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Nacional | Lunes 11 • Julio • 2016

Laura Remensaro (i) en la entrega de la Rendición de Cuentas, el 16 de junio, en el Palacio Legislativo. • Foto: Federico Gutiérrez

Alquiler irregular

Remersaro fue destituida por prostíbulo que funcionaba en un apartamento suyo.

Laura Remersaro fue directora de la Contaduría General de la Nación desde el 1º de marzo de 2010 hasta el viernes, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, resolvió separarla del cargo. Lo hizo después de ver el informe de Subrayado que difundió que en un apartamento ubicado en la calle Uruguay próximo a Germán Barbato, propiedad de Remersaro, funcionaba un prostíbulo clandestino. El informe muestra imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del edificio y da cuenta de la denuncia que los vecinos hicieron el 27 de junio en el Departamento de Contralor Social de la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo. Plantearon que allí vivía una mujer, su hija de unos 30 años y las hijas de esta, una adolescente de unos años 14 y una niña de dos, e incluso hay imágenes de la adolescente yendo a abrirles la puerta a los clientes. Denunciaron la concurrencia de hombres, que esperaban en los pasillos consumiendo bebidas alcohólicas, y los ruidos molestos generados por la música alta; en el texto daban el nombre de Remersaro y que le habían planteado a fines de 2015 la situación, pero que ella no la había resuelto.

La ex jerarca dice desconocer que allí funcionaba un prostíbulo, según publicó el sábado Montevideo Portal y ayer El Observador. Afirmó que se enteró el 30 de junio, cuando el Departamento de Contralor Social le informó de la situación. “Cuando los vecinos me contactan, en diciembre, la situación no era esa, la situación era por la persona que estaba viviendo con sus dos hijas y su madre, y entendían que entraba y salía mucho del edificio”, expresó a El Observador. Remersaro destacó que tomó cartas en el asunto “inmediatamente”, puesto que siete días después de recibir la comunicación de Jefatura de Policía, el apartamento quedó vacío. Alegó que no conocía a quienes lo habitaban: “Lo tenía una persona de mi amistad, que era quien se encargaba de los gastos del apartamento”, dijo al matutino.

La versión de los vecinos es otra. En diálogo con la diaria, uno de ellos relató que en setiembre de 2015 la comisión administradora del edificio se reunió con Remersaro y se le informó, claramente, que había gente ejerciendo la prostitución (incluso un vecino llamó al periódico El Bocón, que hace diez meses publicó la noticia titulada “Denuncian a la mano derecha de Astori de alquilar su apartamento para un prostíbulo”). Remersaro les respondió que le dieran “el beneficio de la duda” y que averiguaría. El 30 de noviembre otro vecino planteó una denuncia en la Inspección General de la Intendencia de Montevideo (IM). “Como la situación seguía y la propietaria no respondía, se decidió poner cámaras”, para ir constituyendo pruebas, explicó el vecino. El 27 de junio hicieron una segunda denuncia en la IM y radicaron la ya mencionada en la Jefatura. La Policía concurrió el 28 de junio; Subrayado difundió el registro de las cámaras de seguridad de ese día, donde los funcionarios ingresan por la puerta principal y varias mujeres se escapan por la puerta de servicio, con las niñas. Pero el prostíbulo volvió a funcionar esa misma noche. El 30 los vecinos hicieron una denuncia en la Seccional 3ª y otra, por ruidos molestos, en la IM. “Llegaron juntos”, informó el vecino.

Cristian Di Candia, prosecretario general de la IM, explicó a la diaria que hicieron dos visitas sorpresivas pero que la primera vez no pudieron entrar -aclaró que no tienen el poder del Ministerio del Interior (MI)- y que concurrieron a comienzos de la semana pasada tras la denuncia por ruidos molestos, ocasión en la que coincidieron con el MI. La IM elevó un pedido de informes por oficio al MI, pero “los hechos sucedieron más rápido”, declaró Di Candia, que indicó que el prostíbulo “era absolutamente clandestino”.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) se enteró del hecho por la prensa. Marisa Lindner, presidenta del organismo, dijo a la diaria que hasta ayer al mediodía no habían recibido comunicación del Poder Judicial y que intentarán comunicarse hoy “para llegar a la situación de los niños”. Desde el viernes a las 18.00 el apartamento está vacío, y el INAU no tiene datos de la familia. Lindner dijo que es necesario trabajar para “reparar los daños que se podrían haber generado”. Agregó que por lo que ha sido difundido “esos niños no están siendo cuidados, no están siendo tenidos en cuenta por los adultos referentes”. “Eso deja marcas de vulnerabilidad que luego se repiten y se reproducen cuando se es adulto; es difícil luego exigirle a alguien que pueda cuidar a otros cuando no fue cuidado”, afirmó.

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