Decir que la situación edilicia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) es “caótica” es “quedarse corto”, dijo ayer Eduardo Katz, director del organismo, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. A edificaciones como la Colonia Berro, que “tienen más de un siglo” y no están en condiciones ni cumplen con los estándares mínimos para desarrollar medidas socioeducativas, se suman otras que han sido refaccionadas durante el gobierno anterior de una forma pésima, a tal punto que la inversión deberá volver a realizarse.

“Invitamos a los señores diputados a que las recorran, si es que ya no lo han hecho, y si lo hicieron, verán que están peor porque se van estropeando”, ilustró Katz. En la comisión, el diputado nacionalista Jorge Gandini recordó que durante el período de gobierno anterior se aprobaron partidas excepcionales para superar la situación de hacinamiento de esta institución -por entonces llamada Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa)-, para lo que se utilizaron los fondos para emergencias previstos en el Presupuesto nacional, por un monto cercano a 20 millones de dólares y “sin recurrir, ni siquiera, al mecanismo del TOCAF [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera] y la licitación”. “Y hoy se nos dice que son de tan mala calidad en su concepción, en su diseño y en su construcción que se violan los derechos humanos y hay que gastar otros 20 millones de dólares para hacer de vuelta lo que ya se hizo”, denunció.

Katz corroboró lo dicho por el nacionalista: “Nos vemos en la obligación de, historia mediante, decir que necesitamos los montos que fueron adjudicados para hacer las obras que requerimos”. Minutos antes, había relatado que cuando hizo su primera recorrida, a poco de asumir el cargo, tanto por el ex Batallón de Caballería Nº 9 como por los hogares Cufré y La Tablada, se encontró con construcciones que “no sólo no cumplen con los requisitos mínimos indispensables para un centro de máxima o de mediana seguridad desde el punto de vista edilicio y programático, sino que ni siquiera sirven para una casa habitación”. El jerarca especificó que “el metal, que nosotros podíamos arrancar de las paredes, se doblaba, lo que indica que es hierro dulce”, mientras que las paredes “se pueden romper fácilmente y, de hecho, lo hicimos para corroborarlo”.

“No participamos en la gestión anterior, fue algo que heredamos”, declaró Katz. A raíz de la situación, el INISA, en aquel entonces Sirpa, le sugirió al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que se hiciera una auditoría. El jerarca informó que se hicieron dos -una del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otra interna del INAU-, cuyos resultados se desconocen.

Como era de esperarse, los problemas edilicios tuvieron consecuencias concretas en las condiciones de reclusión de los jóvenes. “En uno de los centros se rompió el sistema de agua caliente, que funciona a gas. Hicimos un llamado y tomamos las medidas de adquisición, que son de orden, para hacer la reparación o el recambio del sistema. Ese procedimiento se vio demorado porque las tres empresas constructoras, Calpusa, Possamai y otra [no recuerda su nombre], estaban en litigio judicial con el INAU. Entonces, no se pudo tocar nada, y para poder hacer algo hubo que realizar una serie de procedimientos”, como enviar a un escribano para constatar la situación, relató Katz. Esto “generó que durante 20 días estos chicos que están en conflicto con la ley tuvieran que bañarse con agua fría, en pleno invierno”.

Luego, el jerarca informó que el actual directorio del INAU le planteó verbalmente al INISA que se transfiriera a esta última institución “toda la problemática relativa” a juicios y litigios, “porque ellos entienden que estas obras fueron hechas en su momento para utilización del Sirpa, que se convirtió en INISA”. Sin embargo, Katz dijo que no tiene “la misma visión”: “Eso se hizo en el marco del Sirpa, que era una dependencia del INAU”.

Durante el gobierno anterior, al INAU se le dieron créditos presupuestales de 450 millones de pesos para estas obras. De ese dinero, dijo Katz, el INISA todavía posee 119 millones de pesos, más otros 200 millones de los asignados para este año. “Este dinero lo vamos a necesitar para poder reparar las estructuras. Además, hay temas de juicios y un montón de cuestiones que van a generar gastos”, señaló.

Los dichos de Katz no pasaron inadvertidos en la comisión. Si bien en el FA la mayoría de los diputados no hicieron comentarios, el diputado Gonzalo Mujica dijo que se trata de una situación “escandalosa en cuanto al manejo de los recursos públicos”. Gandini tampoco se guardó comentarios: “Son fondos públicos; esa situación no puede quedar así nomás, absolutamente impune. Responsables hay; seguramente los haya del sector privado, porque no se cumplió con los pliegos de la licitación, pero también del sector público hay que hacerse cargo. Esto no termina así nomás. Si el propio Estado no hace la denuncia penal, la haremos nosotros mediante una comisión investigadora en el Parlamento, o denunciaremos directamente”.