La organización Proderechos emitió un comunicado que sale al cruce a las últimas novedades que han surgido en el ámbito de la comisión interpartidaria de convivencia y seguridad ciudadana que encabeza el presidente Tabaré Vázquez, en particular los que apuntan al aumento de penas para el narcotráfico y la rediscusión de un proyecto de ley de Responsabilidad Penal Adolescente que el Poder Ejecutivo había enviado al Parlamento durante el período de gobierno anterior, y que no pudo ser aprobado por la bancada del Frente Amplio (FA), por falta de acuerdo dentro de la interna oficialista.

El comunicado de Proderechos, que lleva como título “Nada crece a la sombra”, cuestiona que se hable de incrementar las penas a los delitos de producción, financiamiento y comercialización de drogas “sin hacer diferencia entre los responsables de las redes de tráfico y los eslabones más débiles”, en referencia a quienes “caen en el microtráfico porque no tienen otra opción producto de las redes delictivas que existen en los barrios o como forma de subsistencia”.

“La cárcel no soluciona el problema. Hacer inexcarcelables delitos pequeños y no violentos vinculados al narcotráfico es un síntoma de la inflación punitiva como única propuesta para la convivencia y la seguridad. Esto solamente empeora la crisis carcelaria. Las cárceles deberían contribuir al proceso de inclusión social de las personas, promoviendo cambios de comportamiento que aporten al alejamiento del mundo del delito. Pero actualmente esto no pasa, por el contrario, los contextos de encierro generan pérdida de identidad y autonomía, consolidando las trayectorias delictivas y recrudeciendo la violencia”, señalan. Y luego agregan: “¿Es esta la respuesta del sistema político y de la izquierda institucional para solucionar la inseguridad y construir una sociedad con igualdad de oportunidades?”.

Según Proderechos, una de las principales referencias en la campaña No a la Baja, en aquel plebiscito la ciudadanía “optó por no tentarse con propuestas falaces, simplistas y violentas”. “Sin embargo, la negociación política insiste en este tipo de medidas, obviando la voluntad de la población”, advierten. Argumentan además que la discusión sobre l el sistema de responsabilidad penal adolescente “se da puertas adentro”, y la sociedad “desconoce cuáles son los argumentos y las negociaciones que se manejan”. “Los partidos deben involucrarse en la necesaria profundización de la reforma del sistema carcelario desatada hace algunos años tras la declaración de la emergencia del mismo. Y no en este tipo de medidas demagógicas para hacer ruido en los medios y construir soluciones simplistas y cortoplacistas, que ponen en juego la vida de mucha gente y poco aportan para solucionar el problema  de la seguridad”, concluyen desde la organización.