La conformación de una fundación llamada Industria del Futuro, prevista en el artículo 70 de la Rendición de Cuentas, generó un fuerte rechazo en la oposición, que sostiene que su creación es innecesaria, y que podría ser realizada sin necesidad de ser llevada al derecho privado. La discusión se produjo ayer de tarde, durante la comparecencia de la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Carolina Cosse, a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados. La creación de la fundación se encuentra en uno de los dos solitarios artículos del MIEM que están en la Rendición de Cuentas. El texto autoriza al Poder Ejecutivo, mediante esta cartera, a constituir conjuntamente con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), una fundación que “podrá incorporar otros organismos estatales y no estatales, y organizaciones que se relacionen con su objeto”, cuya finalidad será promover “actividades, programas o proyectos de cooperación en áreas de interés y beneficio mutuo; apoyar los planes de enseñanza curricular del CETP y ofrecer a los sectores productivos cursos específicos, para el perfeccionamiento y certificación de capacidades de sus recursos humanos”, además de “asesoramiento para la automatización de procesos en el sector productivo”. Los organismos pueden transferir bienes muebles e inmuebles para la instalación de la fundación, que estará exonerada de “todo tributo nacional vinculado directamente a su objeto, con excepción de las contribuciones especiales a la seguridad social”.

El diputado nacionalista Jorge Gandini criticó la medida: “Se apuesta otra vez a una fundación, otra vez a privatizar la gestión de acciones que se podrían hacer desde el Estado, en vez de crear algo que funciona desde el derecho privado, sin el contralor del Tribunal de Cuentas ni del Parlamento y que no utiliza el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera”. El representante también criticó que se habilite a la ANEP y al CETP a donarle bienes a la fundación. “El Estado se desprende gratuitamente de parte de su patrimonio hacia una fundación privada, que a su vez se puede asociar con privados”. De igual forma opinó el colorado Conrado Rodríguez: “No es pertinente ni conveniente. Todo esto se puede hacer por medio de convenios y no vemos la razón para crear una fundación por fuera del contralor del Tribunal de Cuentas y del Parlamento”.

En cambio, el diputado frenteamplista Alfredo Asti defendió la iniciativa: “Aquí hay dos visiones, como en muchas cosas. Pero la ley de creación de fundaciones es de 1999 y hace años que venimos creando varias para temas de interés general, siempre encuadrado en lo que marca la ley”.

Otro punto que generó discusión en la comisión fue durante la visita de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El artículo 52 del proyecto autoriza a la cartera a enajenar un predio en una zona rural del departamento de Montevideo, ubicado entre la ruta 8 y la 102. El terreno es lindero al estadio Campeón del Siglo de Peñarol, y si bien el club espera adquirirlo para construir un estacionamiento, varios diputados de la oposición resaltaron la necesidad de que la enajenación del bien se desarrolle mediante un “procedimiento competitivo”, ya sea una subasta o una licitación, observó Gandini.

Durante la comisión, el titular del MGAP, Tabaré Aguerre, explicó que Peñarol había solicitado el terreno en comodato, pero no era posible dárselo bajo este mecanismo, porque iba a estar destinado a una actividad onerosa. El jerarca también dijo que el dinero que se recaude de esta enajenación irá a parar a un “campus institucional de investigación, aprendizaje e innovación” en el que participan el MGAP, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Universidad de la República.

28 millones de amigos

Aguerre expuso varios datos de su cartera ayer durante su presentación en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Sostuvo que las cadenas agroindustriales generan 245.000 puestos de trabajo, 14% de los ocupados del país. Las agroindustrias, por su parte, ocuparon a 84.000 personas en 2015, de las cuales 70% se encuentran en el interior del país. El resto de los empleos del sector se deben a la fase agropecuaria primaria (158.000 puestos de trabajo) y el comercio mayorista (4.000 puestos). El sector agroindustrial es el tercero que genera más empleo en el país, por detrás del comercio y los servicios.

De los productos que exporta el país, 56% son “agroindustriales”, 24% son primarios y el 19% restante son manufacturas no agropecuarias. En 2014, 28 millones de personas fueron alimentadas por las exportaciones uruguayas. Esta cifra era tres veces menor ocho años atrás. El sector agropecuario contribuye con alrededor de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y si se suman las actividades agropecuarias, agroindustriales y los servicios demandados por este sector, se alcanza 23% del PIB.