El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el director de la Unidad de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Michael Borchardt, fueron los encargados de transmitir la postura del Poder Ejecutivo sobre las propuestas presentadas por los sectores del Frente Amplio (FA) para aumentar impuestos y contar así con más recursos, que evitarían disminuir el gasto educativo. Ambos jerarcas se reunieron ayer con diputados y senadores del FA y les transmitieron que “no hay condiciones” para aumentar impuestos y que, como opción para no recortar todo el gasto educativo, la bancada puede acordar la reasignación de unos 500 millones de pesos.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas propone abatir el gasto previsto en la Ley de Presupuesto para 2017 para, entre otros organismos, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP, 793 millones de pesos), la Universidad de la República (Udelar, 649 millones), la Universidad Tecnológica (100 millones) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (69 millones), unos 1.600 millones de pesos. Legisladores del Movimiento de Participación Popular, el Partido Socialista, Compromiso Frenteamplista, Ir, el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo -todos los sectores del FA representados en el Parlamento, menos el Frente Liber Seregni- propusieron, para no afectar las metas de reducción del déficit fiscal, subir las tasas del Impuesto al Patrimonio y quitar las exoneraciones de IVA a los juegos de azar de la actividad privada, y no recortar el presupuesto previsto para la educación. Después de que Roballo informó sobre el punto de vista del presidente Tabaré Vázquez, algunos legisladores preguntaron cuáles eran los argumentos, pero no hubo mayor discusión.

Tras ese encuentro, los legisladores acordaron no hacer declaraciones públicas y comenzaron las reuniones para analizar qué postura tomar ante la votación de la Rendición de Cuentas, que se prevé que comenzará el jueves de mañana en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados. Si bien ninguno quiso adelantar su posición, varios mencionaron que, en este escenario, peligra la aprobación del proyecto tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo. Como el presupuesto ya está votado, si la Rendición de Cuentas -en particular, el artículo 6, que determina los abatimientos- no alcanza los 50 votos, no serían modificados los recursos ya asignados. Entre hoy y mañana los diputados volverán a reunirse varias veces para acordar una posición.

La Intergremial Universitaria y el PIT-CNT se manifestaron en contra del recorte anunciado en la Rendición de Cuentas, y está prevista una movilización de los gremios universitarios el 9 de agosto. La Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar prepara un paro de 24 horas para el miércoles, mientras que la Asociación de Docentes de la Udelar evalúa la posibilidad de resolver la huelga por tiempo indeterminado si el proyecto obtiene media sanción de la cámara baja. Además de los gastos, varios diputados quieren modificar algunos artículos que no implican costos, como el 72, que habilita la enajenación de dos predios en el dique Mauá para licitarlos en el marco de la construcción de una terminal fluvio-marítima. Por este punto se reunirá mañana con los diputados el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.