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Internacional | Martes 28 • Junio • 2016

Motivos y juicios

Una pericia concluye que Rousseff no hizo maniobras fiscales, pero sí aprobó gastos extra sin el aval del Congreso.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no practicó las maniobras conocidas como “pedaladas fiscales” (bicicleteadas fiscales) por las cuales se le inició un juicio político, concluyó un grupo de auditores del Senado. La principal acusación contra Rousseff apunta a que en 2015 atrasó los pagos que hace el Tesoro a los bancos estatales que se encargan de pagar a su vez los planes sociales a los beneficiarios. Según la oposición, ese atraso en los pagos buscaba “maquillar” los datos del Tesoro mediante un crédito encubierto.

Las leyes brasileñas establecen que el Ejecutivo no puede pedir préstamos a los bancos públicos. Según la interpretación de la oposición, estos préstamos ilegales son un “delito de responsabilidad” contra las cuentas del país. También se acusa a Rousseff de haber autorizado gastos complementarios, que impidieron el cumplimiento del déficit fiscal, sin el aval del Congreso.

Este es uno de los principales puntos del debate entre la acusación y la defensa, que se lleva adelante en la comisión que juzga a Rousseff: si se trata o no de un “delito de responsabilidad”. El otro debate es el de si Rousseff tomó realmente la decisión de atrasar esos pagos, ya que las transferencias son hechas por el propio Tesoro, sin necesidad de la firma de la mandataria.

Para que se hicieran esas dos verificaciones la defensa de Rousseff pidió una auditoría independiente que, en principio, fue rechazada por la acusación. La defensa apeló y el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que supervisa el proceso, ordenó la pericia. Los auditores concluyeron que Rousseff no fue responsable de esos retrasos en los pagos del Tesoro a los bancos públicos, aunque sí firmó tres decretos que autorizaban gastos complementarios que deberían haber contado con el aval del Congreso y que complicaron el cumplimiento de la meta de déficit fiscal.

Testigos de la defensa manifestaron que es muy difícil determinar si la aprobación de un gasto es perjudicial para el cumplimiento de la meta fiscal, porque, no siempre se ejecuta el gasto aprobado y, por otra parte, es muy difícil señalar que es específicamente ese gasto, y no otro, el que lleva a incumplir la meta. Rousseff dijo en una entrevista con la radio Guaíba que este informe demuestra que Brasil vive “un golpe parlamentario, porque no hay base jurídica para el impeachment”.

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