A pesar de la importancia que se le ha otorgado en la última década al Instituto Nacional de Colonización (INC), queda camino por recorrer. Ayer, en la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur, la experta Aurélie Brès disertó sobre las Directrices Voluntarias de la Gobernanza de la Tierra, una guía de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) para la tenencia responsable de la tierra, y la diaria habló con la presidenta del INC, Jacqueline Gómez, sobre la aplicación de estas en la política local.

Desde el Instituto fundado en 1948, se entiende a las directrices voluntarias como “una herramienta que nos permite ordenar un conjunto de buenas prácticas vinculadas con el acceso a la tierra; no sólo vinculadas con el uso y la planificación del territorio, sino también a los procesos de inclusión y de acceso a los derechos del conjunto de la sociedad, tanto de varones como de mujeres, con equidad”, dijo Gómez.

Las directrices voluntarias se empezaron a aplicar en 2012, después de tres años de discusión entre casi 200 países, aunque en Uruguay el proceso se inició antes, en 2005, con “el fortalecimiento y la revitalización” del INC, agregó.

Desde entonces, también se ha generado en distintas oportunidades políticas destinadas a la descentralización y participación ciudadana. La presidenta destacó la Ley de Descentralización de 2007, que creó las mesas de desarrollo rural que impulsa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y las interinstitucionales del Ministerio de Desarrollo Social, ambas “vinculadas al espíritu de las directrices, porque es donde discutimos entre las organizaciones públicas y organizaciones sociales”, explicó.

En cuanto a los instrumentos, destacó la creación de la Dirección de Desarrollo Rural del MGAP en 2005 y del registro de productores familiares “para enfocar la política pública hacia las necesidades reales”. “Antes el MGAP era más urbano, enfocado al control sanitario, hoy está en contacto con la vida y la población rural”, afirmó. Otras herramientas que favorecen este enfoque de gobernanza son el Fondo de Desarrollo Rural y el fideicomiso para el INC.

Un eje “sumamente relevante” en este proceso, para Gómez, fue la ley de ocho horas para los asalariados rurales, y en ese camino se presentan los desafíos por delante. “Todavía sigue faltando el cumplimiento total de los derechos en el medio rural, pero en todo sentido; no sólo cumplir con la ley, sino la reglamentación de la violencia doméstica, el derecho a la vivienda”.

Para Gómez sigue siendo necesario profundizar en el acceso a la tierra, “enfocado en el mantenimiento de la producción familiar y en los territorios de la producción familiar: escuelas, servicios de salud, espacios de estudios de secundaria, asistencia técnica, proyectos de inversión y de fortalecimiento de las organizaciones. También de las mujeres, para que sean cotitulares en el acceso”.

“Todavía tenemos un trecho para avanzar. Lo importante es no detenerse”, concluyó.