El “Estudio de trayectorias de vida de adolescentes en conflicto con la ley con particular énfasis en la relación delito-trabajo”, presentado el martes y elaborado por el sociólogo Luis Eduardo Morás en junio-julio de 2015, evidencia, después de censar a la población total del ex Sistema de Responsabilidad Adolescente, que el factor “territorio” podría jugar un papel importante en las trayectorias de los adolescentes en conflicto con la ley. Sostiene, con “elocuencia”, que “a pesar de las importantes mejoras experimentadas en diversos indicadores a nivel general en los últimos años, se mantiene como una ya prolongada tendencia que las condiciones de vida de niños y adolescentes resulten significativamente peores respecto de la de los adultos y que esta característica se profundice gravemente en determinados territorios de la capital”. En ese sentido, Morás concluye que la “acumulación de profundas desventajas y vulnerabilidades” en determinados barrios “supone una posible tensión territorial que agudiza las distancias sociales y simbólicas” respecto de los barrios más favorecidos o donde la problemática “no reviste una gravedad tan pronunciada”. En otros términos, “las posibilidades de interacción con otros grupos sociales y la participación en las actividades y proyectos del conjunto de la sociedad se ven fuertemente erosionadas en aquellos territorios que son homogeneamente pobres y no perciben a lo largo del tiempo cambios sustantivos en sus condiciones de vida”. Morás hace suya la afirmación del magíster en demografía social Rafael Rofman, que dice que “desde el plano simbólico, residir en contextos desfavorables y homogéneos bloquea la posibilidad de exposición a referentes y modelos de rol que faciliten la participación en la sociedad y la inserción en sus instituciones”.
Números
El mencionado estudio analiza 283 casos cuyos lugares de residencia declarados pudieron ser ubicados geográficamente: dos de cada tres adolescentes privados de libertad (181 en total) provenían de los municipios A (donde están los barrios Casabó y Cerro, mencionados por Vázquez) y D (que incluye Villa Española). El número refleja un claro contraste con los municipios Ch (Buceo, Pocitos, Punta Carretas, etcétera) y C (Aguada, Reducto, Prado, etcétera), donde en total vivían cinco adolescentes. Se señala que en particular el Municipio D ocupa el primer lugar en la proporción de pobreza infantil de cero a cinco años (47%), en pobreza de 13 a 17 años (35,7%) y en el conjunto de pobres de cero a 17 años (41,2%). También es el primero en la proporción de personas afectadas por el hacinamiento (21,4%) y donde hay mayor porcentaje de adolescentes que no estudian ni trabajan (21,2%); en el resto de los indicadores el Municipio D está en segundo o tercer lugar entre los peores del departamento de Montevideo.