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Nacional | Martes 14 • Junio • 2016

Rebaje de cambios

Integrantes del Codicen afirman que postergación de recursos para 2017 “enlentecería el ritmo” de las transformaciones.

Son varios los recursos que el Poder Ejecutivo pretende postergar del Presupuesto de 2017 para el de 2018; entre ellos, 793 millones de pesos que estaban previstos para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La noticia no fue bien recibida entre integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, que consideran que no se podrá cumplir con las metas previstas para el quinquenio y que se puede “enlentecer el ritmo” de los cambios en la educación si no se cuenta con dichos fondos.

Para 2017 la Ley de Presupuesto 2015-2019 preveía aumentar el presupuesto de la ANEP en 2.320 millones de pesos. De ese total, 1.317 millones corresponden a los compromisos asumidos por el Ejecutivo en el convenio salarial con los sindicatos de la educación, y 210 millones a recursos que gastará ANEP en el marco del Sistema Nacional de Cuidados; esos serían los dos ítems del incremento previsto que el gobierno pretende mantener el próximo año. Los restantes 793 millones se postergarían. Esos recursos estaban destinados, según los artículos 552 y 554 de la Ley de Presupuesto, a gastos derivados de “la puesta en funcionamiento de obras nuevas, ampliación de la capacidad o asociadas con la modificación de las modalidades de uso de las infraestructuras educativas” (593 millones) y a la “ampliación de la modalidad de tiempo extendido y fortalecimiento de la educación media y las becas estudiantiles” (200 millones de pesos).

“Las noticias que tenemos por medio del Ministerio de Economía son las conocidas”, dijo a la diaria Laura Motta, consejera del Codicen, quien dijo que entiende “la situación actual del país y el esfuerzo que tenemos que hacer todos para salir adelante en esta coyuntura”, pero aseguró que para “poder cumplir con los desafíos que tenemos por delante, requerimos los fondos que teníamos planificados o presupuestados”. Motta afirmó que, de todas formas, “falta el trámite parlamentario para que podamos considerar qué es lo que vamos a hacer y con qué contamos”, y comentó que actualmente los equipos del Codicen están trabajando “dando cuenta de lo que hemos hecho con los fondos hasta ahora, para que se conozca cuáles son nuestras iniciativas y necesidades, y también proyectando hacia el futuro”, sobre la base de los recursos previstos en la ley.

No será fácil

Elizabeth Ivaldi, consejera electa por los docentes, dijo que el Codicen tratará el tema esta semana. “Como representante de los sindicatos estoy atenta a la posición sindical, y hay una convicción de que tenemos que contar con el mismo presupuesto. Basta recordar cuál fue la lucha presupuestal de 2015 para entender que esto no es bien recibido desde los sindicatos”, afirmó, y dijo que en ese sentido el Codicen buscará “defender el presupuesto adjudicado en su oportunidad”. Aseguró que, de confirmarse, la postergación afectaría las metas de la institución: “Quitarnos un presupuesto que ya no llega al porcentaje mínimo que necesitamos, de 6% del PIB [Producto Interno Bruto], implica, sin dudas, dejar de lado muchas de las líneas en las que venimos trabajando como Codicen; una de ellas es la real obligatoriedad de Ciclo Básico, y para eso se necesitan recursos”, lamentó. También hizo referencia a que las obras nuevas requieren de inversión una vez culminadas: “Tener el edificio no nos garantiza que podamos educar allí, porque necesitamos toda la infraestructura humana y de implementación que requiere una institución educativa: salarios, mobiliario, materiales didácticos, alimentación cuando es extensión a tiempo completo”, graficó. Ivaldi comentó que espera no tener que discutir eso, pero adelantó que si la ANEP no cuenta con los recursos previstos “tenemos que hacer una revisión de metas”. “La situación no se proyecta fácil si esto se efectiviza”, concluyó.

“Sería un golpe duro a la educación”, dijo, por su parte, el otro representante electo por los docentes en el Codicen, Robert Silva. “Hay necesidades varias, sobre todo de asignación de recursos a lo que son transformaciones educativas en marcha, apuntalados en los refuerzos presupuestales que no estaban en la línea de base; esperemos que no suceda”, dijo a la diaria.

Pablo Caggiani, representante electo por los docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, consideró que no se debe hablar de una postergación del gasto: “No es que se difiera el gasto, porque no lo vas a poder hacer nunca; no se pone el doble de recursos al año siguiente”, explicó. Dijo que existe “preocupación” por esa propuesta del Ejecutivo, ya que la educación “es, junto con la salud, uno de los gastos más distributivos”. “Las líneas de extender el tiempo pedagógico, de mejorar la infraestructura, los cargos, se dilatan en el tiempo; no un año, porque la infraestructura que demorás un año en construir repercute en dos o tres años, cuando la escuela está construida”.

Aseguró que esperan que las organizaciones de trabajadores “defiendan el presupuesto, que la ANEP defienda su presupuesto, que está votado” y que, durante el trámite parlamentario, “las diferentes bancadas entiendan la importancia de que diferir el gasto no sea a costa de lo que está planteado en la inversión en educación, sino que se busquen otros mecanismos”. Caggiani consideró que disminuir el presupuesto implicaría no poder llevar adelante “las cosas que están planteadas en materia educativa”, por ejemplo, la universalización de la enseñanza a los tres años, y aseguró que también se “compromete a que se llegue a 6% del PIB al final del quinquenio”.

Otro tanto

La Universidad de la República sería otra de las instituciones afectadas por la postergación del incremento presupuestal previsto para 2017; en su caso, dejaría de recibir los 544 millones de pesos que estaban previstos como aumento para ese año. En una declaración, el Consejo Directivo Central (CDC) de la institución manifestó su preocupación al respecto: recordó que la Ley de Presupuesto Quinquenal aprobada significó menos recursos que el pedido universitario, y que la postergación del aumento “genera una gran incertidumbre y compromete asignaciones ya realizadas por la Universidad, que se habían decidido en el contexto de conocerse los montos disponibles para 2017. Por ejemplo, se atendió estratégicamente la creación de cargos en 2016 con la perspectiva de atender más vigorosamente la función de investigación y estudios de posgrado en 2017”. El tema ya fue objeto de consultas entre el rector, Roberto Markarian, e integrantes de la bancada parlamentaria del oficialismo.

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