En Chile se llevaron adelante protestas masivas contra el sistema de pensiones, manejado exclusivamente por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, a las que acusan de pagar jubilaciones menores al salario mínimo. En respuesta, el gobierno de Michelle Bachelet destacó que no cuenta con recursos para mejorar las jubilaciones más bajas, pero evalúa crear una administradora pública de pensiones.
Las AFP fueron creadas en noviembre de 1980 durante la dictadura militar, como parte de la reforma del sistema previsional, que pasó a ser de capitalización individual, en lugar del sistema de reparto a cargo de las cajas previsionales. A diferencia del sistema uruguayo, desde el 31 de diciembre de 1982, el sistema de capitalización individual es el único vigente para todos los trabajadores nuevos (no existe un sistema de reparto funcionando en paralelo), al que se incorporan de manera obligatoria todos los trabajadores dependientes. Desde ese momento, cada trabajador es propietario de una cuenta individual única de ahorro para su vejez, en la que se depositan sus cotizaciones, equivalentes a 10% de sus ingresos brutos. Las AFP, todas privadas, reciben los ahorros acumulados por cada trabajador en su cuenta.
El principal reclamo de los manifestantes es retornar al anterior sistema de reparto, manejado por el Estado, en el que los aportes de los trabajadores se acumulaban en un fondo común para su retiro. “Demandamos una cuestión elemental, un sistema de reparto solidario en el que los trabajadores activos financian a los trabajadores pasivos, como ocurre en muchos lugares del mundo. Es un sistema que ha demostrado ser exitoso”, expresaba Luis Mesina, vocero del colectivo No+AFP.
El ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés, dijo que el gobierno “no tiene fondos para hacer un aporte sustancial al sistema”, y pidió evitar creer en “soluciones mágicas”. Insistió en la necesidad “tomar todos los resguardos” y no “dar pasos en falso”, sobre todo considerando el débil crecimiento de la economía chilena, afectada por la caída del precio internacional del cobre y un déficit fiscal situado en torno a 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Valdés recordó que el gobierno tiene un comité de ministros que trabaja desde hace meses en el tema de las pensiones, pero advirtió que se trata de una materia compleja, en la que se requieren propuestas serias. Dicho comité impulsa como principal novedad la creación de una AFP estatal, además de “trabajar en una hoja de ruta que ponga sobre la mesa los números y posibilidades de otras reformas que nos hagan ver el camino más hacia adelante”.
“Una cosa es tener un diagnóstico de las cosas que a uno no le gusta cómo están; otra muy distinta, en una democracia, es ponerse de acuerdo sobre la solución para esos temas”, señaló el ministro, que reclamó “profundidad, calma y tranquilidad” para abordar un “problema complejo”. Valdés también dijo que es un tema que preocupa en todos los países, porque la economía global tiene tasas de interés bajas, mercados laborales en los que no todos contribuyen a la seguridad social, y las cuentas fiscales son muy estrechas.
No es al tiro
El tema ocupa un lugar cada vez más destacado en la agenda política. Quizá por eso la presidenta intervino, y aseveró que el país tiene el desafío de asegurar que las pensiones sean justas y reconozcan la dignidad y el esfuerzo laboral de las personas. Pero aclaró que “no es una tarea corta, es una tarea larga y que va a demandar una discusión profunda y el apoyo de todos los actores de la sociedad”. La primera mandataria socialista remarcó la intención de crear una AFP estatal, con el objetivo de generar más competencia a las seis compañías privadas, que manejan más de 160.000 millones de dólares en activos.
Los opositores al sistema destacan que las pensiones entregadas por las AFP alcanzan en promedio la tercera parte de los salarios de los cotizantes y que, en muchos casos, terminan por ser pagos menores al sueldo mínimo. Según la Fundación SOL, un centro de investigación sobre temas laborales, sindicalismo y educación, 91,5% de los jubilados mediante el sistema de AFP recibe mensualmente unos 231 dólares.
En Chile, el único sistema al que tienen opción de afiliarse los trabajadores es el de AFP. Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía continúan en el régimen estatal, y sus beneficios jubilatorios se estiman muy superiores a los del resto de los ciudadanos.
El colectivo No+AFP demanda un sistema de pensiones administrado por el Estado, con financiamiento de los empleadores, los trabajadores y el fisco.
Los representantes de las AFP aseguran que una propuesta como esa es “populista” y significaría un retroceso. Aseguran que el sistema actual es “perfectible”, que los cotizantes deberían aportar una mayor cantidad de su sueldo y que la edad de jubilación debería aumentar, dadas las mayores expectativas de vida en el país.
Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de la Asociación de AFP y ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera, se refirió a las marchas del domingo en contra del sistema jubilatorio y destacó que “empatiza” con las demandas ciudadanas por mejores pensiones, pero manifestó que “los cambios que se necesitan tienen que hacerse en forma responsable”. Las bajas jubilaciones que pagan las AFP contrastan con la danza de millones que reciben los miembros de sus directorios y sus ejecutivos, que en muchos casos son nombres vinculados con la política y la tecnocracia. Este hecho, junto a algunas infelices declaraciones de sus representantes -Pérez Mackenna había dicho que debía aumentarse la edad de jubilación de las mujeres, porque el retiro a los 60 años era “un acto de galantería” que estaba costando caro-, generan rechazos que van más allá de lo bueno o malo del sistema en sí mismo. La opinión generó una ola de críticas y terminó con el ex ministro de Vivienda de Sebastián Piñera pidiendo disculpas públicas, en medio de un escenario de fuerte rechazo al sistema de pensiones.
Si hay algo que quedó claro con la manifestación del domingo es que el descontento con las AFP puede ser capitalizado desde el punto de vista político. El ex presidente Ricardo Lagos, que ha sugerido que podría aspirar otra vez a la presidencia en 2017, se refirió a la manifestación destacando que es una “expresión de descontento” que marca un punto de inflexión. Consultado por la prensa, Lagos destacó que “esa marcha debe considerarse con seriedad” y agregó que “no es fácil cambiar el sistema de capitalización y volver a un sistema de reparto, pero hay un conjunto de medidas que se pueden adoptar para evitar este tipo de situaciones”.
Mixto es mejor
En octubre de 2015, un grupo de 24 expertos, liderado por el economista David Bravo, estudió el funcionamiento del sistema previsional y descartó recomendar al gobierno uno basado únicamente en el pilar solidario o de reparto. Dicha comisión entregó 57 propuestas específicas sobre el sistema de pensiones, entre las que se encuentran: subir la edad de jubilación a 67 años e igualarla para hombres y mujeres; aumentar la cotización obligatoria de quienes tienen mejores ingresos y que no participan en el ahorro previsional voluntario; disponer un aumento gradual en las tasas de cotización con cargo al empleador y crear un Fondo de Seguridad Social con el excedente de cotización de 4% para mejorar las pensiones. Sin embargo, Bravo se quejaba el lunes, en una entrevista, de no haber recibido respuestas después de diez meses de haberle entregado las recomendaciones al comité de ministros. El experto enfatizó en que “el sistema de reparto no debería ser la mejor opción para Chile”, pese a la masiva petición de las personas. En su lugar, sostuvo que el panorama ideal es un sistema tripartito, por el que cada mes aporten los trabajadores, el Estado y los empleadores.
