre 1968 y 1971 como una etapa de “arbitrariedades y detenciones policiales”, mientras que a partir de 1971 prevalecieron la tortura y la prisión sistemáticas. Las violaciones a los derechos humanos del período no sólo afectaron física y psicológicamente a las víctimas directas, sino que los sistemas de hostigamiento y control incluían a las familias de los ex presos.

Una de las conclusiones de la investigación es que existió una “gran ausencia del Estado” entre 1985 y 2005 en las políticas dirigidas a esta población. Los ex presos consultados no recordaban la aprobación en ese período de normativa o políticas que los hayan beneficiado, aparte de la restitución de los funcionarios públicos destituidos por la dictadura durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Otra normativa que se mencionó fue la denominada “ley Batlle”, que buscó completar la causal jubilatoria pero que finalmente benefició a pocas personas, lo que generó frustración.

Giambruno señaló que la reinserción de los presos tras el encarcelamiento dependió de las redes sociales y políticas que cada uno tuviera, de su nivel socioeconómico, su capital social, su edad y su formación, y que el Estado estuvo totalmente ausente en ese sentido. Uno de los ex presos políticos que asistieron a la presentación contó que era albañil y que después de salir de la cárcel estuvo 20 años viviendo en un asentamiento por las dificultades que tuvo para reinsertarse.

A mediano y largo plazo, el efecto más notorio de la dictadura sobre los ex presos es el silencio sobre el pasado reciente, señaló Giambruno. “No se habla del tema o no se habló durante períodos muy largos”, agregó. En este aspecto, hay diferencias entre hombres y mujeres. Mientras los hombres muestran una tendencia mayor a silenciar lo sucedido o a abordarlo usando un “humor ácido”, las mujeres lograron hablar en mayor medida, sobre todo con sus grupos de pares y expresándose por medio de talleres y obras de teatro. El investigador destacó la presentación de la denuncia colectiva por violaciones que realizaron 28 ex presas como un hito en este sentido.

El año 2005 y la asunción del gobierno por parte del Frente Amplio marcó un “punto de inflexión en la memoria” de los entrevistados, que “empezaron a hablar sobre lo sucedido a partir de ese momento”, indicó Giambruno.

Cambios pendientes

El estudio arrojó que la PER dispuesta por la Ley 18.033 tuvo un impacto material, en el sentido de que modificó la situación de vida de la “gran mayoría de los ex presos políticos”, quienes además consideran en términos generales que el monto es adecuado, señaló Giambruno.

En cambio, el impacto simbólico de la medida es “más difuso”, porque “no hay un discurso que legitime la normativa”, advirtió el investigador. En este sentido, la principal dificultad que se plantea es la existencia de una cláusula en la ley por la cual, si la persona tiene ingresos mayores a los de la pensión, debe optar entre uno u otro. Esto “erosiona la legitimidad de la PER” porque en estos términos “se considera que no es una reparación, o es una reparación parcial”, acotó Giambruno. Tanto los asistentes a la presentación como Ariela Peralta, integrante de la INDDHH que tuvo a su cargo los comentarios sobre la investigación, enfatizaron que no es admisible que se pongan condiciones a la reparación, y que debería darse en todos los casos por el solo hecho de haber sufrido violaciones de derechos por parte del Estado. Peralta advirtió que esta disposición contraría las obligaciones internacionales del Estado uruguayo en materia de reparación, y recordó que la primera resolución de oficio que adoptó la INDDHH fue por este tema, en diciembre de 2012. Giambruno explicó que quienes no se acogen a la PER no lo hacen por opción, sino por la existencia de esta cláusula. Un asistente calificó de “absurdo” que le reclamen a una persona que resigne sus derechos jubilatorios para poder cobrar la pensión.

Otra restricción que dispone la ley y que fue cuestionada ayer por los presentes es que no se considera beneficiarios a quienes estuvieron encarcelados o en la clandestinidad antes del 9 de febrero de 1973. Peralta sostuvo que no se garantiza a los beneficiarios un proceso rápido y eficaz y remarcó que la víctima “no debe probar que es víctima” en estos casos, ya que esto se presume por el solo hecho de que haya estado encarcelada o recluida en determinadas condiciones.

“El Estado ha tenido dificultades en el desarrollo de políticas dirigidas a ex presos políticos, no hubo políticas claras, coherentes y sostenidas”, y el colectivo de ex presos políticos “mantiene vulnerabilidades que no se ha logrado subsanar”, concluyó Rafael Giambruno.

Uno de los asistentes sugirió realizar un estudio de los años de vida de los ex presos políticos, y otra le respondió que, según los datos que contabiliza la organización de ex presos políticos Crysol, el promedio de vida en esta población es de 69,5 años, muy inferior a la media de la población del país.

Recuerdos improbables

Para Samuel, María Esther y los demás. Conté los pasos iguales, fantasmales como un eco dieciocho siempre, y la llave. Respiré la sangre ahogué los gritos me replegué, enmudecí como una forma de resistencia. Pensé en mis hijos hasta que escuché los tormentos de otros hijos Viví con el dolor como se vive con la peste siempre pensando un día más, otro día. Por eso creo que mi cédula de identidad miente que algún burócrata descuidado confundió las fechas. Porque sé que estuve ahí y también sé que salí viva y que testificaré sobre el horror aun cuando el horror se haya ido y ustedes también más allá del recuerdo del horror de los lugares donde se esconde o por si acaso vuelve. Testificaré ante cualquier tribunal hasta irme yo también y después. Porque las palabras no se ahogan, no se repliegan ni enmudecen. Respiran. Ustedes lo saben compañeros queridos compañeros. NU

Etiquetas