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Internacional | Jueves 02 • Junio • 2016

Subsidiados

Procesaron a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía por delitos de corrupción.

La Justicia española procesó ayer a dos ex gobernantes de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por irregularidades en la gestión de fondos públicos que ocurrieron durante sus mandatos (1990-2009 y 2009-2013, respectivamente). A los dos se los acusa de “prevaricación administrativa”, un delito que consiste en tomar decisiones administrativas a sabiendas de que son injustas o indebidas, y a Griñán se lo imputa además por “malversación de caudales públicos”, un delito por el que se enfrenta a una condena de entre cuatro y ocho años de prisión. En cambio, Chaves, por el delito de prevaricación administrativa, podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos, sanción que no lo afecta porque se jubiló el año pasado. Además de los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, que pertenecen al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fueron procesados otros 24 ex altos cargos del gobierno, también implicados en este caso conocido como “De los expedientes de regulación de empleo [ERE]”.

Las irregularidades fueron detectadas en un fondo de ayuda económica que lanzó el gobierno andaluz para solventar los ERE de empresas en crisis. Con el fondo se pagaban despidos y otras indemnizaciones a trabajadores y subsidios a empresas. De acuerdo con el auto de procesamiento, entre 2001 y 2011 la Junta de Andalucía repartió “de forma arbitraria” cerca de 855 millones de euros a 60 empresas. La investigación, que comenzó en 2011, reveló que estas concesiones beneficiaron a personas que no estaban afectadas por los ERE, que no tenían relación laboral con las empresas involucradas y que tampoco tenían derecho a recibirlas. El juez Álvaro Martín afirma en el texto que estas ayudas se entregaron “de forma indiscriminada y subjetiva” y que respondieron “exclusivamente a intereses personales”.

El procesamiento de los dos ex gobernantes generó reacciones políticas. La portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, dijo en una conferencia de prensa: “Así está acabando lo que eran presuntamente cuatro golfos”. El portavoz económico de Ciudadanos en el Parlamento español, Toni Roldán, agradeció a la Justicia por “poner en su sitio” a los ex presidentes andaluces y recordó que una condición de su partido para apoyar la formación de un gobierno del PSOE fue la de abrir comisiones de investigación sobre este caso. “Hay acusaciones muy serias [...] Algunos de ellos se llevaron el dinero directamente a su bolsillo”, agregó. Por su parte, la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, dijo que es una “vergüenza” para la región que los dos dirigentes que gobernaron más tiempo Andalucía sean acusados de “prevaricar y utilizar mal” el dinero público. Agregó que además de cometer irregularidades, desaprovecharon los fondos destinados a “cambiar el modelo productivo y luchar contra el paro [desempleo] estructural en Andalucía”.

Tras conocer la sentencia, los dos ex dirigentes se dieron de baja en el PSOE, y actuaron así antes de que lo hiciera su partido, cuyo código de ética prohíbe mantener en las filas a cualquier persona que tenga abierto en su contra un juicio oral por delitos de corrupción. El procesamiento de los dos líderes históricos del PSOE es un duro golpe para esta formación -el primer partido en Andalucía-, cuando queda menos de un mes para que se repitan las elecciones españolas.

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