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Nacional | Martes 21 • Junio • 2016

Por la transparencia

609 propone publicar declaraciones juradas de más funcionarios públicos y extenderlo a jerarcas de algunas empresas privadas.

Legisladores de la lista 609 del Frente Amplio (FA) presentarán hoy a la bancada de su partido un proyecto de ley para reformar la Ley 17.060, que regula las declaraciones juradas de bienes e ingresos de autoridades y funcionarios públicos. Daniel Caggiani, uno de los redactores, informó a la diaria que además del proyecto los legisladores de la 609 propondrán publicar voluntariamente sus declaraciones juradas, para que así lo haga el conjunto de legisladores del FA. El diputado Gonzalo Mujica (FA-2121) hizo pública su declaración jurada la semana pasada; según comentó el viernes a En perspectiva, tomó la decisión luego de escuchar “a un colega diputado” que hablaba de la posibilidad de sacar una ley que obligara a publicar las declaraciones juradas. “A partir de eso dije: yo no tengo necesidad de ninguna ley para hacer públicas mis declaraciones”, dijo Mujica, y aceleró el trámite.

La Ley 17.060 obliga, en su artículo 10, al presidente y vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, a senadores, diputados e intendentes a hacer declaraciones juradas de sus bienes e ingresos, pero sólo son publicadas en el diario oficial las declaraciones del presidente y del vicepresidente de la República. El proyecto de la 609 propone que todas esas declaraciones sean públicas, incluyendo las de los cónyuges del presidente y vicepresidente, que hasta ahora no lo son.

El artículo 11 obliga a otro conjunto de funcionarios del Estado a hacer sus declaraciones juradas; en total son cerca de 45.000. El proyecto amplía los cargos obligados a la declaración jurada y propone que las carátulas de cada una de ellas (que hoy sólo tienen los datos personales) incluyan un resumen del patrimonio y el ingreso anual, de modo tal que “si un ciudadano quiere consultar a la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública] el resumen sea público”, comentó Caggiani.

El texto propone que cada año 5% de las declaraciones juradas no públicas sean examinadas para controlar su contenido (la selección será aleatoria). Establece, además, mayores sanciones para quien no cumpla con su presentación: no podrán ejercer nuevamente la función pública, las nóminas de quienes no lo hayan hecho serán publicadas y los incumplidores recibirán una multa de 50 Unidades Reajustables (si la presentan dentro de los diez días de haber recibido la notificación, la multa se les rebajará a la mitad). Según el diputado, menos de 2% de los parlamentarios no cumple con la declaración jurada.

Caggiani comentó que “los procesos poco transparentes o de corrupción en la esfera pública tienen su correlación por procesos de corrupción en la esfera privada”, por eso el proyecto propone exigir declaración jurada a “los integrantes de órganos directivos y directores o gerentes de entidades comprendidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud, licenciatarios o concesionarios de obras públicas o servicios públicos y organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado”.

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