Ayer, dos días después de la marcha en contra de la violencia de género, el gobierno presentó cifras sobre dos programas que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destina a combatir dos de los problemas que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) identifica como obstáculos importantes a la hora de que las mujeres abandonen a sus parejas: la situación habitacional y la dependencia económica. El primero parte de un convenio que se firmó en 2009 entre el Mides y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), llamado Programa de Soluciones Habitacionales Transitorias para Mujeres en Procesos de Salida de Situaciones de Violencia Basada en Género; se trata de un proyecto que ofrece una garantía de alquiler a las víctimas más un subsidio de 12 unidades reajustables (10.871 pesos) por un período máximo de dos años.
“Durante ese tiempo se sigue trabajando con las mujeres y sus hijos en el fortalecimiento de sus capacidades personales y laborales para luego proyectar una solución habitacional a largo plazo, mediante ofertas del propio ministerio o de la Agencia Nacional de Vivienda u opciones en cooperativas, de acuerdo a las expectativas, necesidades y potencialidades de cada uno”, dijo la directora de la División Violencia Basada en Género de Inmujeres, Karina Ruiz, según recoge el sitio web de Presidencia. Para acceder al servicio, las mujeres deben cumplir los requisitos de ser mayores de edad, estar asistiendo a algún tipo de servicio especializado en violencia de género por seis meses, tener un ingreso de entre diez y 16 unidades reajustables (de 9.050 a 14.490 pesos) y, por supuesto, convivir con el agresor.
En los próximos días, aseguró Ruiz, se firmará un nuevo acuerdo entre Inmujeres y el MVOTMA para crear una “casa de medio camino”. La idea es ofrecer alojamiento transitorio para mujeres que corrieron riesgo de vida por situaciones de violencia de género, complementado con orientación terapéutica y jurídica que apunte a resolver temas como la tenencia de los hijos, el divorcio o la pensión alimenticia. La residencia dará alojamiento mientras se tramita una alternativa más a largo plazo.
Esa segunda propuesta del Mides es que la casa de medio camino ofrezca “más autonomía” que la casa de breve estadía que funciona desde 2012 -gestionada por una organización no gubernamental y que cuenta con un equipo de psicólogos, asistentes sociales, abogados y educadores- y que aloja a mujeres por plazos no mayores a 30 días. En 2015, según informó el gobierno, el programa atendió a un total de 217 personas: 76 mujeres, 92 niños de hasta 11 años y 49 adolescentes de entre 12 y 17 años.
Para comparar: en 2010 participaron 134 personas; en 2011, 101; en 2012, 155; en 2013, 162; y en 2014, 171. El plan de Inmujeres no es que la nueva casa sustituya a la anterior, sino que un equipo técnico decida cuál de las dos será el destino de cada consultante. En 2015, según datos de Inmujeres, ingresaron a la casa de breve estadía un total de 157 personas: 58 mujeres y 99 niños, niñas y adolescentes, lo que suma entre 12 y 15 mujeres por mes y una cantidad equivalente de niños. En 2012, el número general fue de 135 personas, en 2013, de 85, y en 2014, 113.
Ellas vendrán
Inmujeres también presentó datos, el viernes, sobre trata con fines de explotación sexual, que la Guía Mercosur de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual elaborada en 2012 define como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
Las mujeres de este grupo también tienen derecho a acceder a los hogares de breve estadía. Entre enero y abril, Inmujeres atendió 126 casos con un servicio de técnicos que incluye abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas. 70 de esas mujeres habían consultado también en 2015, y 56 llegaron este año por primera vez. El año pasado se atendieron 99 casos nuevos, pero el total (incluyendo mujeres que ya habían denunciado) es de 200, la mayoría de ellas extranjeras.