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Nacional | Martes 26 • Julio • 2016

Desde afuera también se ve

Naciones Unidas recomienda modificar los términos “patriarcales” del Código Penal y que Inmujeres sea ministerio.

El Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) analizó la situación de la mujer en Uruguay el 14 de julio, y ayer publicó las conclusiones finales. Repasamos algunas de ellas. Mujeres afrodescendientes

El organismo afirma que, a pesar de las acciones que el gobierno ha implementado en los últimos años para promover la igualdad y el respeto racial, persiste la discriminación hacia la mujer afrouruguaya: denuncia un “desproporcionado nivel de exclusión educativa, embarazos tempranos, salarios más bajos y desventajas en la inserción laboral”, así como “niveles bajos en la participación pública y política”.

El CEDAW recomienda, por otra parte, tomar medidas antidiscriminatorias, como las establecidas en la Ley Nº 19.122, Afrodescendientes. Normas para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral: “Fortalecer las campañas sobre racismo”, “establecer temporalmente medidas especiales para aumentar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, y la participación política”.

Acceso a la Justicia y reparación a las víctimas

La CEDAW expresa su “preocupación” por la persistencia de “barreras estructurales” del sistema judicial que impiden que las mujeres accedan a la Justicia y obtengan compensaciones de carácter reparatorio. Señalan como principales obstáculos “el largo y complejo procedimiento legal” de los Juzgados de Familia y la duplicación de los procesos entre las diferentes jurisdicciones. A su vez, identifican una “limitada disponibilidad y acceso” a los juzgados, a la asistencia legal e información respecto de la reparación de las víctimas en las zonas rurales y fronterizas, y la “ausencia” de un mecanismo específico de denuncia de casos de discriminación de género. También aseguran que hay “prejuicios” que dan lugar a la “falta de protección” de las mujeres que presentan su caso ante los tribunales. Otro de los puntos es la “limitada experiencia y especialización” de fiscales y Policía en relación con los derechos de la mujer, además de la falta de recursos económicos dirigidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y al Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

Mecanismos nacionales para el desarrollo de la mujer

En este sentido, la CEDAW considera “preocupante” la falta de autonomía del Instituto Nacional de la Mujer (Inmujeres), cuestión que ya había sido señalada en noviembre de 2008. Además, asegura que la superposición de los diferentes consejos y comisiones de género de los ministerios y entidades públicas descentralizadas “impide una transversalidad coherente de género en las políticas y presupuesto” en todos los niveles de la administración.

Entre otras cosas, recomiendan que Inmujeres se convierta en ministerio y se encargue de coordinar “todas las políticas públicas y estrategias para la igualdad de género”, y asegurar “la participación activa en las políticas de desarrollo de las organizaciones civiles de mujeres, incluyendo academias, institutos de investigación, organizaciones afrouruguayas y organizaciones de mujeres con discapacidad”.

Estereotipos y prácticas discriminatorias

El CEDAW también está preocupado por la “persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos discriminatorios” respecto a los roles y responsabilidades de las mujeres y hombres en la familia y la sociedad, que perpetúan la violencia y discriminación hacia la mujer en áreas como la educación, el empleo y la salud. En la lista de preocupaciones está el uso generalizado de estereotipos de género de los medios, a pesar del Código de Ética adoptado por Televisión Nacional de Uruguay para supervisar prácticas discriminatorias. Recomiendan proporcionar capacitación a los trabajadores de los medios públicos y privados sobre la igualdad de género, con el fin de evitar los estereotipos y la discriminación.

Violencia contra la mujer basada en género

“La alta prevalencia de la violencia doméstica contra la mujer, incluida la psicológica, física y sexual, el aumento del feminicidio y la falta de legislación que reconozca ciertas formas de violencia hacia la mujer, como el feminicidio y las violaciones dentro del matrimonio”, son parte de los señalamientos de la CEDAW.

A su vez, se identifican términos discriminatorios en el Código Penal, incluyendo los conceptos patriarcales de “comportamiento honesto”, “virtud” y “escándalo público”, que “impiden el procesamiento de determinadas formas de violencia sexual contra la mujer”. Recomiendan reformar el Código Penal, reconocer el feminicidio y la violación dentro del matrimonio como delito, y adoptar una ley que “criminalice todas las formas de violencia contra la mujer”.

También señalaron en el informe que consideran preocupante el “bajo número de procesamientos y sentencias de casos de violencia contra la mujer, incluyendo los casos de feminicidio y de mujeres trans”, y la “demora” de los procesamientos de violencia basada en género. Consideran preocupante, también, la falta de información sobre casos denunciados de violencia contra la mujer sin ser doméstica.

En ese sentido señalan que “la remisión de los casos de violencia contra las mujeres a los procedimientos de mediación son contrarios a la prohibición general de mediación [...] ratificada por la Suprema Corte de Justicia, y denuncian el acceso limitado a la información sobre los servicios de apoyo a mujeres víctimas de violencia, como los tratamientos médicos, psicológicos, asesoramiento, asistencia legal, apoyo económico y refugios para mujeres en todo el territorio”. En este punto señalan como imprescindible tener especial consideración para con “las mujeres en situaciones desventajosas, particularmente las afro, y mujeres con discapacidad”.

Violencia basada en género contra mujeres durante la dictadura

“La ausencia de mecanismos específicos en el sistema judicial para proveer reparaciones y compensaciones a las mujeres que sufrieron violencia sexual y otras violaciones a los derechos humanos [y] la ausencia de procedimientos dirigidos a establecer la verdad sobre [estas]” también son identificadas por la CEDAW. Sugiere que el gobierno adopte “una estrategia de persecución y un castigo adecuado a los perpetradores de las violaciones” y “medidas para proporcionar una pronta reparación [a las víctimas], incluida la indemnización”.

Salud

La CEDAW sostiene que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva aún es limitado en las áreas rurales. Respecto del acceso de la Ley Nº 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, afirma que “el uso generalizado de la objeción de conciencia [para realizar un aborto] en los médicos [limita] el acceso de las mujeres a un aborto seguro”. Recomienda tomar medidas para asegurar el acceso al aborto y a los servicios posaborto, y pedir a los médicos “justificaciones más estrictas” del amparo en el derecho a la objeción. También señala que preocupa “la alta cifra de embarazos adolescentes, en particular entre las afrouruguayas y aquellas que viven en áreas rurales y zonas pobres”.

Mujeres presas

La institución asegura que las condiciones de reclusión de las mujeres con hijos son “inadecuadas” y que es “preocupante” el proceso de traslado de la cárcel El Molino, Unidad Nº 9, a la Unidad Nº 5, ya que, afirma, aumenta las condiciones de vulnerabilidad; sugiere “realizar los arreglos apropiados” para la reclusión de las madres con hijos, pero también apostar a la aplicación de penas alternativas a la prisión, “considerando el mejor interés para el niño”. La CEDAW también recomienda al gobierno rever la situación de las mujeres presas en “instalaciones diseñadas para los hombres, donde la mayoría de los funcionarios penitenciarios también son hombres”.

Matrimonio y relaciones familiares

La CEDAW aconseja prohibir el matrimonio de menores de 18 años, salvo excepciones definidas “estrictamente” con autorización del juez y padres de ambos. Por otro lado, indican que el “escaso conocimiento de los derechos en casos de divorcio, especialmente del reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado en la distribución de la propiedad matrimonial, y las diferentes implicancias del matrimonio versus el concubinato”, son cuestiones que el gobierno debería modificar.

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