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Internacional | Lunes 11 • Julio • 2016

Familiares de las víctimas de la matanza del 15 de junio de 2012 en Curuguaty, durante una marcha en Asunción del Paraguay. Foto: Norberto Duarte, Afp (archivo, diciembre de 2012)

En falta

Paraguay: condenas de entre 4 y 30 años de prisión por Curuguaty; organizaciones cuestionan la decisión.

El tribunal paraguayo que juzga el caso de la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas, condenó hoy a penas de entre 4 y 30 años de prisión a los once acusados por esta causa.

Los jueces responsabilizaron a Rubén Villalba por el homicidio doloso del comisario Erven Lovera y lo condenaron a 30 años de prisión y 5 años de medidas de seguridad, según consignó la agencia EFE. La investigación fiscal fue dirigida por Jalil Rachid, que en enero fue designado por el presidente Horacio Cartes como viceministro de Seguridad.

Esa investigación no reveló la responsabilidad de nadie –ni policías, ni campesinos– por la muerte de 11 trabajadores rurales que ocupaban esas tierras. Organizaciones de campesinos y militantes defensores de los derechos humanos han acusado a Rachid de haber ocultado evidencia.

Los jueces respaldaron la posición de la Fiscalía, accedieron a los pedidos de condena y sentenciaron a Villalba. Como coautores de ese homicidio fueron condenados Luis Olmedo, a 20 años de prisión, y Arnaldo Quintana y Néstor Castro, a 18 años.

Además, tres mujeres fueron condenadas como cómplices de homicidio a seis años de prisión; una cuarta mujer, de menos de 18 años, está acusada por lo mismo y su juicio comenzará el lunes. La sesión en la que se leyeron las condenas fue suspendida en varios momentos por las protestas de quienes habían asistido a respaldar a los campesinos en el marco del movimiento Absolución Ya.

En junio de 2012, un enfrentamiento entre trabajadores rurales que ocupaban un predio y policías que fueron a desalojarlos causó la muerte de 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en una investigación sobre la muerte de los policías que, según denuncian la defensa de los campesinos y varias organizaciones civiles, estuvo plagada de irregularidades. A raíz de esa investigación, 11 campesinos están acusados de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, y la Fiscalía pide para ellos penas de entre cinco y 40 años de prisión. Nadie es juzgado ni investigado por la muerte de los 11 trabajadores rurales.

La defensa de los campesinos asegura que no hay ninguna prueba que los incrimine y pide que sean absueltos, un reclamo que ha sido replicado por sus familiares y por organizaciones sociales de todo tipo, paraguayas y extranjeras, así como partidos políticos y asociaciones religiosas.

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