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Nacional | Miércoles 22 • Junio • 2016

Flor de piedra

Recibimos y publicamos.

De acuerdo con el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la población carcelaria femenina ha crecido 582% entre 2002 y 2015. Del total de mujeres (665 para 2015) que se encuentran recluidas, un importante número lo están bajo la imputación de delitos no violentos, como el microtráfico o transporte de estupefacientes (“mulas”). Ellas se encuentran en los escalafones más bajos del negocio, por lo que están muy expuestas. En general, son madres y jefas de hogar.

Luego de la visita del relator especial sobre Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Manfred Nowak, en 2009, se declaró la emergencia carcelaria. Una de las medidas adoptadas fue abrir la cárcel de El Molino. Pensada como un “centro modelo”, aloja a mujeres que son madres de hijos menores de cuatro años. Contrariamente a lo que ocurre en el resto de las cárceles uruguayas (comparadas por Nowak con las peores de África), El Molino no está superpoblada y, de acuerdo con el informe de 2015 de Serpaj, las condiciones allí son mejores que en los otros centros en términos de infraestructura, ausencia de hacinamiento, educación, salud y trabajo. Allí se vive la privación de libertad de una manera diferente. Valeria Caggiano, de la organización El Abrojo, lo describe como “un centro [donde] está ordenada la vida en función de la presencia de 30 niños preescolares”. Sin olvidar las carencias por las que atraviesa este centro, es mejor que los demás en todo aspecto.

Desde el año pasado avanza una propuesta de cierre de El Molino y de traslado de esa unidad penitenciaria. Los argumentos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Ministerio del Interior (MI) para plantear la necesidad de un traslado son muy atendibles: el edificio presenta problemas de infraestructura y algunos niños sufrieron problemas de salud. Sin embargo, la propuesta en concreto del MI de trasladar a las presas a la planta baja de la Unidad Penitenciaria Nº 5 genera serias dudas. Selva Braselli lo explica muy bien en este artículo. Allí también explica las razones de las presas para rechazar este traslado, que son recogidas y ampliadas por las organizaciones sociales, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, e incluso por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, quien expresó públicamente su preocupación por el espacio donde se pretende alojar a las presas, ya que la planta baja es un lugar que “recibe todas las manifestaciones de protesta y violencia que hay del sistema penitenciario”. Naturalmente, se ve como inconveniente para los niños la permanencia dentro de una cárcel convencional. De cualquier manera, las obras de restauración de la planta baja continúan adelante, dado que no era un espacio para vivienda, sino que allí funcionaban las aulas educativas para las presas de la Unidad Nº 5.

Es al menos curiosa la amplia coalición reunida para oponerse a este traslado: están las mujeres privadas de libertad, las organizaciones y colectivos que trabajan en la cárcel con ellas, organizaciones de derechos humanos, la INDDHH, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y hasta el presidente de la SCJ. Los colectivos nucleados en la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad concurrieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes a plantear el asunto, que convocará a quienes tomaron la decisión. Frente a lo variopinto de esta veloz alianza, el MI continúa avanzando, en soledad, con su propuesta.

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Luego de los violentos sucesos del 27 de mayo en el barrio Marconi, se han dicho y escrito muchas cosas. El Marconi es una constante en los discursos sobre la seguridad en Uruguay. No podemos afirmar que todos los caminos conducen a él, pero parece que es por allí que pasaran. De este lado del muro, sólo llega lo que nos traen corresponsales vestidos a guerra, con cara de preocupados, sobre un fondo de policías también armados a guerra, cuando a través de nuestras pantallas vemos que Marconi deviene Marconistán: una lejana zona de conflicto, a unos minutos del Centro. O “Narconi”, como dicen aquellos que creen que la reproducción sin gracia de todos los lugares comunes reaccionarios es incorrección política. De alguna manera, estos discursos ubican todos nuestros miedos colectivos en ese lugar, tan lejano y tan cercano. Convierten a sus habitantes no ya en ciudadanos, sino en una amenaza. A nadie escapa que si un joven del Marconi omite decir que es de ahí, tiene mayores chances de conseguir un trabajo, por ejemplo.

Seguramente en nuestros imaginarios encontremos muchos posibles vínculos entre la cárcel de El Molino y el Marconi, pero aquí me quiero referir a uno en particular, que tal vez los una más que el delito: la violencia institucional. Por violencia institucional nos referimos al conjunto de actos sistemáticos llevados a cabo por las agencias legitimadas para el uso de la fuerza cuando, en la realización de sus facultades, la institución se exceda en su ejercicio. Puede adoptar diversas formas (desde detenciones arbitrarias, cacheos, agresiones verbales o físicas hasta la tortura y la muerte), y generalmente pesa más fuerte sobre algunos grupos sociales que están en peores condiciones que otros.

A la violencia institucional hay que pensarla más allá de los hechos concretos que sucedan. Forma parte de la experiencia de vida, y corta los relatos de todas las personas involucradas. Los relatos policiales, que se deben al derecho y al registro escrito, omiten el entramado de relaciones sociales que hay detrás de cada “hecho”. Estas son fundamentales para los efectos que la violencia institucional genera en las personas.

Nuestro Estado no mide la violencia institucional de manera sistemática, y ella no parece estar presente entre las ideas que se discuten en el MI. Muy por el contrario, desde allí se sostiene que ya se es muy firme con los policías que incurren en estas prácticas, pero no se la concibe como una cuestión sistémica. No hay violencia institucional, sino policías violentos o corruptos. Como en el caso de Sergio Lemos (asesinado por la Policía en el barrio Santa Catalina, en 2013), en el que, si bien el policía que disparó fue procesado por homicidio simple a raíz de una investigación del MI, no se hizo pesar ningún cargo sobre los otros policías que participaron en el “operativo”.

A quienes adoptamos una postura parecida a la que se expresa en este artículo, generalmente se nos advierte de no idealizar a los sectores de la sociedad que son estigmatizados por estas políticas. Pero, lejos de idealizar, lo que planteamos es que se respeten sus derechos. Por otro lado, ¿no existe un peligro en romantizar la acción policial? Por ejemplo, cuando el director de la Unidad de Comunicación del MI, Fernando Gil, nos cuenta en su columna (publicada en el blog El Rincón del Perro Gil) los sucesos del Marconi, elige hacerlo de una manera muy particular: “La voz de alto que no se acata, el arma que se desenfunda y empieza a disparar para cubrir la huida. Las luces titilan cada vez más cerca, la sirena policial parece un lamento que anticipa el desenlace. Las balas ya surcan el aire de un barrio acostumbrado al paseo de la muerte por sus calles y pasajes. La certera bala pone fin a la persecución, caen conductor y pasajero, pero el peligro aún acecha. Es la vida de uno u otro, ya no hay regreso, no hay oportunidad”. ¿Es esa la manera en que un jerarca encargado de las comunicaciones del MI debe relatar un hecho tan tapado de polémica? ¿Cuánto de eso se trasluce luego en el relato oficial del MI? Cuando en otro pasaje dice que “los jóvenes manejaban alterados”, ¿lo sabe con certeza o lo supone por poética? ¿De verdad que no había otra oportunidad? ¿Es válido ensalzar así un hecho como este?

Es curioso que desde el MI se actúe como si se ignorara lo que cualquier vecino sabe: que la Policía puede actuar de manera arbitraria y violenta. Que puede hacer, en algunos sectores, más daño que el delito. Que estas actuaciones pueden ser individuales, pero suelen estar avaladas de manera colectiva. Que muchas veces están naturalizadas. Que las prácticas abusivas, cuando se vuelven sistemáticas, minan la confianza en el Estado y generan malestar en la ciudadanía entera. Que para erradicarlas se requiere, más que una ortopedia tecnológica, un esfuerzo de la institución por detectar, analizar y ofrecer modelos alternativos de prácticas policiales.

En última instancia, en una sociedad democrática, la cuestión de la violencia institucional implica involucrar en la política de seguridad no sólo a aquellos que la ejecutan, sino a aquellos sobre los que esta es aplicada, y una mirada crítica sobre la propia actuación. Diferente de lo que pasó con el Marconi, donde el ministro no ha perdido oportunidad para descalificar las versiones de los vecinos, familiares y amigos del gurí asesinado, a veces de manera burda, presentando rasgos comunes a cualquier grupo de jóvenes como marcas irrefutables de criminalidad y delincuencia. Diferente de lo que está pasando con la cárcel de El Molino, que, contra todo consejo, pronto cerrará sus puertas, y sus habitantes serán trasladadas a la planta baja de la Unidad Nº 5, aunque se seguirá llamando Unidad Nº 9.

Esta columna fue escrita para Cotidiano Mujer en el marco de “Ni más, ni menos”, espacio de análisis político con enfoque de género en el que estudiantes avanzados de la Licenciatura en Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República) hacen su pasantía de egreso.

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