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Nacional | Miércoles 01 • Junio • 2016

Pablo Mieres, Germán Cardoso, Eduardo Rubio y Gustavo López esperan su turno para la rueda de prensa, ayer, en la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva. Foto: Federico Gutiérrez

Para eso no sirven

Gobierno descartó utilizar militares para custodiar embajadas y sedes diplomáticas.

Lo que pasó el viernes en el barrio Marconi se coló ayer de noche en la reunión interpartidaria sobre convivencia y seguridad ciudadana convocada por el presidente Tabaré Vázquez. A pedido del senador del Partido Independiente Pablo Mieres, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, presentó un informe de los hechos, pero este no colmó las expectativas de los partidos de oposición.

El senador nacionalista Javier García aprovechó la conferencia de prensa posterior al encuentro para expresar su discrepancia con la versión de Bonomi: “No creemos que estos hechos sean producto de mayor seguridad y menos violencia, sino exactamente lo contrario, que es fruto de un Estado fallido, que después de diez años del mayor crecimiento económico no ha podido llevar adelante políticas de inclusión, sociales y de equidades en distintas zonas del país”. Desde otra óptica, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo desconfiar de la versión del jerarca, tanto por los trascendidos como por lo que ha escuchado de la gente del barrio y por testimonios que circulan hasta “de la iglesia”. “Marconi muestra ausencia del Estado, pero no en materia represiva. 60% de la población tiene necesidades insatisfechas. Hay violencia, pero no la que se ve en las noticias. Hay falta de trabajo, de techo, de salud y una alta informalidad”, sostuvo. En cambio, Mieres manifestó satisfacción con las respuestas del ministro y dijo que de la información que brindó surge un “dato positivo”: “La reinstalación de los servicios en el barrio, ya que lo peor que puede pasar es una situación de aislamiento, y es clave que el Estado dé señales de presencia”.

Pero el encuentro no se limitó a este tema. La consulta a algunos especialistas sirvió para desbaratar varias propuestas de la oposición. El gobierno pidió a los responsables de las cátedras de derecho constitucional de la Universidad de la República, de la Universidad Católica y de la Universidad de Montevideo que dieran su parecer sobre el proyecto que impulsa el Partido Nacional (PN) para habilitar los allanamientos nocturnos en hogares en los que se comercialice pasta base, y los especialistas argumentaron que una norma en ese sentido iría en contra del artículo 11 de la Constitución, que establece que el hogar es un “sagrado inviolable”. Según dijo el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, a juicio de los catedráticos “se requeriría una reforma constitucional para impulsar esta medida, aunque incluso [si se hiciera esto] se podría incumplir normativas internacionales, pero en principio hay coincidencia en la improcedencia o la falta de fundamento de este tipo de mecanismos”.

En tanto, una invitación al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, también tiró por la borda la propuesta del Partido Colorado (PC) de que el Ejército se dedicara a la custodia de embajadas y sedes diplomáticas como una forma de liberar policías y destinarlos al patrullaje. El argumento del jerarca militar, según Roballo, se basó en “el número pequeño de efectivos [policiales] que quedarían liberados y las diferencias con las cuales son formados y capacitados los funcionarios policiales y los del Ejército Nacional, su razón de ser y sus características de trabajo”. Pero las respuestas de Manini Ríos no convencieron a los representantes del PC. El secretario general de ese partido, Germán Cardoso, dijo que manifestaron su discrepancia. “Es necesario un esfuerzo de todos por la seguridad, y ese esfuerzo también debe ser de las Fuerzas Armadas, adaptando lo que tengan que adaptar de sus funcionarios para ponerlos a custodiar las sedes diplomáticas y permitir volcar policías a las calles”, señaló. Los colorados también buscan que el Ejército colabore en la custodia de las fronteras secas, tarea de la que, según Cardoso, se hicieron cargo hasta 1973.

En tanto, la visita de una serie de delegaciones de la Suprema Corte de Justicia, del Colegio de Abogados y del Instituto de Derecho Procesal ayer de mañana en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado hizo que se reclamara en el encuentro postergar íntegramente la aplicación del Código del Proceso Penal para julio de 2017. En un principio se había acordado en la comisión interpartidaria su aplicación en febrero de 2017, a excepción de los juicios orales, que comenzarían a implementarse en agosto de ese año. Sin embargo, tras la visita de estas delegaciones, el tema quedó nuevamente a estudio de la comisión. Según Roballo, el presidente Tabaré Vázquez recordó que todos los partidos habían “reivindicado el acuerdo y su respeto”, aunque sostuvo que “si todos entendían que debería verificarse ese cronograma, no había ninguna objeción”.

En tanto, el PN volvió a reclamar una argumentación al gobierno sobre por qué se oponen a la inexcarcelabilidad del homicidio intencional, y a calificar como agravante el homicidio contra policías o personas que se encuentren trabajando. “Queremos que se nos den las explicaciones de por qué no en estos tres casos. El PN no propone un aumento genérico de penas”, dijo el presidente del directorio de ese partido, Luis Alberto Heber.

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