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Nacional | Jueves 07 • Julio • 2016

Rotisería en Parque Rodó, ayer. Foto: Pablo Vignali

El almuerzo desnudo

Diputados analiza proyecto de ley que prohíbe que grandes comercios tiren comida en buen estado.

Como cuando cae la noche y las panaderías regalan bizcochos a la gente que va a pedir, pero elevado a la escala de shoppings y supermercados: algo así propone el diputado Adrián Peña en una iniciativa para que la comida que se desperdicia en Uruguay -30%- sea aprovechada. Hay al menos dos experiencias a seguir: un banco de alimentos que recoge donaciones de multinacionales, y un trabajo de tres estudiantes que recuperaron toneladas de frutas y verduras del Mercado Modelo. Y también hay bocas que alimentar.

Las madres uruguayas que quieren generar culpa en sus hijos para que coman no tienen que estirar su imaginación hasta África: acá nomás hay hambre. En idioma estadístico, el término es inseguridad alimentaria severa y, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 7,1% de los habitantes de Montevideo y su área metropolitana la padecen. También existe la inseguridad alimentaria leve (acceso a poca variedad de alimentos, o poco saludables, y temor de no poder acceder a cantidad suficiente en un futuro cercano), que aparece en 24,7%, y la moderada (no acceso a alimentos en cantidad y calidad adecuados), que alcanza a 7,3%.

La mitad de los alimentos que produce este planeta se desperdicia, dice la Organización Mundial de la Salud. De un estimado de 1.600 millones de toneladas que se tiran, se calcula que 1.300 millones son comestibles. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que todo eso alcanzaría para alimentar a 2.000 millones de personas.

¿Y por casa? No hay cifras exactas, pero se calcula que los países con matrices productivas como las nuestras tiran 30% de los alimentos, dijo a la diaria el diputado colorado Adrián Peña, que desarrolló interés en el tema a partir de dos inquietudes que le llegaron: “Unos muchachos de la juventud de Vamos Uruguay que trabajan en un shopping me contaron que fueron a tirar unas cajas y se encontraron con gente de la plaza de comidas tirando muchos alimentos que estaban bien. Después, en una visita a Lagomar, una señora nos contó que en un supermercado tiraban la comida y le ponían arena para que nadie hurgara en los contenedores, con la idea de sacar a los hurgadores del entorno del shopping”. Inspirado en otros países que tienen normativa al respecto, como Francia, presentó un proyecto de ley que en mayo se empezó a tratar en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados.

Buen provecho

Uno de los primeros movimientos de Peña, antes del trámite parlamentario, fue presentar el proyecto ante la Mesa Ejecutiva del PIT-CNT. “El control social es algo importante. Si los trabajadores que integran los sindicatos de las grandes superficies están al tanto de la comida que se tira, va a ayudar a que la ley tenga eficacia”, explica. El jueves 30 de junio, representantes de la central visitaron la comisión para verter opiniones y comentarios. “Desde el punto de vista moral, lo que se tira por día es escandaloso”, opinó Gabriel Melgarejo, secretario ejecutivo.

El texto prohíbe a los grandes elaboradores de alimentos, los distribuidores y las grandes tiendas (de más de 200 metros cuadrados) destruir o tirar productos que estén en condiciones de consumirse; en su lugar, deberán donarlos a ONG que ofrezcan comidas gratis a personas en situación de pobreza o indigencia. Las organizaciones se encargarían de recoger, almacenar y distribuir los alimentos.

La Organización de Voluntarios del Banco de Alimentos (OBVA) es un ejemplo. Existe desde 2012, cuando a Santiago Abdala, un ciudadano con ideas, se le ocurrió contactar a algunas marcas por medio de gente conocida. Unilever, Mondelez y Nestlé fueron los primeros en acercarse. En su primer año recuperaron 4.000 kilos de comida, que luego repartían entre 34 beneficiarios. En 2014 el grupo fue reconocido como fundación por el Ministerio de Economía y Finanzas, y pudo crecer. Alquilaron un depósito, y hoy llevan alimentos a 130 comedores, escuelas y liceos de barrios como el Cerro, La Teja y Casavalle, además de a la cárcel de Punta de Rieles y algunos otros puntos de Paysandú, Colonia, Florida y Cerro Largo. El año pasado reunieron 100 toneladas y para este año esperan un número similar, cuenta a la diaria Dolores Battro, vicepresidenta del banco.

¿Por qué donan comida las empresas? Hay varios motivos. El primero es monetario: para destruir alimentos hay que enviarlos a usinas que los trituran y que, claro, cobran. Battro asegura que al regalarla se ahorran gastos. Pero detrás de las grandes superficies hay personas, y la vicepresidenta de la OBVA percibe también un impulso ético: “A las empresas les hace ruido destruir alimentos, como a cualquiera”.

La comida puede sobrar porque el packaging cambió, porque el envase está alterado sin que eso afecte al alimento (por ejemplo, una caja rota con una bolsa intacta adentro, o una lata abollada), porque se acerca la fecha de vencimiento, porque hay que hacer espacio en los depósitos. También es frecuente que los supermercados hagan acuerdos de compra por precios bajos pero sin devolución de los sobrantes.

Al banco llegan, sobre todo, alimentos no perecederos, como galletas, caldos, mayonesa, papas chip, alfajores, postres en polvo, salsa de tomate. Este año, el banco consiguió huevos de pascua para enviar a Dolores, afectada por el tornado: “Imaginate el bajón anímico que tenían los niños; comer un chocolate es un mimo al corazón”.

Los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) Fraternidad y Creando Lazos son dos de las organizaciones que trabajan con el banco. El primero, que queda en Colonia Nicolich, atiende a hijos de empleadas domésticas, obreros, empleados del aeropuerto; el segundo, ubicado en Villa Tato, en Camino de los Horneros y ruta Interbalnearia, apunta a poblaciones más marginadas: “Hay muchas madres solas, de 17 años y con dos hijos”, dice Silvia Bianco, presidenta de las dos ONG que gestionan los comedores. Con las partidas del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que hoy son siete pesos por niño, se brinda desayuno, almuerzo y merienda, por lo que el aporte de la OVBA es fundamental para que se puedan llevar algo para sus casas. También es una mano importante para una niña intolerante a la lactosa, que depende de los jugos de soja que llegan desde el banco para poder desayunar y merendar. Si no fuera por eso, el comedor tendría que sacar plata de la partida general. Hay casi 400 centros CAIF en el país, que atienden a más de 50.000 niños y que funcionan a contracorriente de problemas similares.

Otro modelo posible de aprovechamiento es el que diseñaron Marcelo Sus, Marcel Birnfeld y Yamandú Plada, estudiantes de la licenciatura en Desarrollo Social de la Universidad de la República. Su proyecto, llamado Red de Alimentos Compartidos (Redalco), apunta al aprovechamiento de frutas y verduras, y se centró en el Mercado Modelo, donde se mueve 60% de la producción hortifrutícola del país. En marzo, abril y mayo de este año hicieron siete visitas al mercado y recaudaron un promedio de 100 kg de vegetales por día, que fueron a parar a comedores y refugios para mujeres y niños que fueron víctimas de violencia doméstica. Según la presentación que Redalco hizo ante la comisión de Diputados que estudia el proyecto de ley, por día se desperdician 2,4 toneladas de productos comestibles. Eso sólo en el Mercado Modelo, con el trabajo de tres estudiantes. El límite es el campo y todas las frutas y verduras en buen estado que los productores agrícolas y los feriantes de barrio dejan en un costado del plato.

Parten y reparten

Hay también puntos críticos por resolver. Uno de los problemas es el de los alimentos frescos: la vicepresidenta de la OVBA aclaró que es un terreno en el que no pudieron entrar, porque no tienen camiones refrigerados para transportarlos sin romper la cadena de frío, y un problema similar aparece en los depósitos.

La Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) también detectó algunos problemas: les preocupa que, una vez entregado el alimento, se les haga responsables de “condiciones que dependen del manejo que las ONG hagan después”. Entre 1,5% y 2% de la mercadería se desecha, dijo en el Parlamento Guillermo Rey, vicepresidente de la ASU.

Uno tema que aún no está muy definido es la logística: para Dolores Battro, debería estar a cargo de los supermercados, ya que las ONG no tienen los medios, y los comedores, menos. Que hubiera más comida disponible implicaría más movimiento a cargo de las organizaciones y, por ende, mucho más personal y muchos más gastos. Los integrantes del banco de alimentos desconfían también de que donar sea obligatorio, porque podría generar una dinámica que convierta a las ONG “en tachos de basura” para empresas que quieren evitar multas.

También hay dudas sobre el artículo 6º del proyecto de ley, que otorga al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) el control de las rutas de los alimentos y la aplicación de sanciones. A partir de varios comentarios, la redacción se va a afinar para agregar al Ministerio de Salud Pública y las intendencias en el rol del control de calidad. Para Gerardo Lorbeer, director del INDA (que pasó a depender del Mides en enero de este año), el proyecto es “interesante” y está bajo el análisis del ministerio: “No estamos pensando en recurrir a cosas que ya hacemos de otra manera si no hay totales garantías. Hay que ver cómo se determina si la comida es apta para consumo humano y quién lo determina”.

Según la vicepresidenta de la OVBA, este año los comedores están pidiendo más comida que los anteriores. “Hay gente que camina 20 cuadras para buscar un plato caliente”, cuenta. La discusión también avanza: la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, visitará hoy la comisión. El proyecto de ley tiene amplio respaldo de todos los partidos y de los sectores involucrados; todo indica que se aprobará y se convertirá en una nueva herramienta para que haya menos distancia entre el hambre y las chances de comer.

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