Radios piratas, ilegales, ciudadanas, urbanas y comunitarias son algunos de los modos de nombrarlas y dan cuenta de algunos procesos del movimiento de radios desde el que se ha venido luchando por el reconocimiento del sector, así como ha dado cuenta en la práctica de la legitimidad de estos medios. En este sentido es que se han aprobado normas como la Ley de Radiodifusión Comunitaria (RC) en 2008 y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) en 2014. Su aplicación ha sido defectuosa, o directamente no se han cumplido.
Los medios de comunicación comunitarios toman la voz, hablan sobre temas medioambientales, sobre la participación de las mujeres, sobre la salud mental, también informan de diversas actividades del movimiento social, reciben y promueven a diversos artistas locales. Todo esto lo hacen desde la perspectiva de lo comunitario, promoviendo la participación de la ciudadanía, aportando a la construcción de una sociedad en la que quepan todas las voces.
Perjudicado
Recientemente la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) difundió un comunicado en el que se denuncia el estado de discriminación en el que se encuentra el sector comunitario de la comunicación en Uruguay. El Consejo Honorario y Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) fue disuelto por el Poder Ejecutivo a partir de la aprobación de la Ley de SCA. Esta supone la instalación de una nueva comisión que integra a todos los actores de la comunicación, además de los específicamente comunitarios, denominada Comisión Honoraria Asesora de Comunicación Audiovisual (Chasca).
Esta comisión no se ha instalado, por lo que el sector de la comunicación comunitaria del país se encuentra paralizado en la adjudicación de nuevas frecuencias, lo que significa un incumplimiento de la Ley de RC por parte del gobierno. Esto implica que no se abren llamados para nuevas frecuencias de radios comunitarias, circunstancia que desmotiva a diferentes colectivos que se asocian con esa función.
El funcionamiento de la Chasca es de suma importancia para la construcción de una democracia plural que asegure la libertad de expresión, ya que se trata de un espacio de participación directa de todos los actores involucrados en la comunicación, entre ellos las universidades, la sociedad civil organizada, etcétera, promoviendo la mayor transparencia en los procesos de asignación de frecuencias, así como en el desarrollo de políticas activas de comunicación.
Si bien el gobierno ha manifestado que la Ley de SCA no se reglamentará hasta que la Suprema Corte de Justicia emita sus fallos respecto de la norma, la Chasca tiene por cometido participar en la reglamentación de esa ley, por lo que se debería conformar previo a ese hecho.
Los medios comunitarios se han visto claramente perjudicados por estas omisiones, que dan cuenta de la ausencia de una política sistematizada de desarrollo del sector, que necesita medidas específicas de promoción, y sólo se han realizado acciones puntuales. Es necesario destacar la importancia que tiene la comunicación comunitaria para el fortalecimiento de la democracia en Uruguay, ya que es un sector que responde a las comunidades, y no a intereses partidarios, empresariales o religiosos.
Cero por ciento a las comunidades
Los medios comunitarios, en tanto espacios de integración, participación y construcción ciudadana, generan múltiples procesos de incidencia y llegan a determinadas comunidades a las que no acceden los medios masivos de comunicación. La comunicación comunitaria es diferente: genera una agenda propia basada en los derechos humanos; comunica con formatos propios; genera debates; les habla a los iguales; construye lo común desde lo diverso. La asignación de la publicidad oficial en Uruguay no ha tenido en cuenta estos aportes específicos y se ha basado exclusivamente en criterios de audiencia; el sector comunitario es el único que no recibe prácticamente ningún porcentaje de esa distribución.
En este contexto queda planteada la pregunta sobre lo legal y lo legítimo. Sobre los derechos que se encuentran reconocidos jurídicamente y los que efectivamente se ejercen. En este tiempo se han reconocido derechos fundamentales. Es necesario ahora que se transformen en hechos.