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Nacional | Miércoles 08 • Junio • 2016

Foto: Pablo Nogueira (archivo, octubre de 2012)

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La legislación actual es insuficiente para detectar abusos de precios, según Defensa de la Competencia.

Arvejas, café, hipoclorito de sodio y harina son algunos de los productos identificados por el Instituto Cuesta Duarte (ICD) del PIT-CNT por sus precios “abusivos”, en un estudio en el que se detallan, con sus marcas, los alimentos y productos de higiene cuyo precio aumentó por encima de la inflación. La central llama a la ciudadanía a movilizarse y manifestar en los centros comerciales por la baja de precios, y pide al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un nuevo acuerdo de precios, por más tiempo y con mayor control. Sin embargo, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia sostiene que esos cambios “no sólo no servirían”, sino que a la larga perjudicarían al consumidor.

El martes, integrantes del PIT-CNT repartieron, frente a la Tienda Inglesa de bulevar José Batlle y Ordóñez, volantes que indicaban qué productos habían sufrido aumentos “abusivos”. Ayer, en conferencia de prensa, el presidente de la central, Fernando Pereira, y el director del ICD, Milton Castellano, presentaron el material que habían estado entregando y llamaron a la población a manifestarse en las grandes superficies de sus barrios para reclamar una moderación de la inflación.

“Somos de los que creen que la movilización cambia la realidad. Estas diferencias de precios son importantes, y la inflación nos golpea a todos”, manifestó Pereira, quien adelantó que la gremial realizará “no menos de 20” movilizaciones de este tipo a partir de la semana próxima. Las convocatorias se definirán previamente en el Secretariado Ejecutivo y luego se comunicarán a la ciudadanía. Las primeras probablemente sean en Sayago y La Teja.

“El abuso está en la cadena, donde hay cuatro o cinco eslabones y siempre uno tiene más poder. A veces las grandes superficies, a veces el productor y a veces el industrial”, afirmó el presidente del PIT-CNT, descartando que el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay tenga “algo que ver”; “ellos toman el precio, ni pinchan ni cortan”, opinó.

Abusadores y abusados

El estudio realizado por el ICD entre febrero de 2015 y 2016 se alimenta de datos oficiales remitidos por las grandes superficies al MEF y publicados en precios.uy, y da cuenta de que en ese año móvil los precios en general aumentaron 10,26%, mientras que un índice particular que incluye únicamente alimentos y bebidas se incrementó 8,95%.

Así, resultan “nefastos” aumentos de 35,7% como el del precio de la lata de arvejas Nidemar, que en ese período pasó de 14 a 19 pesos. También por encima de 30% aumentaron los precios del paquete de 250 gramos del café envasado no instantáneo Saint (de 80 a 105 pesos), de la botella de un litro de hipoclorito de sodio Solución Cristal (de 29 a 38) y del kilo de harina de trigo común 0000 Primor (de 26 a 34). Y la lista sigue: hay 40 productos más que vieron aumentar sus precios entre 14% y 28%.

Hace tres meses, cuando el Índice de Precios al Consumo (IPC) superó la “barrera psicológica” de 10%, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, convocó a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor, ante la sospecha de que haya existido un “excesivo” remarque de precios.

Días después, la comisión anunció que realizaría los primeros estudios sobre los mercados de aceite, arroz, pulpa de tomate y pan envasado. Efectivamente, 20% de los artículos señalados en el estudio del PIT-CNT corresponde a estos productos.

Javier Gomensoro, integrante de la comisión, dijo a la diaria que los avances “al momento” no permiten “identificar ni vislumbrar conductas ilegales a la luz de la Ley de la Libre Competencia”. Factores como el procesamiento y la sistematización de la información vuelven complejo el estudio, por lo que “lleva un tiempo llegar a conclusiones concretas”, explicó. “Si a partir de los primeros datos recibidos y de la información primaria que se va procesando advirtiéramos conductas cercanas a una posible ilegalidad o cercanas a una situación irregular, podríamos cortar camino e ir a una inspección de oficio, pero como no lo hemos encontrado, nuestro estudio, por el momento, tiene un valor de antecedente, académico y de monitoreo”, afirmó.

Aun así, Gomensoro consideró que al día de hoy el área donde trabaja no cuenta con “todas las herramientas legales” que podrían facilitarles la labor. “Podemos advertir que hay productos cuyos precios suben y presentan un guarismo superior a la inflación, pero podemos no tener la posibilidad de probar que eso responde a una decisión explícita de abusar de una posición dominante o de hacer un acuerdo ilegal”, consideró.

Actualmente, la comisión se encuentra discutiendo un proyecto de ley que reforme sus potestades, de manera de contar con “herramientas más eficaces”. A modo de ejemplo, Gomensoro explicó que en otros países, como Argentina o Brasil, la colusión (pacto entre las empresas del mercado para controlar los precios), además de ser sancionable administrativamente, es delito; “eso les da la posibilidad a los órganos competentes de contar con armas como las escuchas telefónicas o allanamientos sorpresivos, con una regulación acorde, en la simultaneidad y en la forma, a un operativo policial”.

“Es difícil que las empresas dejen ese tipo de pruebas [de violación a la competencia] de manera explícita, y para obtenerlas generalmente se requieren métodos invasivos”, afirmó. Actualmente, en caso de encontrarse con una sospecha de colusión o abuso de poder, la comisión debe solicitar a la empresa la información probatoria. “Hoy vemos los datos y eso no alcanza ni para prohibir ni -muchas veces- para sancionar”, agregó.

La intención de la comisión es armar un proyecto de ley para remitir al Parlamento, ya con “altos consensos” de la academia, el sector profesional, la sociedad civil y con la validación de diversos organismos internacionales. En octubre se llevará el caso uruguayo a Ginebra, para someterlo a un examen entre pares con efectos validatorios en la Organización de las Naciones Unidas; se estima que para “principios del año que viene” el proyecto entre al Parlamento para su discusión.

Otro punto que se procurará modificar será la “independencia teórica” de la comisión. Al día de hoy hay ciertos sectores, como el financiero, el de la energía y el agua, y el de las telecomunicaciones, que tienen sus propios órganos de regulación y control, algo que para Gomensoro constituye una “mala experiencia”. Se buscará centralizar el control en la comisión y, a su vez, darle a esta una “mayor autonomía política y presupuestal”.

Reuniones

Representantes del PIT-CNT se reunirán hoy con el equipo económico para discutir sobre “varios temas”. El más importante para los integrantes de la central es el que refiere a las pautas salariales: “18 meses para los correctivos nos sigue pareciendo mucho tiempo”, dijo Pereira.

También se tratará el ajuste fiscal, ya que, según estimó, “sigue habiendo un problema que es que no paga más el que tiene más, sino el que gana más. No hubo una modificación del IRAE [Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas] ni al IP [Impuesto al Patrimonio], y eso nos da una señal”, afirmó.

Además, se le reiterará al gobierno el pedido de un nuevo acuerdo de precios con empresarios, “con dos condiciones: un control riguroso de lo acordado y una mayor duración”.

“El gran secreto”

El abogado de Promoción y Defensa de la Competencia consideró que la convocatoria del PIT-CNT a movilizarse en las grandes superficies es “buena”, porque hace que los actores “se sientan observados”, pero en cuanto a los criterios definidos para los acuerdos de precios sostuvo que no consideran que sean eficaces.

Por un lado, Gomensoro explicó que el control “riguroso” de esos acuerdos -que, por lo general, son temporales- podría provocar una disparada de precios cuando se liberen, generando “una puja inflacionaria y un impacto no deseado”. “Lo que artificialmente se mantuvo en un determinado momento no tiene un efecto perdurable”, afirmó.

Además, consideró que podría afectar negativamente a los consumidores en el largo plazo. “Hay un efecto natural del fin de lucro, y es que si en algún producto el comerciante no está obteniendo la rentabilidad que entiende que es razonable y no está compitiendo libremente porque está topeado su precio, es muy probable que se vea tentado a mermar la calidad, o la producción o distribución de ese producto”, explicó.

Respecto de la posibilidad de acordar por lapsos mayores (el PIT-CNT sugiere un año, mientras que los acuerdos de 2015 duraron entre dos y tres meses), Gomensoro sostuvo que si bien esa medida “da garantías de estabilidad, eventualmente, al año estás perdiendo, porque cuando el precio se libera, sale desbocado”. “Desde el momento en que vivimos en una economía de mercado, nos parece mejor que los mercados funcionen de manera competitiva: ese es el gran secreto para que los precios no aumenten”, culminó.

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