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Nacional | Martes 28 • Junio • 2016

Todas las voces

Frank La Rue ofreció apoyo de UNESCO en proceso de reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) se aprobó en diciembre de 2014, pero a un año y medio no está reglamentada ni se aplica. A la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), una asociación de organizaciones de la sociedad civil que promovió la aprobación de la ley y que ahora pidió formalmente al Poder Ejecutivo y al Legislativo que comiencen el proceso de implementación de la norma, y a los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, que coincidieron en que es necesario que se reglamente, ayer se sumó otra voz a ese pedido. En el marco de una visita a Uruguay de una delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), el subdirector general de Comunicación e Información de ese organismo, Frank La Rue, se reunió con integrantes de la CCD y del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) uruguayo y ofreció “acompañamiento de la UNESCO, tanto al gobierno como a la sociedad civil, para poner en marcha la reglamentación, la designación del Consejo de Comunicación Audiovisual [CCA] y la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual [CHASCA]”, contó a la diaria José Imaz, integrante de la CCD.

En la reunión, que se llevó a cabo en la sede de la cancillería, participaron además el consejero de comunicación e información de la UNESCO en Montevideo, Guilherme Canela, el director de Asuntos Culturales del MRE, Carlos Barros, y la directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la cancillería, Alejandra Costa. “Él conoce el proceso de la ley desde sus inicios, desde el Comité Técnico Consultivo”, destacó Imaz en referencia a La Rue, quien en la reunión recordó y valoró que el proceso de elaboración de la ley tuvo “amplia participación de la sociedad civil y de los empresarios”. “Mencionó la importancia de que esos procesos participativos y la ley en sí misma sean un espejo para otros países de Latinoamérica que están discutiendo leyes de servicios de comunicación audiovisual o de telecomunicaciones”, como Paraguay o Chile. El ex relator de las Naciones Unidas en Libertad de Expresión dijo que la UNESCO puede colaborar en el proceso de designación de los cuatro integrantes del CCA designados por la Asamblea General (el quinto integrante debe ser designado por el Poder Ejecutivo), para que sea “muy transparente y participativo”. “Se puso a disposición para acompañar, dio un mensaje claro de que la UNESCO está dispuesta a seguir adelante con el proceso”, concluyó Imaz.

El integrante de la coalición consideró que el proceso hacia la implementación de la ley SCA “aparentemente está muy quieto”. La organización envió un petitorio al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en el que solicita que se apruebe la reglamentación y se designe al presidente del CCA, y otro al presidente de la Asamblea General, el vicepresidente Raúl Sendic, para que agilice el trámite para conformar la comisión encargada de la designación de los restantes integrantes del CCA. En una reunión con el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, el jerarca les dijo que una vez que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobara, en junio, “algunas resoluciones significativas” en relación con los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley, se empezaría el proceso de reglamentación. La SCJ ya aprobó tres fallos por impugnaciones a la norma (presentados por DirecTV, el Partido Independiente y la empresa de televisión para abonados TCC); en el último, de mediados de junio, la SCJ respondía el cuestionamiento sobre 68 artículos de la ley y sólo aceptó que existen inconstitucionalidades en fragmentos de tres artículos.

La coalición, dijo Imaz, apostará ahora por que comience el proceso de designación del CCA en el Parlamento; la Comisión de Constitución y Legislación recibirá a representantes de la organización en la primera sesión de julio, en la que, según relató Imaz, hay “varios legisladores que tienen posición favorable a avanzar en la implementación de la ley”.

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